La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y ONU Mujeres han emitido una serie de recomendaciones al régimen de La Habana para que adopte cuatro convenios internacionales fundamentales y reforme sus normativas en materia de igualdad salarial, cuidados, licencia de paternidad y pensiones. El informe expone las profundas deficiencias del marco legal cubano y el atraso del Estado en la protección de los derechos laborales de las mujeres, en un contexto de crisis económica sistémica que afecta de manera desproporcionada a la población femenina.
La plataforma virtual de Legislación en materia de Autonomía y Empoderamiento Económico de las Mujeres en Iberoamérica, relanzada por ambas organizaciones con el análisis de 894 leyes en 22 países, detalla que el gobierno cubano tiene pendiente la ratificación de cuatro instrumentos clave de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estos son el Convenio sobre la Seguridad Social (Norma Mínima) de 1952; el Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares de 1981; el Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos de 2011; y el Convenio sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo de 2019, conocido como Convenio 190. Aunque Cuba acredita la ratificación de 91 convenios y los 10 fundamentales de la OIT, la omisión de estos cuatro refleja una laguna crítica en la protección social contemporánea.
Además de los convenios de la OIT, las autoridades de la isla mantienen en suspenso un compromiso internacional de larga data. El informe consigna que el Estado cubano firmó en el año 2000 el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), pero a más de dos décadas de distancia aún no lo ha ratificado. Esta reticencia a someterse a mecanismos de escrutinio internacional es una constante en la política exterior del ejecutivo cubano, que prefiere el respaldo simbólico a las causas globales antes que la rendición de cuentas vinculante en materia de derechos humanos.
Un marco legal anacrónico y reformas a medias
La evaluación internacional se basa en un marco legal que el propio régimen ha intentado actualizar, aunque con resultados limitados. La ficha cubana analizada toma como referencia la Ley 116, Código de Trabajo de 2013, y la Ley 62, Código Penal de 1987, este último ya derogado por el nuevo Código Penal aprobado en 2022. En su apartado de avances, la plataforma registra que el país no ha reformado disposiciones discriminatorias en ninguna área desde 2019, lo que evidencia la lentitud burocrática y la falta de voluntad política para modernizar las estructuras jurídicas en concordancia con los estándares internacionales.
El 30 de julio, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó un nuevo Código de Trabajo —la Ley 189— que sustituye la normativa de 2013. El acuerdo se publicó en la Gaceta Oficial ordinaria número 67 del 14 de agosto, aunque el texto final de la ley aún no está disponible para su consulta pública en el sitio oficial, y su entrada en vigor está pautada para 90 días después de esa publicación. Este nuevo código recoge algunas de las demandas de la plataforma, como el artículo 11, que fija el principio de igualdad de remuneración: \»Los trabajadores reciben igual salario por trabajo de igual valor, sin discriminación de ningún tipo\». Asimismo, el artículo 13 prohíbe la discriminación, la violencia y el acoso en el ámbito laboral, definiendo el acoso moral, psicológico y sexual.
Sin embargo, el nuevo texto legal mantiene vacíos significativos. La expresión \»licencia de paternidad\» no aparece en el documento. El artículo 177 remite el cuidado del menor por \»ambos padres y otros familiares\» a la \»legislación específica de la maternidad de la trabajadora y la responsabilidad de las familias\». Esta redacción perpetúa la carga cultural y legal sobre las mujeres como principales cuidadoras, eludiendo la corresponsabilidad que exigen los estándares internacionales modernos.
Desigualdad salarial, cuidados y el sistema de pensiones
El análisis de ONU Mujeres concluye que, bajo la legislación precedente, el criterio salarial cubano era más restrictivo que el del Convenio 100 de la OIT. La Constitución y el Código de Trabajo establecían el principio de igualdad de salario en función del producto, la calidad y el tiempo trabajado, en lugar de aplicar el concepto de \»igualdad de remuneración por trabajo de igual valor\». La recomendación es extender este principio para abarcar trabajos de igual valor y no solo trabajos idénticos, una distinción vital para erradicar la brecha salarial estructural.
En el ámbito de los cuidados se concentra la mayor cantidad de recomendaciones. La plataforma señala que en Cuba la licencia de cuidados de larga duración no es remunerada y que no existe legislación sobre corresponsabilidad entre hombres y mujeres, ni servicios de cuidado a cargo de los empleadores, ni adaptación de jornadas, ni reconocimiento del trabajo de cuidados en la economía. Sobre la paternidad, se indica que no existe una licencia establecida por ley, sino permisos no retribuidos de hasta 15 meses para cualquiera de los progenitores. La recomendación exige regular esta licencia, igualarla a la de maternidad y que la seguridad social asuma su costo. Actualmente, la protección de la maternidad cumple los criterios básicos con 18 semanas de licencia pagadas íntegramente por la seguridad social y protección frente al despido, pero el desequilibrio con la figura paterna es evidente.
El sistema de jubilaciones es otro frente crítico. Las mujeres se retiran a los 60 años y los hombres a los 65, ambos requiriendo 30 años de servicio. La plataforma recomienda revisar la densidad de cotización para hacerla proporcional a las edades de retiro diferenciadas por sexo, reconociendo que las mujeres a menudo interrumpen sus carreras laborales por responsabilidades de cuidado no remuneradas. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz, ha señalado que estas modificaciones se analizarán al elaborar los cambios a la Ley de Seguridad Social, tras un proceso de consulta popular donde el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados fue uno de los temas más debatidos.
Contexto sistémico: La feminización de la crisis económica
Las deficiencias legales señaladas por ONU Mujeres no ocurren en el vacío; se inscriben en la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. La economía cubana sufre una hiperinflación galopante, un desabastecimiento crónico de productos básicos y el colapso de servicios públicos como la salud y la educación. En este escenario, las mujeres soportan el peso más pesado de la supervivencia cotidiana. La falta de reconocimiento del trabajo de cuidados se agrava cuando el Estado no provee servicios de apoyo suficientes, obligando a las mujeres a dedicar horas interminables a la búsqueda de alimento, agua y medicinas, mientras intentan mantener empleos formales o informales.
El salario promedio en el sector estatal —que aún emplea a la mayoría de la fuerza laboral— es insuficiente para cubrir la canasta básica familiar. En este contexto, el principio de \»igualdad de remuneración\» resulta una quimera práctica si las remuneraciones en sí mismas no garantizan la subsistencia. Ante la imposibilidad de vivir de un salario formal, cientos de miles de cubanas han recurrido al sector informal, donde la falta de protección legal las deja expuestas a todo tipo de abusos, incluyendo la violencia y el acoso laboral que el régimen se jacta de combatir en el papel, pero que tolera en la realidad. La no ratificación del Convenio 189 sobre trabajadoras domésticas es especialmente alarmante dado el auge del empleo doméstico en el sector privado, donde mujeres y migrantes internas enfrentan condiciones de precariedad extrema.
Asimismo, el panorama laboral está indisolublemente ligado al éxodo migratorio masivo. La falta de oportunidades y el empobrecimiento generalizado han impulsado a cientos de miles de cubanos a abandonar el país, siendo las mujeres una parte sustancial de esta diáspora. Muchas de ellas son profesionales de la salud o la educación, sectores feminizados históricamente por el gobierno cubano, que ahora ven en la migración la única vía para escapar de salarios de hambre y condiciones de vida insoportables. La fuga de talento femenino despoja al país de su capital humano más valioso y profundiza el colapso de los servicios sociales restantes.
La represión como respuesta a las demandas sociales
El informe de ONU Mujeres también aborda la violencia en el ámbito laboral, reconociendo que la legislación cubana define la violencia por motivos de género y que el Decreto 96 fija un protocolo de prevención. Sin embargo, subraya que el país carece de disposiciones que delimiten el alcance y el ámbito de aplicación de la violencia y el acoso en el trabajo, y que persisten vacíos en la protección de los trabajadores informales, en el abordaje de los riesgos psicosociales y en el reconocimiento del impacto de la violencia doméstica en el empleo.
Lo que el informe diplomático no explicita, pero la realidad cubana demuestra a diario, es que la principal fuente de violencia y acoso para la ciudadanía es el propio aparato estatal. La dictadura cubana mantiene un monopolio absoluto sobre la representación laboral a través de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), un ente subordinado al Partido Comunista que prohíbe la sindicalización independiente. Cualquier intento de las mujeres por organizarse para exigir el cumplimiento de los convenios de la OIT, o para denunciar el acoso laboral por parte de jefes o funcionarios del Estado, es reprimido con la maquinaria policial y judicial del régimen.
Los movimientos feministas independientes en la isla, que han intentado visibilizar la feminización de la pobreza y la violencia de género, han sido objeto de persecución política, detenciones arbitrarias, amenazas y censura. La dictadura no tolera la sociedad civil autónoma, por lo que las recomendaciones de organismos internacionales chocan con la naturaleza totalitaria del poder en La Habana. Firmar protocolos o redactar códigos de trabajo es una operación de maquillaje institucional mientras se mantenga intacta la estructura represiva que impide a los ciudadanos reclamar sus derechos.
Implicaciones a futuro y la mirada de la comunidad internacional
La ampliación de la plataforma impulsada por SEGIB y ONU Mujeres, que ahora evalúa 12 áreas incluyendo inclusión financiera, inclusión digital, fiscalidad con perspectiva de género y violencia contra las mujeres en el trabajo, plantea un desafío mayor para el ejecutivo cubano. El régimen se jacta internacionalmente de su supuesta paridad y protección social, pero los datos revelan que apenas el 23% de los países iberoamericanos cuenta con legislación vigente en acceso digital de las mujeres, un déficit que en Cuba se agrava por la pobreza digital, los altos precios de la conectividad y la censura gubernamental en internet.
Las recomendaciones de ONU Mujeres y SEGIB sirven para desnudar la brecha existente entre la retórica oficial del gobierno cubano y la precaria realidad de sus trabajadoras. Para que la Ley 189 y las futuras modificaciones a la Ley de Seguridad Social tengan un impacto real, el régimen de La Habana debería no solo ratificar los convenios pendientes, sino desmantelar las estructuras autoritarias que impiden el libre ejercicio de los derechos laborales. Mientras la isla permanezca sumida en una crisis económica sin solución de continuidad y bajo un control político absoluto, las reformas legales seguirán siendo letra muerta para las millones de mujeres que sostienen la supervivencia del país a costa de su propio bienestar. La comunidad internacional debe mantener la presión y el escrutinio, exigiendo no solo cambios normativos, sino garantías democráticas y de derechos humanos que permitan a las cubanas organizarse, reclamar y construir un futuro distinto.
