Empresas estadounidenses exportaron a Cuba combustibles y derivados por un valor de 95.744.767 dólares durante el primer semestre del año, según un registro publicado por el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba (UCTEC). Este flujo comercial, destinado principalmente al incipiente sector privado y a ciudadanos de la isla, contrasta dramáticamente con el colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), gestionado por el gobierno cubano, que sufre apagones prolongados y déficits récord de generación.
Los datos revelan una aceleración significativa de los envíos en el cierre del período evaluado. Solamente en el mes de junio, las exportaciones alcanzaron los 47.842.674 dólares, representando prácticamente la mitad del total semestral. Esta tendencia marca un salto exponencial frente a los primeros meses del año, donde las exportaciones acumuladas hasta abril sumaban 24.011.314 dólares. En mayo, la cifra ascendió a 23.890.779 dólares, lo que indica que los dos últimos meses del semestre concentraron casi el 75% del valor total registrado. Este repunte coincide con la entrada en vigor de nuevas interpretaciones de las políticas comerciales estadounidenses respecto a la isla.
El desglose pormenorizado del UCTEC evidencia que la principal partida correspondió a fueloil ligero de bajo contenido de azufre, con un valor de 39,6 millones de dólares. Le siguen en importancia otros aceites de petróleo o de minerales bituminosos, que sumaron 25,5 millones, y las distintas gasolinas, con 16,4 millones. El resto de los envíos incluyó una variedad de productos como combustible para motores, queroseno, lubricantes, propano, mezclas con biocombustible y aceites usados. Geográficamente, los distritos aduaneros de Houston-Galveston y Miami concentraron la inmensa mayoría de las operaciones, con 92,8 millones del total, mientras que el resto de los cargamentos salieron desde Tampa y Nueva Orleans.
El marco legal que impulsa las importaciones privadas
Es crucial destacar que el reporte del UCTEC enumera el valor de cada producto y el distrito de salida, pero no identifica a los compradores finales, ni ofrece las cantidades físicas exportadas, ni precisa el destino exacto de cada partida dentro del territorio cubano. Por tanto, la cifra de 95,7 millones de dólares no equivale a un volumen específico de combustible ni acredita compras directas por parte del Estado. El UCTEC ubica estos envíos explícitamente entre los productos destinados al sector privado reemergente y a los ciudadanos particulares de la isla.
La aceleración de estos envíos responde a una decisión política de Washington. El 24 de febrero, la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de Estados Unidos aclaró que la excepción de licencia denominada \»Apoyo al pueblo cubano\» puede amparar exportaciones y reexportaciones de gas y derivados del petróleo de origen estadounidense a entidades privadas elegibles y a consumidores individuales en Cuba. Esta regla no establece límites específicos de cantidad o valor, pero exige rigurosamente que los productos se utilicen en actividades económicas privadas o se vendan directamente a particulares para uso personal o familiar.
La arquitectura de esta excepción está diseñada para evitar el enriquecimiento del aparato estatal. La medida no cubre operaciones que generen principalmente ingresos para el gobierno cubano o que contribuyan a su funcionamiento. Además, desde el 4 de marzo, el BIS suspendió su aplicación a cualquier transacción que implique depositar fondos extranjeros en un banco de propiedad cubana, ante el \»riesgo inaceptable\» de beneficiar principalmente al Gobierno o a sus servicios militares y de inteligencia. Las operaciones, por el contrario, deben canalizarse mediante bancos de terceros países.
Beneficiarios y advertencias de Washington
Una investigación periodística publicada en marzo identificó a los primeros beneficiarios de esta política: panaderías privadas, mayoristas que abastecen pequeños mercados urbanos y comercios en línea como Supermarket23, el cual logró reanudar sus entregas tras importar combustible de manera directa. En aquel momento, habían arribado a la isla unos 200 contenedores cisterna —en su inmensa mayoría con diésel—, cuyos cargamentos estaban reservados exclusivamente al uso de las empresas importadoras, sin autorización para la reventa comercial en el mercado negro.
El entonces secretario de Estado, Marco Rubio, presentó esta apertura como parte de una estrategia para colocar \»al sector privado y a los cubanos particulares —no afiliados al Gobierno ni a las Fuerzas Armadas— en una posición privilegiada\». Sin embargo, emitió una advertencia directa: \»Si descubrimos que el sector privado allí está haciendo trampa y desviándolo al régimen o a la empresa militar, si descubrimos que están moviendo ese producto de formas que violan el espíritu y el alcance de estos permisos, esas licencias serán canceladas\».
Ante la imposibilidad de abastecer el mercado interno por sus propios medios, el régimen de La Habana se vio obligado a ampliar el espacio legal para estas operaciones. El Ministerio de Finanzas y Precios reconoció la existencia de \»múltiples actores en condiciones de importar y comercializar combustibles en moneda extranjera\» y dispuso que los precios minoristas en divisas variaran según el costo real de cada importación. Poco después, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, anunció oficialmente la participación de capital privado y extranjero en la importación y comercialización de combustibles, incluida la red minorista, una concesión inédita que demuestra el fracaso del modelo estatal centralizado.
El colapso estructural del Sistema Eléctrico Nacional
Este circuito privado de abastecimiento coexiste con un endurecimiento de las sanciones contra el aparato petrolero estatal. El 11 de junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó a la empresa estatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET) en su \»Lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas\», bajo la Orden Ejecutiva 14404. Esta medida busca asfixiar financieramente a la dictadura cubana, limitando su capacidad de operar en el mercado internacional para adquirir combustible destinado a sus empresas y aparato represivo.
Sin embargo, el salto de las importaciones privadas no ha logrado mitigar la profunda crisis del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que se mantiene en niveles extremos de deterioro. La Unión Eléctrica informó recientemente que el servicio estuvo afectado por un déficit de capacidad durante las 24 horas del día, alcanzando una máxima afectación de 2.303 megavatios (MW). Para el horario pico, se pronosticaron apenas 975 megavatios disponibles frente a una demanda estimada de 3.250, además de 106 centrales de generación distribuida paralizadas por falta de combustible.
La situación ha llevado a apagones nacionales recurrentes. El SEN colapsó durante la noche del domingo y volvió a desconectarse el lunes durante las labores de recuperación, sumando ya tres apagones nacionales en el mes de julio. A la escasez crónica de combustible se suman las averías recurrentes de las termoeléctricas, el envejecimiento irreversible de la infraestructura y décadas de insuficiente inversión por parte de las autoridades de la isla. La falta de mantenimiento y la desidia burocrática han convertido la red eléctrica en una estructura frágil, incapaz de sostener la demanda de una nación de más de 10 millones de habitantes.
Contexto de la crisis sistémica y futuras implicaciones
El escenario actual es el reflejo de la crisis estructural que atraviesa Cuba. La inflación descontrolada, la pérdida del poder adquisitivo, la migración masiva y el desabastecimiento generalizado son síntomas de un modelo económico fallido. Durante décadas, la dictadura cubana ha mantenido el monopolio absoluto sobre la energía y el comercio, utilizando los recursos del Estado para financiar su aparato represivo y mantener a la población en la dependencia. La apertura forzada a actores privados en el sector combustible es un reconocimiento tácito de que el Estado es incapaz de garantizar la subsistencia básica.
La propia arquitectura de la excepción estadounidense limita severamente su impacto a nivel nacional. El combustible importado bajo estas licencias debe sostener actividades privadas o el consumo individual, no está destinado a inyectarse en el sistema energético estatal. Rubio reconoció en febrero que el sector privado cubano \»es bastante pequeño\» y que \»por sí solo no tiene la capacidad para afrontar la escala y el alcance de los desafíos\» del país. Esto genera una brecha insalvable: mientras el sector privado logra combustible para sus negocios y clientes con poder adquisitivo en divisas, la inmensa mayoría de la población sufre cortes de luz de hasta 20 horas diarias.
Las implicaciones políticas y sociales de esta dinámica son profundas. El régimen se enfrenta a un dilema insostenible: necesita del sector privado para evitar el colapso total del abastecimiento, pero teme que el crecimiento económico independiente erosione su control político. Por su parte, la comunidad internacional observa cómo la isla se fragmenta entre una economía paralela en dólares, abastecida desde el exterior, y un Estado pauperizado que se hunde bajo el peso de su propia ineficiencia. La continuidad de las exportaciones estadounidenses al sector privado dependerá de la capacidad de Washington para auditar estos envíos y evitar su desvío hacia las arcas militares de la dictadura, un desafío logístico y político en un entorno donde la opacidad es la norma.
