El mandatario chileno, José Antonio Kast, aseguró que apoyaría iniciativas para terminar con el sistema político en Cuba, calificando al modelo vigente como una dictadura. Sus declaraciones coinciden con un endurecimiento de la postura de Estados Unidos, cuyo secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió sobre el control militar de la economía isleña y la necesidad de una transición democrática, elevando la presión sobre La Habana en un momento de profunda crisis interna.
En una entrevista concedida al diario El Mercurio, Kast señaló que respaldaría medidas orientadas a desmantelar el sistema político de la isla, ante la ausencia de democracia y la privación de libertades fundamentales que sufre la población desde hace décadas. El presidente chileno equiparó su postura con la mantenida respecto a Venezuela, donde también expresó su disposición a apoyar a quienes logren sacar al país del autoritarismo. La respuesta del régimen de La Habana no se hizo esperar; el canciller Bruno Rodríguez acusó a Kast de respaldar una eventual agresión y tachó su posición de \»peligrosa y confrontacional\», argumentando que responde a una subordinación a dictados exteriores.
Washington apunta al aparato económico militar
Las declaraciones del ejecutivo chileno se alinean con un reciente endurecimiento del discurso desde Washington. Durante una audiencia en la Cámara de Representantes, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que Estados Unidos está dispuesto a explorar vías negociadas que conduzcan a Cuba hacia la democracia, la prosperidad y la normalidad. Un día antes, ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Rubio había señalado que el país no está realmente controlado por el gobierno civil, sino por el conglomerado de empresas militares GAESA. Según el funcionario, esta entidad domina sectores clave como el turismo, la minería y el comercio de combustibles, generando en torno al 70% del PIB y acumulando activos valorados entre 14.000 y 17.000 millones de dólares.
Esta ofensiva diplomática y política ocurre en un escenario crítico para las autoridades de la isla. La aplicación de nuevas restricciones financieras estadounidenses contra entidades vinculadas a GAESA ha provocado la salida o reducción de operaciones de múltiples empresas extranjeras, aislando aún más la maltrecha economía nacional. La crisis estructural se manifiesta en apagones recurrentes, una inflación galopante, el desabastecimiento crónico de productos básicos y un éxodo migratorio sin precedentes, factores que han detonado protestas ciudadanas frente a la creciente incapacidad estatal para garantizar el bienestar mínimo.
El cruce de declaraciones entre Santiago, Washington y La Habana dibuja un panorama de creciente aislamiento para la dirigencia cubana. La articulación de un frente internacional que visibiliza la represión y el fracaso del modelo económico, sumado a las sanciones dirigidas al aparato militar que sostiene al régimen, augura un endurecimiento de las condiciones de gobernabilidad en la isla. Ante la imposibilidad de sostener sus estructuras de control frente a la crisis económica y la presión externa, la ciudadanía cubana se enfrenta a un futuro donde la demanda de un cambio democrático y la recuperación de sus derechos se vuelven cada vez más apremiantes.
