Una exhaustiva investigación periodística ha documentado cómo la Seguridad del Estado y las autoridades penitenciarias de Cuba utilizan a reclusos comunes para agredir sexualmente, intimidar y quebrar la voluntad de presos políticos y ciudadanos que desafían al régimen. El reportaje, elaborado por la periodista Karla Pérez y publicado por medios independientes, expone una modalidad de \»violencia delegada\» donde los funcionarios ordenan, facilitan o toleran los ataques para luego evadir la responsabilidad penal directa, consolidando un mecanismo de tortura sistémico.
El caso más reciente expuesto en la investigación involucra a un joven encarcelado por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. La denuncia, analizada y difundida por el Centro de Información Legal Cubalex, detalla que el recluso fue sometido con sustancias químicas y atacado sexualmente por el preso común Roberto Valdés Alonso, alias \»el Gago de San José\», en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa. La víctima requirió ingreso en el puesto médico del penal debido al shock sufrido y a las graves afectaciones físicas y psicológicas derivadas del ataque, quedando en un estado de profunda vulnerabilidad.
Las autoridades señaladas como presuntos responsables de este incidente incluyen al mayor Javier Reboso Pérez, oficial de la Seguridad del Estado; el teniente coronel Emilio Guilarte Ramírez, segundo jefe de la prisión, y el teniente coronel Guillermo Cordero Monduy. Según los testimonios recopilados, Reboso habría enviado un mensaje tras la agresión en el que reconocía y se mofaba del hecho, evidenciando la complicidad institucional: \»Dile al Gago que está acabando con los muchachos del 11 de julio\». Esta actitud demuestra que la dictadura cubana no solo permite estos abusos, sino que los instrumentaliza como castigo ejemplarizante para escarmentar a quienes osaron protestar en las calles.
Este no es un caso aislado ni el primer incidente protagonizado por el mismo agresor bajo la mirada indolente de los carceleros. En marzo de 2024, Valdés Alonso fue acusado de intentar violar al preso político Julián Manuel Mazola Beltrán en la misma cárcel de Guanajay. Activistas y familiares denunciaron en su momento que el oficial Reboso había propuesto a Mazola colaborar como informante y, ante su rotunda negativa, ordenó su traslado a la celda del atacante. Aunque Mazola y otros reclusos iniciaron una huelga de hambre para exigir justicia y protección, la respuesta del sistema penal fue negligente: el agresor recibió apenas tres meses adicionales de condena, consolidando un patrón de absoluta impunidad que alienta la repetición de los crímenes.
La violencia sexual como arma de represión trasciende las fronteras de una sola prisión. En enero de 2026, en el penal de Agüica, Matanzas, se denunció la violación del preso político Onaikel Infante Abreu, condenado a ocho años de cárcel por realizar una protesta antigubernamental en La Habana en 2023. Su esposa, Sujay Acosta, responsabilizó directamente a la Seguridad del Estado, argumentando que en las celdas de castigo y aislamiento no ingresa nadie sin la autorización expresa de los custodios. Cuatro meses después de la agresión, Infante continuaba sin recibir atención psicológica y el presunto atacante permanecía sin sanción, profundizando el trauma del recluso y demostrando la desidia institucional ante la dignidad humana.
Una práctica histórica de aniquilación moral
Los testimonios recopilados en la investigación abarcan varias décadas, demostrando que esta táctica de aniquilación moral y física es un pilar histórico del sistema penitenciario cubano. El exprisionero político José Batista Falcón, recluido en 2011 en la prisión de Aguadores, Santiago de Cuba, relató cómo un preso común intentó abusar de él mientras dormía, siendo detenido por otros internos. Batista confirmó que contra los opositores \»emplean todo tipo de prácticas: violaciones sexuales, golpizas, actos denigrantes\», siempre ejecutadas por reos comunes enviados y avalados por la Seguridad del Estado, una dinámica que se remonta a al menos la década de 1990, como corroboró el caso de Julio César González Morales en la cárcel El Yayal, Holguín.
La violencia delegada también se extiende a las prisiones femeninas con características igual de aberrantes. Una exprisionera política que cumplió condena en la cárcel de mujeres de Camagüey, bajo condición de anonimato, denunció que funcionarias del Ministerio del Interior y oficiales de la Seguridad del Estado utilizaban a reclusas con largas condenas para chantajear, amenazar y violar a otras internas a cambio de beneficios penitenciarios. La testigo aseguró que las guardias de pasillo actuaban en complicidad y que las autoridades tenían conocimiento exacto de cada agresión, evidenciando que el control total sobre la vida carcelaria permite estas violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
Laritza Diversent, directora ejecutiva de Cubalex, ha identificado a los llamados \»Disciplinas\» como los principales ejecutores materiales de estos abusos. Se trata de presos comunes a los que las autoridades otorgan poder para controlar determinados espacios dentro de las prisiones. La abogada sostiene que las agresiones sexuales, tanto en cárceles de hombres como de mujeres, funcionan como \»un arma que se utiliza para controlar y doblegar\», siendo las personas LGBTQ+, los menores y los jóvenes enviados a establecimientos para adultos los grupos más vulnerables. Casos como el de Yuri Almenares González y la reclusa trans Brenda Díaz, víctima de intento de violación en una cárcel masculina, ilustran esta vulnerabilidad agravada por prejuicios institucionalizados.
Contexto sistemico: Represión en medio del colapso
La brutalidad documentada en las cárceles no es más que la expresión más extrema de la crisis estructural y de derechos humanos que atraviesa la isla. En un contexto de hiperinflación, desabastecimiento crónico de alimentos y medicamentos, y apagones prolongados que asfixian a la población, el régimen de La Habana ha optado por el endurecimiento represivo como única respuesta ante el descontento social. El exodo migratorio masivo ha dejado a cientos de miles de cubanos separados de sus familias, mientras quienes deciden quedarse y alzar la voz son rápidamente criminalizados, enjuiciados en juicios sumarios y arrojados a un sistema penitenciario colapsado.
Las prisiones cubanas, lejos de ser centros de rehabilitación, operan como extensiones directas del aparato de inteligencia y represión del Estado. El hacinamiento extremo, la falta de higiene, la propagación de enfermedades y la deficiente alimentación carcelaria se combinan con la tortura psicológica y física para disuadir cualquier intento de disidencia. Al transformar las cárceles en centros de exterminio moral y físico, el gobierno cubano envía un mensaje disuasorio a la población civil: el precio de la oposición política no es solo la pérdida de la libertad ambulatoria, sino la degradación absoluta de la integridad personal y la dignidad humana.
Antecedentes y complicidad internacional
La comunidad internacional y organismos de derechos humanos han advertido durante años sobre estos crímenes, aunque la falta de acceso independiente ha dificultado la cuantificación exacta. Un informe de Human Rights Watch de 1999 ya documentaba abusos físicos y sexuales en cárceles cubanas cometidos por presos comunes con la aquiescencia de los guardias. Más recientemente, en 2022, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas expresó su \»seria preocupación\» por las denuncias de malos tratos y torturas sistemáticas, incluidas amenazas de carácter sexual y registros corporales integrales tras las protestas del 11J. El organismo constató la ausencia de un mecanismo independiente que realice visitas sin previo aviso a los centros de detención, un vacío que el ejecutivo cubano ha mantenido deliberadamente para ocultar la magnitud de las violaciones.
Bajo la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, el Estado es responsable no solo de la violencia directa infligida por sus funcionarios, sino también de la cometida por terceros con su instigación, consentimiento o aquiescencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, además, que la violencia sexual contra personas bajo custodia estatal puede constituir tortura. Estos estándares jurídicos internacionales impiden que las autoridades de la isla eludan su responsabilidad alegando que el agresor inmediato fue otro recluso.
Como señala el abogado de Cubalex, Alain Espinosa, en Cuba \»se trata de un método de tortura que se ha institucionalizado, sistematizado y diseñado de manera intencional para quebrantar a opositores, activistas y el resto de personas presas por motivos políticos\». El jurista denuncia que los funcionarios ignoran deliberadamente las peticiones de auxilio, el personal médico militar se niega a documentar las lesiones o las minimiza, y la Fiscalía garantiza la impunidad de los verdugos. Ante este panorama, la exigencia de que los tribunales internacionales y la comunidad diplomática actúen frente a estas pruebas resulta impostergable. La pasividad internacional solo consolida la percepción de impunidad en la dictadura, con consecuencias devastadoras y permanentes para la ciudadanía encarcelada y sus familias.
