El exprisionero político Michael Hernández Molina fue citado por la Policía Nacional Revolucionaria en Pinar del Río y posteriormente trasladado de forma clandestina a un centro de instrucción de la Seguridad del Estado, donde sufrió torturas físicas y psicológicas. La organización Cubalex denunció que las autoridades de la isla utilizaron métodos como la exposición a bajas temperaturas y amenazas de prisión para coartar su libertad de expresión en redes sociales.
De acuerdo con el reporte del Centro de Información Legal Cubalex, Hernández Molina, residente en el poblado de Briones Montoto, acudió a una unidad policial en la capital provincial tras ser citado, lo que le implicó un despliegue de recursos en medio de la aguda crisis del transporte que sufre el país. Una vez allí, un oficial identificado como \»capitán Dariel\» lo mantuvo en espera hasta la llegada del \»mayor Otoniel\». Posteriormente, los agentes lo subieron a un vehículo y lo trasladaron al centro conocido como \»El Técnico\», ubicado en el kilómetro 4½ de la carretera a San Juan y Martínez, sin notificar a su madre, quien permaneció unas cuatro horas ignorando el paradero de su hijo.
En las instalaciones de la Seguridad del Estado, el régimen de La Habana aplicó sus habituales tácticas de castigo. El \»mayor Otoniel\» dejó al activista en un cuarto de interrogatorio con dos aires acondicionados encendidos al máximo, exponiéndolo a temperaturas extremas durante un periodo prolongado, una práctica que constituye tortura física y psicológica. El interrogatorio se centró en sus publicaciones digitales, donde los agentes le advirtieron que podría enfrentar 20 años de prisión si continúa en el país y amenazaron con destruir su teléfono si lo sorprendían documentando cualquier actuación estatal.
Violaciones sistemáticas de los derechos humanos
Desde la perspectiva jurídica, Cubalex sostiene que estas acciones vulneran la libertad de expresión protegida por el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, el traslado sin notificación familiar encaja en la definición de desaparición forzada de corta duración, una práctica prohibida por convenciones internacionales. Este accionar se enmarca en el contexto de represión sistemática que ejerce la dictadura cubana contra la disidencia, utilizando el aparato judicial y policial para silenciar cualquier atisbo de crítica ciudadana mientras la nación se hunde en una profunda crisis económica, desabastecimiento y un masivo éxodo migratorio.
Tras la sesión de tortura, Hernández Molina fue liberado bajo advertencia de constante vigilancia y con la prohibición explícita de seguir publicando en redes sociales, obligándolo a regresar a pie hasta la ciudad de Pinar del Río. El caso refleja la impunidad con la que opera el aparato represivo en la isla y plantea serias dudas sobre la eficacia de los llamados internacionales al ejecutivo cubano para que respete las garantías procesales y los derechos fundamentales de su población.
