Las autoridades de la isla han reactivado el expediente judicial contra la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente, apenas tres meses después de que la Fiscalía ordenara su archivo definitivo. La medida se produce tras la presentación de una querella formal por parte del agente policial que ambas identificaron en un video, en medio de una creciente ola de hostigamiento contra la joven activista.
Según denunció la propia joven a través de sus redes sociales, funcionarios judiciales se presentaron en su domicilio para notificar la reactivación del caso, que había sido archivado el pasado 13 de abril. La reapertura del expediente se origina tras la decisión del policía implicado de acudir a los tribunales, una vía que la propia Fiscalía había dejado abierta al concluir la denuncia inicial, la cual surgía tras la publicación de un material audiovisual donde identificaban al agente que entregó una citación a la madre de la influencer.
Esta maniobra judicial se suma a una reciente escalada represiva contra Bensi. La pasada semana, la dictadura cubana mantuvo a la activista retenida durante 12 horas en una unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), donde fue interrogada y amenazada con prisión. Durante el arresto, los oficiales la obligaron a firmar un acta de advertencia bajo la acusación de incitar al desorden público, una táctica recurrente del aparato de seguridad del Estado para criminalizar el ejercicio del periodismo ciudadano y la libertad de expresión.
Hostigamiento sistemático y criminalización del activismo
El caso de Anna Bensi, de apenas 21 años, ilustra el patrón de acoso institucional que el régimen de La Habana despliega contra las voces disidentes. En los últimos meses, la joven ha enfrentado vigilancia permanente, cortes de telecomunicaciones, regulación migratoria y presiones que le provocaron la pérdida de su empleo. Esta persecución no es un hecho aislado, sino que se inscribe en la crisis estructural de derechos fundamentales que atraviesa la isla, donde el gobierno cubano recurre a la intimidación y al sabotaje laboral para silenciar a quienes documentan la realidad nacional.
A pesar del cerco impuesto por el aparato represivo, la activista ha reiterado su compromiso de continuar utilizando sus plataformas digitales para visibilizar la situación del país. La reapertura de este proceso judicial evidencia la utilización del sistema legal como herramienta de control político, enviando un mensaje de disuasión a la sociedad civil. Ante este escenario, la persistencia del activismo juvenil en Cuba plantea un desafío continuo a la política de silencio del ejecutivo cubano, mientras la comunidad internacional mantiene su escrutinio sobre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en la isla.
