Residentes de la calle Rabí, en el municipio habanero de Diez de Octubre, salieron a las calles este miércoles para protestar con cacerolazos tras soportar más de un día sin servicio eléctrico. La manifestación, que se extendió por varias cuadras hasta la calle Enamorados, refleja el creciente agotamiento ciudadano ante el colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) y la inoperancia de las autoridades de la isla para garantizar servicios básicos.
La protesta se inició pasadas la una de la tarde en la intersección de Santa Emilia y Santos Suárez. Durante más de dos horas, los vecinos exigieron el restablecimiento del servicio, coreando consignas como \»queremos comida, queremos luz, queremos agua\». El activista Orlando Ramírez, testigo de los hechos, relató que la desesperación se palpaba en cada esquina, mientras los afectados denunciaban que la falta de energía impide el bombeo de agua y acelera el deterioro de los escasos alimentos disponibles en los hogares.
Ante la movilización espontánea, el régimen de La Habana desplegó patrullas policiales en la zona. Aunque no se reportaron agresiones físicas directas durante este cacerolazo, testigos como la residente Yanaisy Curbelo denunciaron que los agentes implementaron tácticas de censura al impedir a los ciudadanos grabar o sostener sus teléfonos móviles en alto. Esta restricción al derecho a la información evidencia el carácter represivo de la dictadura cubana, que prioriza el control de la narrativa y el silenciamiento social sobre la solución de las necesidades básicas de la población.
Colapso energético y crisis estructural
El estallido social ocurre en medio de una profunda crisis energética a nivel nacional. La Unión Eléctrica (UNE) informó de un déficit de capacidad que mantuvo afectado el servicio durante las 24 horas del día anterior, con una disponibilidad de apenas 1.090 megavatios frente a una demanda de 2.450. El ejecutivo cubano atribuye la situación a averías en varias termoeléctricas, incluyendo Mariel, Santa Cruz, Felton y Antonio Guiteras, sumadas a mantenimientos prolongados en otras instalaciones. Sin embargo, este descalabro técnico es consecuencia directa de décadas de mala gestión, falta de inversión y obsolescencia infraestructural no atendida por el Estado.
En La Habana, el impacto de la crisis se ha agudizado de manera excepcional, reportándose cortes de electricidad de hasta 15 horas diarias, mientras en otras provincias los apagones superan los dos días consecutivos. Esta situación ha derivado en un aumento de las protestas de base; a finales de marzo, vecinos de la propia Calzada de Diez de Octubre y Luyanó ya habían salido a las calles mediante cacerolazos y fogatas, desafiando la presencia policial para exigir agua y energía.
La persistencia de estos apagones, sumada a la inflación galopante, el desabastecimiento crónico y la falta de libertades, augura un escenario de creciente inestabilidad social en la isla. Mientras el gobierno cubano mantenga su política de represión frente al descontento legítimo y se niegue a implementar reformas estructurales que permitan la recuperación económica, la ciudadanía continuará enfrentando condiciones de vida insostenibles que amenazan con provocar nuevos estallidos sociales y un incremento del éxodo migratorio hacia la comunidad internacional.
