La exprisionera política del 11J Yunaiky de la Caridad Linares Rodríguez fue detenida este martes en el municipio de Arroyo Naranjo mientras participaba en una protesta vecinal contra los prolongados apagones. Su arresto, acompañado por denuncias de violencia policial, forma parte de una nueva ola de represión desatada por el régimen de La Habana para acallar el descontento social ante el colapso del sistema eléctrico en la capital.
Desde la unidad policial del Capri, Linares Rodríguez logró enviar un testimonio en video en el que denunció haber sido brutalmente golpeada durante su captura y confinada en una celda junto a siete hombres. \»La policía me fue para arriba, me golpeó sin motivo, me metieron para el carro de cabeza con las manos hacia atrás\», relató la joven, quien también aseguró haber sufrido asfixia durante el traslado. La activista Anamely Ramos, en comunicación con la madre de la detenida, confirmó que el padrastro de Linares también fue arrestado tras el despliegue de las fuerzas especiales conocidas como Avispas Negras, que reprimieron con violencia a los manifestantes que bloquearon la calle en el barrio de Santa Amalia.
La detención de la joven, excarcelada en febrero de 2025 bajo un régimen de libertad condicional tras ser condenada a ocho años por sedición, ocurrió en medio de una jornada de intensos cacerolazos y manifestaciones espontáneas en toda La Habana. Vecinos de La Güinera, Esquina de Teja, Santos Suárez, San Francisco, Casablanca y Centro Habana salieron a las calles para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico, que en algunas zonas superó las 48 horas continuas de interrupción, sumado a la escasez de agua. En la esquina de 13 y M, en El Vedado, también se reportó una concentración de residentes protestando por la misma causa.
Criminalización de la protesta y colapso de los servicios básicos
La respuesta del ejecutivo cubano ante el descontento ha sido la militarización y el cerco informativo. En La Güinera, el activista Wilbert Aguilar denunció la presencia de agentes vestidos de civil, el corte deliberado del acceso a internet y la vigilancia nocturna mediante drones. Desde Luyanó, el activista Orlando Ramírez también reportó fuertes protestas motivadas por la crisis de los servicios públicos. Esta situación evidencia la incapacidad del gobierno cubano para garantizar el bienestar mínimo de la población, profundizando una crisis estructural marcada por la inflación, el desabastecimiento y la falta de libertades que ha provocado un éxodo migratorio sin precedentes.
El nuevo encarcelamiento de Yunaiky Linares, apenas meses después de su liberación condicional bajo amenazas de revocación, ilustra el uso arbitrario del poder judicial como herramienta de control social por parte de la dictadura. Mientras el descontento ciudadano crece ante la inoperancia del Estado, la represión sistemática amenaza con desatar una nueva crisis de derechos humanos en la isla. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos deberán prestar atención a la escalada represiva, cuyas consecuencias políticas y sociales podrían agravar aún más el aislamiento y la crisis institucional del país.
