La organización Human Rights Watch (HRW) ha exigido la liberación \»inmediata e incondicional\» de todos los presos políticos en Cuba, tras constatar que el reciente indulto masivo de 2.010 reclusos anunciado por el régimen de La Habana excluyó deliberadamente a los opositores encarcelados por motivos ideológicos.
El ejecutivo cubano presentó la medida, anunciada el pasado 2 de abril, como un \»gesto humanitario y soberano\» basado en la conducta penitenciaria, el tiempo de sanción cumplido y el estado de salud de los reclusos. Sin embargo, las autoridades de la isla dejaron fuera de este beneficio a las personas condenadas por \»delitos contra la autoridad\», una categoría penal que, según denunció HRW, ha sido instrumentalizada durante décadas para perseguir y silenciar de forma arbitraria a los críticos del sistema.
En un pronunciamiento oficial, la ONG subrayó que ni el embargo estadounidense ni la crisis energética justifican el mantenimiento de críticos en las cárceles. La organización ilustró este patrón represivo con casos emblemáticos, como el del artista Luis Manuel Otero Alcántara, condenado a cinco años por \»ultraje a los símbolos patrios\», y el de Leonard Richard González Alfonso, sentenciado a siete años por pintar en una pared la frase \»¿Hasta cuándo? Nos están matando\». Ambos permanecen privados de libertad por ejercer la disidencia.
Opacidad sistemática y crisis carcelaria
La magnitud de la represión política contrasta con la narrativa oficial que niega la existencia de presos políticos. Organizaciones como Justicia 11J y Prisoners Defenders documentan un saldo alarmante: la primera registró 775 personas privadas de libertad por razones políticas a inicios de abril, mientras que la segunda contabilizó 1.214 presos de conciencia al cierre de febrero. A esto se suma una profunda falta de transparencia, ya que el gobierno cubano se negó a publicar la lista de los 2.010 excarcelados, impidiendo cualquier verificación independiente y reforzando un patrón de opacidad sistemática que ya se observó en la liberación de 51 reclusos anunciada en marzo.
Las condiciones dentro del sistema penitenciario reflejan el deterioro estructural que atraviesa la isla. HRW ha recopilado testimonios de excarcelados que denuncian abusos sistemáticos por parte de la dictadura cubana, incluyendo golpizas, aislamiento prolongado, hacinamiento y falta de acceso a atención médica, agua potable y alimentación adecuada. Estos abusos se inscriben en un contexto de colapso generalizado de los servicios públicos y un endurecimiento de la represión social tras las protestas del 11 de julio de 2021, con exreclusos que aseguran continuar bajo vigilancia estatal incluso tras recuperar su libertad.
La presión internacional cobra relevancia en un escenario donde la falta de libertades fundamentales y el encarcelamiento arbitrario siguen siendo las principales herramientas de control social del régimen. La exigencia de HRW plantea un desafío directo a La Habana: mientras persista la criminalización de la disidencia, cualquier intento de mejorar su imagen diplomática mediante indultos selectivos será percibido por la comunidad internacional como una maniobra de distracción ante una crisis de derechos humanos que se profundiza sin frenos institucionales.
