La Unión Eléctrica (UNE) confirmó la desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), sumiendo a toda la isla en un nuevo apagón generalizado. El colapso evidencia el profundo deterioro de la infraestructura del país y la incapacidad del régimen de La Habana para garantizar servicios básicos a la población.
La empresa estatal emitió un escueto comunicado reconociendo la falla general del sistema, aunque omitió precisar las causas exactas del colapso o ofrecer un cronograma realista para el restablecimiento del servicio. Este evento marca el tercer apagón de alcance nacional en un periodo de apenas cuatro meses, replicando las severas crisis registradas previamente en el mes de marzo. La falta de transparencia informativa por parte de las autoridades de la isla contrasta con la magnitud del evento, que paraliza la ya mermada actividad económica y agrava las precarias condiciones de vida de los ciudadanos.
La recurrencia de estas desconexiones masivas es consecuencia directa de décadas de falta de inversión y negligencia administrativa por parte del gobierno cubano. El SEN opera con termoeléctricas que han superado con creces su vida útil de diseño, sostenidas únicamente por reparaciones superficiales que no abordan el colapso estructural subyacente. La ausencia de un mantenimiento preventivo riguroso y la obsolescencia tecnológica han convertido a la red eléctrica nacional en un sistema altamente vulnerable a fallos en cascada.
Una crisis que requiere millones y políticas que el Estado no puede asumir
El ingeniero nuclear Pelayo Calante advirtió recientemente que los colapsos del SEN persistirán mientras no se emprenda una reconstrucción integral de la infraestructura. El especialista calculó que únicamente la rehabilitación de las plantas termoeléctricas exigiría una inversión cercana a los 10.000 millones de dólares, una cifra inalcanzable para la actual economía cubana. Además del capital financiero, Calante subrayó la necesidad de modernizar la red de transmisión y recuperar al personal técnico especializado, cuyo éxodo masivo ha dejado al sector sin el capital humano indispensable para su operación adecuada.
Mientras la dictadura cubana prioriza el control político y la represión social sobre el bienestar ciudadano, la crisis energética se erige como un catalizador del descontento popular y del sostenido éxodo migratorio. La incapacidad para resolver el déficit estructural de generación eléctrica no solo condena a la población a la incertidumbre cotidiana, sino que aisla aún más al país económicamente, augurando un escenario de mayor precariedad social ante la pasividad de una cúpula de poder que carece de respuestas viables para la nación.
