La crisis energética que mantiene a La Habana en la oscuridad ha destapado una profunda red de corrupción dentro de la Unión Eléctrica (UNE). Mientras la población soporta cortes de energía de hasta 50 horas, trabajadores de la empresa estatal desvían el fluido hacia mipymes y residencias de altos funcionarios a cambio de pagos en divisas, transformando un derecho ciudadano en un privilegio de compra.
El sofocante verano en la capital cubana se ha vuelto insoportable para miles de residentes que ven cómo sus neveras se detienen y sus alimentos se pudren, mientras a pocos metros de distancia, negocios privados y viviendas privilegiadas mantienen la iluminación intacta. Lo que durante meses fue un rumor en las colas y esquinas de barrios como Calabazar, Guanabacoa, San Miguel del Padrón y Diez de Octubre, hoy es una denuncia pública formalizada: el sistema de distribución eléctrica está siendo manipulado para favorecer a quienes pueden pagar sobornos.
El esquema de corrupción opera a través de acuerdos informales entre linieros, técnicos de la Empresa Eléctrica y administradores de comercios. Según los testimonios de vecinos, a cambio de cuotas mensuales en dólares estadounidenses o elevadas sumas en pesos cubanos, los trabajadores manipulan los circuitos de distribución, realizan conexiones clandestinas a líneas prioritarias y evitan los cortes programados en los bloques donde operan estos establecimientos comerciales.
Ante la magnitud de las protestas, las autoridades de la isla se vieron obligadas a reconocer parcialmente el problema. La Unión Eléctrica anunció la apertura de una investigación interna y un proceso penal contra varios de sus trabajadores en el municipio de Boyeros, acusándolos de manipular el servicio y desviar carga eléctrica hacia establecimientos privados a cambio de dinero e insumos. Sin embargo, para la población, esta medida resulta tardía e insuficiente frente a la impunidad generalizada y la falta de control institucional.
La indignación ciudadana crece en cada cuadra afectada. Carmen Rosa, residente en Boyeros, relata la desesperación de ver cómo un bodegón privado mantiene sus refrigeradores encendidos todo el día sin necesidad de plantas eléctricas, mientras su cuadra permanece sin servicio desde las ocho de la mañana hasta bien entrada la noche. Roberto, un jubilado de Diez de Octubre, denuncia la desfachatez del sistema, donde ancianos enfermos y niños pasan las noches en vela por el calor, mientras los congeladores de helados privados funcionan a máxima capacidad, con la complicidad de inspectores que avisan con antelación a los negocios antes de cualquier fiscalía.
La supervivencia empresarial en medio del colapso
Desde la perspectiva del sector privado, la corrupción es vista por algunos como una amarga herramienta de supervivencia. El combustible para alimentar generadores privados escasea y alcanza precios prohibitivos en el mercado negro, y las plantas eléctricas importadas no resisten el ritmo de los apagones actuales, quemándose o consumiendo hasta 20 litros de diésel diarios. Un administrador de un restaurante en el municipio de Playa, bajo condición de anonimato, admitió que pagar una cuota mensual a los técnicos de la UNE es la diferencia entre mantener el negocio a flote o la bancarrota absoluta.
Estas prácticas ilícitas no solo agravan la injusticia social, sino que profundizan el colapso técnico del sistema. Operarios de brigadas móviles han explicado que las conexiones irregulares y la sobrecarga constante de circuitos priorizados saturan los transformadores y desequilibran las cargas en las subestaciones. Esta manipulación provoca averías adicionales que, en última instancia, extienden y agravan los apagones en las zonas residenciales ya castigadas por el déficit de generación.
Protestas sociales y favores a la élite
La tensión ha derivado en estallidos sociales aislados pero significativos. Vecinos de diversos municipios han confrontado directamente a las brigadas de la Empresa Eléctrica mientras realizaban maniobras en los postes, exigiendo transparencia. Un caso emblemático ocurrió en El Fanguito, municipio Plaza, donde residentes bloquearon la céntrica calle 23 del Vedado en protesta por el desvío constante de energía. Según denunciaron, un vehículo desconecta su sector para alimentar un grupo de 19 viviendas ubicadas entre la calle 32 y Pasaje A, entre las que supuestamente se encuentra la residencia del ministro de Salud Pública y un campo de tiro, dejando a los vecinos locales sin luz durante 24, 40 y hasta 50 horas seguidas.
El colapso estructural del sistema energético
La trama de corrupción es solo la punta del iceberg de una crisis energética estructural que el régimen de La Habana ha sido incapaz de resolver. El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) sufre un deterioro acelerado, con centrales termoeléctricas que superan los 30 años de vida útil y un déficit crónico de combustible debido a la falta de divisas, la deuda externa y la ineficiencia de la economía centralizada. La capacidad de generación actual es insuficiente para cubrir la demanda mínima de la población, lo que obliga al gobierno cubano a aplicar cortes programados que en la práctica se han vuelto interminables.
Este escenario de desabastecimiento energético se entrelaza con la crisis económica general, caracterizada por una inflación galopante y la devaluación del salario real. La falta de electricidad paraliza la economía informal, afecta el bombeo de agua potable y colapsa los servicios de salud, que carecen de respaldos energéticos suficientes. La desesperación por estas condiciones de vida infrahumanas es uno de los motores principales del éxodo migratorio sin precedentes que vive la isla, donde miles de cubanos optan por el abandono del país ante la imposibilidad de prosperar.
Antecedentes de un modelo fallido
Los apagones masivos no son un fenómeno nuevo en Cuba, sino una constante que ha marcado las últimas décadas bajo el control de la dictadura cubana. Ya en la década de los 90, durante el llamado Período Especial, la isla sufrió cortes similares que generaron tensiones sociales. Posteriormente, entre 2004 y 2005, la crisis energética volvió a amenazar la estabilidad del régimen, obligando a implementar medidas paliativas como la distribución de equipos electrodomésticos y la creación de grupos electrógenos. Sin embargo, la falta de mantenimiento, la ausencia de inversiones reales y la dependencia de aliados geopolíticos han demostrado que el modelo centralizado es incapaz de garantizar un servicio básico y estable.
Un servicio público convertido en privilegio
La transformación del fluido eléctrico en una mercancía de acceso restringido para quienes pueden sobornar a los funcionarios de la UNE representa una fractura profunda en el ya mermado contrato social en Cuba. Mientras la dirigencia política y los nuevos actores económicos con capital compran su derecho a la energía, la mayoría de la ciudadanía se hunde en la oscuridad y la pobreza. La respuesta de la comunidad internacional y de las organizaciones defensoras de los derechos humanos debe centrarse en exigir transparencia y el cese de las políticas que ahogan al país.
Si las autoridades de la isla no abordan con urgencia la crisis de generación y la corrupción institucionalizada, la rabia acumulada en los barrios habaneros podría escalar hacia protestas de mayor envergadura. La manipulación de los circuitos eléctricos es un síntoma claro de la descomposición del aparato estatal. El futuro inmediato de Cuba se debate entre el agravamiento de la crisis humanitaria y la presión de una población que, a pesar de la represión, comienza a perder el miedo para exigir sus derechos más básicos frente a un sistema que los ha abandonado a su suerte.
