La compañía minera canadiense Sherritt International, uno de los principales socios extranjeros del régimen de La Habana en sectores estratégicos, anunció la paralización inmediata de sus operaciones directas en la isla. La decisión responde al endurecimiento de las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump, lo que representa un nuevo golpe a la ya deteriorada economía cubana.
En un comunicado corporativo, la empresa detalló que la orden ejecutiva firmada por el mandatario estadounidense el pasado 1 de mayo compromete gravemente su capacidad operativa. Aunque la firma canadiense no figura aún en la lista oficial de entidades sancionadas por Washington, sus directivos advirtieron que la inclusión podría producirse en cualquier momento, una amenaza suficiente para alterar el funcionamiento habitual de las empresas mixtas en la isla.
Como parte de esta reestructuración forzosa, el gobierno cubano y sus socios locales deberán asumir la gestión sin la presencia directa de la multinacional. Sherritt confirmó el retiro inmediato de su personal expatriado y solicitó a sus contrapartes adoptar medidas similares con trabajadores desplazados en Canadá. Paralelamente, la corporación experimentó cambios abruptos en su cúpula: tres miembros del consejo de administración, incluido el presidente Brian Imrie, renunciaron a sus cargos sin que la empresa ofreciera detalles sobre los motivos de estas dimisiones.
Impacto en la infraestructura energética y minera
La retirada de Sherritt tiene un impacto significativo en la economía nacional, fuertemente controlada por el ejecutivo cubano. La multinacional participaba en Energas, la principal generadora eléctrica independiente del país, responsable de aproximadamente el 10% de la producción nacional de energía. Además, operaba en conjunto con la estatal General Nickel Company en la explotación de níquel y cobalto en Moa, un enclave fundamental para las exportaciones mineras de la isla.
Esta decisión se produce en medio de la profunda crisis estructural que atraviesa el país, caracterizada por apagones constantes, hiperinflación, desabastecimiento y un colapso generalizado de los servicios básicos. La orden ejecutiva de Washington amplía las sanciones y autoriza medidas contra entidades, bancos y personas vinculadas al aparato de seguridad de la dictadura cubana, así como a implicados en actos de corrupción o graves violaciones de derechos humanos. La normativa permite bloquear bienes bajo jurisdicción estadounidense y suspender visas a los sancionados y a sus familiares adultos.
La huida de uno de los inversores extranjeros más antiguos y consolidados en la isla evidencia el creciente aislamiento internacional del régimen de La Habana. Ante la escasez de ingresos externos y la imposibilidad de sostener inversiones en infraestructura, la ciudadanía cubana se enfrenta a un escenario aún más adverso, con un sector energético al borde del colapso y una represión interna que continúa siendo el principal foco de la presión internacional.
