La escritora cubana Wendy Guerra denunció la grave crisis sanitaria y humanitaria que atraviesa la isla, responsabilizando directamente al gobierno por la proliferación de enfermedades, la escasez de medicamentos y el deterioro de los servicios básicos. En una declaración pública, la autora calificó la gestión del ejecutivo como un fracaso que impone la urgente necesidad de que el poder ceda el paso ante su incapacidad para proteger a la población.
La alerta de la intelectual coincide con los reportes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que advierte sobre una emergencia sanitaria sin precedentes marcada por epidemias de dengue y fiebre de Oropouche. El régimen de La Habana ha tenido que reconocer la escasez de 461 medicamentos del cuadro básico, lo que representa un déficit del 70 % y obliga a la ciudadanía a recurrir a redes informales para conseguir tratamientos esenciales. El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) ha admitido al menos tres fallecidos por dengue y decenas de miles de casos sospechosos de Oropouche, algunos con complicaciones neurológicas.
Condiciones insalubres y parálisis logística agravan la emergencia
Guerra describió el panorama ambiental en la isla como un \»vertedero gigante\», una realidad corroborada por agencias acreditadas que documentan la acumulación de basura en las calles de La Habana y el crónico déficit de agua potable. Estas condiciones de insalubridad favorecen directamente la proliferación del mosquito Aedes aegypti. A esta situación se suma el impacto del huracán Melissa en el oriente del país, que dejó 45.282 viviendas dañadas y comunidades aisladas, así como la caída del transporte de carga interna en un 19 % durante 2024, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), lo que dificulta el traslado de pacientes a los centros de atención médica.
El colapso del sistema eléctrico, con al menos cinco apagones nacionales en menos de un año, interrumpe servicios vitales como el suministro de agua y la atención hospitalaria, forzando a miles de familias a cocinar con leña o carbón. Ante este escenario de vulnerabilidad, la dictadura cubana mantiene intacta su política de silenciamiento y represión contra quienes documentan la realidad. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han constatado la persistencia de detenciones arbitrarias y medidas restrictivas contra periodistas independientes y activistas, quienes arriesgan su libertad bajo un marco legal coercitivo.
La intersección de la pobreza extrema, el hambre cotidiana y el desabastecimiento evidencia el fracaso estructural del modelo impuesto por las autoridades de la isla, cuya supervivencia económica depende cada vez más de las remesas enviadas por el exilio. La magnitud de la crisis exige una mirada crítica y una respuesta por parte de la comunidad internacional frente a un Estado que vulnera de manera sistemática los derechos fundamentales de su población, dejando un horizonte de incertidumbre y precariedad para los cubanos que permanecen en el territorio nacional.
