El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) ha exigido la derogación inmediata del Decreto 160/2026, una normativa impulsada por el régimen de La Habana que prohíbe de manera explícita a los actores económicos no estatales ejercer el periodismo, gestionar medios de comunicación y administrar espacios culturales. La medida, publicada en la Gaceta Oficial y prevista para entrar en vigor próximamente, consolida el monopolio informativo del Estado y representa un duro golpe contra la incipiente esfera privada y la libertad de prensa en Cuba.
El decreto, firmado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, establece una nueva clasificación de actividades vedadas para el sector privado, las mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia. Aunque sustituye el listado del anterior Decreto 107/2024, mantiene intacto el cerco sobre las principales actividades comunicacionales. La normativa prohíbe la publicación de periódicos, libros y revistas, así como el funcionamiento de editoriales, emisoras de radio y canales de televisión, reservando estos espacios exclusivamente para el aparato estatal.
La organización civil ha solicitado específicamente la eliminación de los numerales 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 67, 68, 69, 70, 71, 77 y 79 del anexo único de la norma. Entre las restricciones más severas destaca el numeral 67, que clasifica sin excepciones la \»Actividad de periodistas (9000)\» como una actividad no autorizada para los actores económicos no estatales. Esta disposición impide que los comunicadores y proyectos informativos independientes puedan constituirse legalmente bajo cualquier figura económica, obligándolos a operar en la clandestinidad o bajo constante amenaza.
El monopolio de la información y el control digital
El texto oficial también prohíbe a los actores no estatales operar agencias de noticias y servicios de información noticiosa, alegando en el numeral 42 que \»la información pública se reserva por su naturaleza\». Para el OCLE, esta formulación es la confirmación explícita de un monopolio gubernamental sobre la actualidad. La dictadura cubana únicamente permite la participación privada en labores auxiliares de producción, manteniendo el control absoluto sobre los canales de difusión y el contenido que llega a las audiencias.
El alcance represivo de la normativa se extiende al entorno digital. Los numerales 39 y 40 reservan para el Estado el servicio público de acceso a internet, la conducción de señales y la explotación de terminales satelitales. Además, se prohíben a privados los servicios de ciberseguridad, las investigaciones de incidentes y el análisis de infraestructuras críticas. El OCLE advirtió que estas limitaciones restringen severamente la capacidad de investigar técnicamente desde Cuba las constantes interrupciones del servicio, los bloqueos a sitios web y otros incidentes de conectividad que afectan a la población.
Cultura y asociacionismo bajo tutela estatal
En el ámbito cultural, las autoridades de la isla condicionan a la autorización estatal cualquier actividad literaria, artística o de programación en espacios públicos. El decreto impide a los actores económicos no estatales gestionar salas de conciertos, librerías, casas de cultura, teatros, bibliotecas físicas o digitales, archivos y museos. Se mantiene además la representación estatal obligatoria para que artistas puedan desarrollar profesionalmente actividades con fines comerciales, ahogando cualquier intento de gestión cultural autónoma.
La norma también prohíbe las asociaciones empresariales, profesionales y de otro tipo como actividades económicas no estatales. El OCLE señaló que esto impide a periodistas, editores y bibliotecarios independientes organizarse para defender colectivamente sus profesiones. Como prueba de esta asfixia legal, la organización citó al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), una entidad que agrupa a comunicadores independientes y que, bajo este nuevo marco, se encuentra de facto proscrita.
Un sistema legal diseñado para la represión
El artículo 2 del decreto excluye de su ámbito de aplicación a las mipymes estatales y a las organizaciones políticas y de masas reconocidas oficialmente. Esta diferenciación demuestra que las restricciones no recaen sobre la actividad de informar o publicar en sí misma, sino sobre quienes pretenden desarrollarla sin subordinación al Estado. La dictadura cubana ha diseñado un mecanismo jurídico para penalizar la independencia intelectual, dejando claro que el sector privado solo será tolerado si no desafía la hegemonía comunicacional del Partido Comunista.
El ICLEP situó esta nueva normativa dentro de un sistema integrado de represión que incluye la Ley de Comunicación Social y los decretos-leyes 370/2018 y 35/2021. Estas herramientas han sido utilizadas sistemáticamente para regular el espacio digital, criminalizar el activismo y silenciar las voces críticas. La entrada en vigor del Decreto 160 actualiza y perfecciona este andamiaje censor, adaptándolo a las realidades de la economía emergente pero cerrando cualquier resquicio de libertad empresarial en el sector de las ideas.
Contexto: Censura en medio del colapso estructural
La aprobación de este decreto no ocurre en el vacío, sino en medio de una de las peores crisis estructurales de la historia reciente de la isla. El gobierno cubano enfrenta una hiperinflación galopante, un desabastecimiento crítico de bienes básicos, colapsos constantes en el sistema eléctrico y un éxodo migratorio sin precedentes que ha vaciado al país de su fuerza laboral y juvenil. En este escenario de fracaso económico y social, el régimen de La Habana prioriza el control ideológico sobre cualquier reforma sustantiva que pueda aliviar el sufrimiento de la ciudadanía.
Mientras se permite la creación de pequeñas y medianas empresas para intentar dinamizar una economía en ruinas, el ejecutivo cubano se asegura de que estas no puedan incursionar en el ámbito de la información y la cultura. Esta contradicción revela el miedo del poder a la pérdida de hegemonía narrativa. Un sector privado próspero con capacidad de generar y distribuir información representaría una amenaza directa para la supervivencia del modelo autoritario, por lo que el Estado aplica un freno de mano duro a cualquier evolución que escape de su control totalitario.
Implicaciones y respuesta internacional
Las consecuencias de esta medida para la ciudadanía son profundas. Al ilegalizar el periodismo independiente, se priva a los cubanos de acceder a información veraz y plural sobre la realidad de su propio país, especialmente en momentos de emergencias climáticas, crisis sanitarias o protestas sociales. El OCLE ha reclamado a las relatorías para la libertad de expresión de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que den seguimiento al decreto, recordando que sus disposiciones contravienen abiertamente el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
De cara al futuro, la consolidación de este monopolio legal sobre la información augura un endurecimiento de la represión contra los comunicadores que persistan en su labor fuera de los márgenes estatales. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de la prensa libre enfrentan el reto de exigir responsabilidad a un régimen que, blindándose jurídicamente, profundiza su desconexión con los estándares democráticos universales. La isla se adentra en una nueva fase de oscurantismo informativo, donde el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos sigue siendo una quimera aplastada por el peso de la maquinaria estatal.
