El Ministerio de Justicia (MINJUS) pretende forzar la salida de José Ramón Viñas Alonso, soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33, en un nuevo episodio de hostigamiento institucional y represión contra las asociaciones civiles independientes en la isla. La medida, denunciada por los propios masones, evidencia la estrategia del poder para someter a las organizaciones que escapan de su control directo.
La directora de Asociaciones y secretaria del Comité del Partido Comunista de Cuba en el MINJUS, Miriam García Mariño, se presentó en la residencia de Viñas Alonso para notificarle la orden de hacer entrega del cargo. La funcionaria estatal le comunicó que debía presentarse en la sede del Supremo Consejo para ceder su puesto a un nuevo líder \»interino\», sin revelar la identidad del sustituto. Esta injerencia directa del aparato burocrático y político del Estado en los asuntos internos de una organización fraternal ha generado un profundo rechazo en el seno de la institución.
La información fue confirmada mediante un comunicado emitido por el gran canciller del Supremo Consejo, el escritor y masón Ángel Santiesteban Prats. En el texto, Santiesteban Prats detalla la arbitrariedad de la medida y advierte sobre la vulneración de las leyes y estatutos que rigen la orden masónica a nivel internacional. Las autoridades cubanas argumentan que Viñas Alonso ocupa ilegalmente el cargo, alegando una supuesta vacante que justificaría la aplicación del artículo 43 de la Constitución del Supremo Consejo, el cual establece que, en ausencia del soberano, el poder ejecutivo debe asumir interinamente otro funcionario y convocar a elecciones en un plazo de 10 días.
Injerencia estatal y violación de la autonomía institucional
Sin embargo, los miembros de la orden refutan categóricamente esta versión y sostienen que Viñas Alonso fue electo mediante comicios democráticos, ajustados a la legalidad masónica. Para los masones, la negativa del gobierno cubano de reconocer el liderazgo vigente no es más que una excusa jurídica para justificar una intromisión que tiene claros tintes políticos. La negativa de la institución a acatar la imposición del MINJUS se erige como un acto de resistencia civil frente a la maquinaria estatal.
La persecución contra Viñas Alonso no es un hecho aislado, sino el clímax de un hostigamiento sostenido que comenzó tras un acto de disidencia institucional. El líder masón dirigió una carta al gobernante Miguel Díaz-Canel en la que rechazó de manera frontal la represión policial y estatal contra los manifestantes del 11 de julio de 2021 (11J). Desde ese momento, la dictadura cubana marcó a Viñas Alonso como un objetivo a neutralizar. Fuentes consultadas bajo condición de anonimato por temor a represalias aseguran que la Seguridad del Estado ha desplegado múltiples operativos para presionar a otros grandes maestros con el fin de lograr su expulsión.
Antecedentes de la injerencia policial en la masonería
La injerencia de la policía política en los asuntos de la masonería tiene profundas raíces en los últimos años. A inicios de 2023, Francisco Javier Alfonso Vidal, ya exiliado en Estados Unidos, renunció a su cargo como gran maestro de la Gran Logia de Cuba y denunció públicamente las presiones de la Seguridad del Estado para que llevara a Viñas Alonso ante tribunales masónicos y lograra su destitución. Este patrón de conducta evidencia cómo el régimen utiliza la extorsión y el chantaje para infiltrar y controlar entidades históricas.
Entre 2024 y 2025, la masonería cubana vivió una aguda crisis institucional debido a los intentos de imponer grandes maestros afines al poder. Estas figuras, que llegaron a usurpar el cargo negándose a celebrar elecciones, cumplieron los designios de la Seguridad del Estado, procesando y expulsando arbitrariamente a Viñas Alonso y a otros masones incómodos para la dictadura. No obstante, la crisis comenzó a revertirse tras las elecciones del 25 de octubre de 2025, cuando José Manuel Valdés Menéndez-Cuesta fue electo gran maestro. Posteriormente, en junio de 2026, la Corte Suprema de Justicia Masónica expulsó a ocho miembros tildados de \»traidores\», entre ellos los ex grandes maestros Mario Urquía Carreño y Mayker Filema Duarte, revirtiendo así los procesos disciplinarios fraudulentos.
Represión judicial y acoso sistemático
Ante el fracaso de la infiltración interna, la dictadura ha optado por la vía judicial para amedrentar a los líderes masónicos. Tanto Viñas Alonso como Santiesteban Prats se encuentran bajo medida cautelar de reclusión domiciliaria. Viñas Alonso fue procesado en 2025 por una supuesta infracción en una operación de cambio de 100 dólares en el mercado informal, mientras que Santiesteban Prats fue acusado en junio de 2026 por una operación relacionada con 200 dólares donados al Asilo Nacional Masónico Llansó. Ambos han sido amenazados con ser enviados a prisión, destacando en estos operativos represivos la teniente coronel Kenia María Morales Larrea, conocida por su papel clave en la represión a periodistas y artistas independientes.
El masón Sergio Rafael Vidal Águila ha señalado que el objetivo de despojar a Viñas Alonso de su investidura es someterlo a castigos judiciales. \»Los masones hemos manifestado nuestro apoyo a Viñas Alonso porque se encuentra en el puesto con arreglo a las leyes que la masonería respeta en el mundo entero\», expresó Vidal Águila, quien atribuyó el hostigamiento de los últimos cinco años a la postura cívica del líder frente a la represión del 11J. En mayo de 2025, el MINJUS ya había intentado desplazar a Viñas Alonso ordenando su sustitución por Lázaro Cuesta Valdés, su antecesor y expulsado de la orden, un intento que fue categóricamente rechazado por la base masónica.
Contexto: El cerco contra la sociedad civil en medio de la crisis estructural
Este embate contra la masonería no ocurre en el vacío, sino que se enmarca en la profunda crisis estructural que asola a la isla. La economía cubana atraviesa una hiperinflación galopante, un desabastecimiento crítico de alimentos y medicamentos, y un colapso total del sistema eléctrico y de servicios básicos. Este escenario ha provocado un éxodo migratorio sin precedentes en la historia republicana, vaciando a las ciudades de su fuerza laboral y juvenil. Ante la incapacidad del régimen de La Habana para ofrecer soluciones, la respuesta oficial ha sido el endurecimiento del control social y la represión sistemática.
En este contexto de agotamiento nacional, el gobierno cubano percibe cualquier espacio de autonomía como una amenaza directa a su hegemonía. La masonería, con su capacidad de convocatoria, su estructura nacional y su tradición histórica de pensamiento liberal y filosófico, representa un reducto de sociabilidad que escapa a la propaganda oficial. La dictadura no tolera la existencia de instituciones que no estén subordinadas al Partido Comunista, por lo que ha desatado una ofensiva para neutralizarlas, ya sea mediante la cooptación de sus líderes o la criminalización de los disidentes.
La represión contra Viñas Alonso y Santiesteban Prats es un reflejo más de la política de Estado que ha encarcelado a cientos de manifestantes del 11J, que hostiga diariamente a la prensa independiente y que persigue a artistas y activistas. El uso de figuras penales para criminalizar actividades cotidianas, como el cambio de divisas en el mercado informal —una práctica generalizada dada la ineficiencia del sector bancario estatal—, demuestra la naturaleza instrumental de la justicia en Cuba, utilizada como un arma para el escarmiento político.
Reacción y consecuencias a futuro
Ante el anuncio de la destitución forzosa, los masones escocistas (aquellos que ostentan los grados del 4 al 33) han convocado a todos los miembros activos del Supremo Consejo a presentarse en la sede de la institución en La Habana para \»acompañar\» a Viñas Alonso, a quien reconocen como su único soberano legítimo. Esta convocatoria es un acto de visible desafío institucional en un país donde la concentración pública suele ser disuelta con violencia policial.
La escalada de hostigamiento contra la masonería cubana plantea un escenario de creciente confrontación entre el Estado y la sociedad civil. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos deberán prestar especial atención a este caso, ya que la criminalización de líderes religiosos y fraternales es un indicador del deterioro del estado de derecho en la isla. La capacidad de las instituciones independientes para resistir la embestida del régimen definirá, en gran medida, el futuro de la sociabilidad civil en una Cuba inmersa en su peor crisis contemporánea.
