Decenas de residentes de Baire, en el municipio de Contramaestre, provincia de Santiago de Cuba, se manifestaron esta noche exigiendo el restablecimiento del servicio eléctrico y el acceso a agua potable, tras soportar más de 30 horas sin suministro. La protesta, que rápidamente derivó en un reclamo de libertades democráticas, fue respondida por las autoridades de la isla con un fuerte despliegue policial y el corte temporal de las telecomunicaciones.
La movilización comenzó pasadas las 7:40 p.m. en los barrios La Salada, El Transformador y Avicenia. Según testimonios recogidos en redes sociales por la activista Lara Crofs y el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, los vecinos salieron espontáneamente golpeando calderos y coreando consignas como \»¡Libertad!\» y \»¡No tenemos miedo!\». Los manifestantes, visiblemente agotados por la crisis económica, la escasez de alimentos y un reciente brote de arbovirus en la zona, marcharon hacia la estación de policía local en demanda de respuestas inmediatas.
Ante el avance de la protesta, la dictadura cubana aplicó su protocolo habitual de censura y contención social. Durante los primeros minutos de la marcha, el acceso a Internet fue cortado en todo el municipio para impedir la difusión de imágenes y testimonios, restableciéndose unos 30 minutos después. Para evadir los retenes en la carretera principal, los vecinos se desplazaron por calles interiores, recorriendo la Avenida 8 y la Avenida Central hasta llegar al busto de José Martí en el Parque Central. Pasada la medianoche, el área permanecía sitiada por patrullas, agentes uniformados y oficiales de la Seguridad del Estado vestidos de civil.
Un descontento enraizado en el colapso estructural
El estallido social en Baire no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa del colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) y la profunda crisis económica que atraviesa el país. El régimen de La Habana ha demostrado una incapacidad sistemática para garantizar servicios básicos, mientras agudiza la represión contra la población civil. Desde las históricas protestas del 11 de julio de 2021, episodios similares se han replicado con frecuencia en distintas provincias, evidenciando que el miedo impuesto por el aparato estatal está siendo superado por la urgencia de la supervivencia frente a los apagones agobiantes y la inflación galopante.
El despliegue represivo en Contramaestre refleja la vulnerabilidad del gobierno cubano frente al descontento social y su dependencia en la fuerza coercitiva para mantener el control. Mientras el deterioro de las condiciones de vida continúe azotando a la ciudadanía, es previsible que nuevas protestas surjan en el interior del país. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos deberán mantener la vigilancia sobre la respuesta estatal, ante el riesgo inminente de que las detenciones y la violencia institucional se intensifiquen en un nuevo intento por silenciar el clamor popular.
