El Gran Maestro de la Gran Logia de Cuba (GLC), Mayker Filema Duarte, anunció la suspensión indefinida de la sesión extraordinaria de la Alta Cámara Masónica, consolidando un auténtico secuestro institucional que prolonga su mandato en la ilegalidad. La decisión, respaldada por la burocracia estatal, ahonda la crisis en una de las organizaciones de la sociedad civil más longevas de la isla y evidencia la intromisión del poder político en los asuntos internos de la masonería.
A través del Decreto No. 2642, al cual tuvo acceso ReporteCubaYa, Filema Duarte justificó la medida alegando la falta de garantías para el desarrollo de la sesión que había sido suspendida previamente el 23 de marzo. En el texto, el Gran Maestro sostiene que prevé «escándalos que trasciendan a la vida pública» y asegura que la integridad física de los miembros y del inmueble de la Gran Logia corren riesgos debido a la supuesta actitud violenta de varios hermanos. Con este argumento, resolvió prolongar la suspensión hasta que se concreten acciones que, a su juicio, permitan un encuentro donde prime el comportamiento exigido por los postulados masónicos.
Horas antes de emitir este decreto, Filema Duarte había publicado otro comunicado donde denunciaba recibir «amenazas personales» y advertía sobre un supuesto «comportamiento vandálico» publicitado en redes sociales y medios de prensa independientes. Para los masones disidentes, estas declaraciones son una cortina de humo. «Es risible que alegue que no se siente seguro, como si nosotros fuéramos mafiosos o criminales. Somos sus hermanos, que un día lo escogimos, pero que ahora le decimos que se tiene que ir. No hay amenazas, solo estamos cumpliendo la ley, porque él la ha violado y se ha negado a hacer elecciones», señaló una de las fuentes consultadas bajo condición de anonimato por temor a represalias.
Complicidad estatal y violación de la Ley de Asociaciones
La crisis en la GLC trasciende el ámbito puramente fraternal y se entrelaza con la maquinaria de control del Estado. La prolongación del mandato de Filema Duarte ha contado con la complicidad de las autoridades de la isla, específicamente a través del Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia (MINJUS) y de la Oficina de Atención a Asuntos Fraternales y Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC). Esta alianza ha permitido al Gran Maestro evadir la legislación masónica y la propia Ley 54, conocida como Ley de Asociaciones, que obliga a la Dirección de Asociaciones del MINJUS a velar por el cumplimiento de los estatutos de las organizaciones.
Pese a que 209 logias —que representan el 64,70% del total— y siete dignatarios, incluido un ex Gran Maestro, firmaron un documento amparado en la legislación masónica para exigir la destitución de Filema Duarte, la directora de Asociaciones del MINJUS, Miriam García, ha hecho caso omiso de las pruebas de las violaciones legales. En lugar de garantizar el cumplimiento de los estatutos, la burocracia gubernamental ha respaldado la gestión de Filema Duarte, facilitando incluso su recorrido por varias logias del país para construir un relato de víctima y recabar apoyo, con evidente respaldo logístico del régimen.
Antecedentes de un poder cuestionado
Mayker Filema Duarte asumió el cargo de Gran Maestro en agosto de 2024, designado por su predecesor, Mario Urquía, quien renunció en medio de escándalos de corrupción que incluyeron el desfalco de miles de dólares y más de 4 millones de pesos a las arcas de la GLC. Un mes después de su designación, la Alta Cámara aprobó que continuara en el cargo por un período de seis meses, condicionado a la celebración de una nueva sesión y de elecciones generales. Sin embargo, cuando llegó el momento de rendir cuentas, Filema Duarte se negó a acatar los reclamos democráticos.
En la sesión semestral del 23 de marzo, ante la presión de los representantes que exigían elecciones, el Gran Maestro abandonó la reunión dejándola inconclusa, tras más de 16 horas de debate. Esa misma madrugada, 96 representantes presentes firmaron un documento explicando lo sucedido y el actuar errático del líder. Desde entonces, los masones han agotado todas las vías legales, tanto internas como ante las instituciones gubernamentales, para restaurar la legalidad, chocando sistemáticamente con un muro de intransigencia apuntalado por el gobierno cubano.
Represión interna y purgas arbitrarias
El autoritarismo dentro de la GLC ha llegado a niveles inéditos. La Corte Suprema de Justicia Masónica (CSJM), un órgano ilegal por no haber sido elegido por la Alta Cámara y que responde directamente a Filema Duarte, ha sido utilizada para juzgar y expulsar mediante procesos arbitrarios a figuras incómodas. Entre los expulsados se encuentran el escritor y exprisionero político Ángel Santiesteban Prats y el Soberano Gran Comendador, José Ramón Viñas Alonso, quien fue elegido democráticamente amparado en la legalidad del Supremo Consejo del Grado 33.
La persecución contra Viñas Alonso tiene claros tintes políticos. El líder masónico se había manifestado en rechazo a la brutal represión ejercida por la dictadura cubana contra las protestas populares del 11 y 12 de julio de 2021 (11J). Su postura crítica incomodó tanto a la cúpula masónica alineada con el poder como a la Seguridad del Estado. De hecho, Miriam García, del MINJUS, ha citado a Viñas Alonso para exigirle su salida del cargo, ignorando su legitimidad democrática. Más de un centenar de masones que se han opuesto a la gestión de Filema Duarte enfrentan procesos en esta corte paralela, una práctica propia de sistemas totalitarios pero totalmente ajena a los principios fundacionales de la masonería.
Contexto sistemico: El control de la sociedad civil en Cuba
El asedio a la Gran Logia de Cuba no es un hecho aislado, sino que se inscribe en la política sistemática del régimen de La Habana para cooptar, neutralizar o destruir cualquier espacio de sociabilidad que escape a su control absoluto. En un país donde la crisis estructural ha provocado una inflación galopante, el colapso total de los servicios públicos y un éxodo migratorio sin precedentes, el gobierno cubano aferra su poder mediante el endurecimiento de la represión social y la vigilancia de instituciones históricas.
La masonería cubana, con sus más de 300 logias en todo el territorio nacional, representa uno de los últimos reductos de la sociedad civil con capacidad de convocatoria y cierta autonomía histórica. Para el ejecutivo cubano, permitir que una organización de esta envergadura funcione con plena democracia interna y elija a líderes críticos —como ocurrió con Viñas Alonso tras el 11J— supone una amenaza inaceptable. Por ello, el aparato estatal prefiere apoyar a figuras cuestionadas como Filema Duarte, garantizando sumisión a cambio de impunidad y protección frente a las denuncias de corrupción.
Esta dinámica refleja la naturaleza de la dictadura cubana, donde la separación de poderes es inexistente y las instituciones del Estado actúan como apéndices del partido único. El MINJUS, que debería ser un ente regulador imparcial, opera como un instrumento de chantaje y control político. La crisis masónica es, en el fondo, un reflejo microscópico de la crisis nacional: la imposibilidad de ejercer derechos democráticos, la impunidad de los funcionarios aliados al poder y la criminalización de la disidencia.
Un desenlace incierto y la amenaza de la fuerza
Ante el bloqueo de las vías institucionales, los masones han convocado para el próximo domingo a los representantes de las logias en la sede de la GLC, ubicada en las esquinas de Carlos III y Belascoaín, en La Habana. El objetivo es constituirse en Alta Cámara, desarrollar la sesión suspendida, destituir a Filema Duarte, elegir a un nuevo Gran Maestro y restaurar la soberanía de la institución. Sin embargo, el panorama está teñido de amenazas.
Filema Duarte ya ha advertido que se tomarán «todas las medidas organizativas y preventivas», un eufemismo que los masones interpretan como la amenaza de desplegar las fuerzas represivas del régimen para impedir la reunión. La cita del domingo no solo definirá el futuro de la masonería en la isla, sino que pondrá a prueba la voluntad de la comunidad internacional para monitorear y condenar el acoso del Estado contra las entidades de la sociedad civil. Si la represión se impone, será una victoria más para el silencio forzado, pero también una confirmación inequívoca de que el régimen no tolera ni un ápice de democracia, ni siquiera dentro de los muros de sus instituciones más centenarias.
