El recluso Martín Silveiro Sánchez, de 68 años, denunció haber sido inmovilizado durante 24 horas en el llamado \»potro de tortura\» dentro de la Prisión Provincial de Camagüey, conocida como Kilo 8. El castigo, ordenado por altos funcionarios del penal tras las quejas del interno por las condiciones de reclusión, evidencia una vez más el uso sistemático de tratos crueles y degradantes dentro del sistema carcelario de la isla.
Según el testimonio de Silveiro Sánchez y otros internos, este método de castigo consiste en amarrar al recluso en una cama Fowler fijada al suelo dentro de un reducido cubículo del hospital penitenciario. Durante horas o incluso días, los prisioneros permanecen esposados de pies y manos, completamente estirados y sin posibilidad de satisfacer sus necesidades fisiológicas, lo que los obliga a orinar y defecar sobre sí mismos. Únicamente les liberan una mano para recibir alimentos, una situación que muchos rechazan debido a la humillación y el deterioro físico que implica.
Silveiro Sánchez, campesino natural del batey Tienda Ortigal en el municipio de Florida, cumple una condena de 28 años por asesinato desde mayo de 2017. El recluso, que padece trastornos nerviosos, desnutrición y bajo peso, había solicitado en reiteradas ocasiones su traslado a la prisión Kilo 7, destinada a personas de la tercera edad y con problemas de salud. Como represalia por sus exigencias, el pasado 10 de junio el jefe de Reeducación, mayor Diornis Torné Báez, y el jefe de Orden Interior, primer suboficial Daniel Primelles Cala, ordenaron sacarlo de su destacamento y sujetarlo al potro, donde permaneció inmovilizado hasta el día siguiente.
Al regresar a su celda, el interno presentaba inflamación en manos y pies, así como lesiones en muñecas y tobillos provocadas por las esposas. Al solicitar un certificado médico a la teniente coronel Carmen Rosa, encargada del puesto de salud del penal, esta se negó a documentar las heridas argumentando: \»Aquí no hay ningún certificado\». Esta omisión ilustra la impunidad con la que actúa la dictadura cubana frente a la violencia institucional, ignorando flagrantemente las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), que prohíben la tortura y exigen el respeto a la dignidad humana.
Impunidad y crisis en el sistema penitenciario
El caso de Kilo 8 no es un hecho aislado, sino un reflejo del colapso estructural y la represión que imperan en las prisiones cubanas. La utilización de la tortura física y psicológica como herramienta de control por parte del régimen de La Habana exige un escrutinio urgente por parte de las organizaciones internacionales de derechos humanos. Mientras el Estado continúe negando el acceso a observadores independientes a sus centros de reclusión, la integridad de cientos de reclusos, especialmente los más vulnerables, seguirá en riesgo constante bajo un sistema que opera sin rendición de cuentas ni control democrático.
