El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) sufrió una nueva desconexión total este viernes, marcando el octavo colapso de magnitud que experimenta la isla en lo que va de 2026. El fallo, originado poco antes de las dos de la tarde en la línea de 220 kilovoltios que conecta Matanzas con Cienfuegos, evidencia una vez más la fragilidad extrema de una infraestructura energética que el régimen de La Habana ha sido incapaz de modernizar durante décadas.
La Unión Eléctrica (UNE) atribuyó el colapso al disparo de una sección de la línea de alta tensión Matanzas-Cienfuegos, un evento que ocurrió a las 13:57. En un primer comunicado emitido a través de su perfil oficial de Facebook, la empresa estatal describió una afectación parcial que abarcaba desde Matanzas hasta Guantánamo, excluyendo las provincias occidentales. Sin embargo, en el mismo mensaje reconoció que «en este minuto se encuentra totalmente desconectado», confirmando la magnitud real del apagón.
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) confirmó la gravedad del suceso con un lenguaje laconico y desprovisto de detalles técnicos. «Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico», informó el organismo, limitándose a añadir que «ya comienzan a activarse los protocolos para la recuperación». La prensa oficialista, a través de Cubadebate, consignó que la caída dejó «sin servicio a todo el país», una admisión que confirma la incapacidad del gobierno cubano para garantizar un servicio básico esencial.
La comunicación oficial generó de inmediato confusión y frustración entre la población. Usuarios de provincias occidentales, incluida La Habana, reportaron estar sin electricidad pese a no figurar en el parte inicial de la UNE. «¿Y La Habana?», preguntó la ciudadana Yunia Figueredo en las redes sociales. «En La Habana no hay», respondió Yanet Andujar Iglesia, corroborando que la desconexión era nacional y que la información oficial llegaba tarde, incompleta o equivocada.
Un sistema al borde del colapso permanente
El disparo de la línea Matanzas-Cienfuegos se produjo sobre un sistema que ya operaba en condiciones críticas, al límite de su capacidad. La UNE había previsto para el horario de máxima demanda de este viernes una disponibilidad de apenas 1.233 megavatios (MW), frente a una afectación proyectada de 2.007 MW. Estos números revelan que más del 60% de la demanda no podía ser cubierta ni en el escenario más optimista del día.
El parque de generación llegó a esta jornada en estado calamitoso, con tres unidades termoeléctricas en avería y otras tres sometidas a mantenimiento. Según el parte informativo de la UNE correspondiente al 17 de septiembre, estaban fuera de servicio las unidades 5 y 8 de la termoeléctrica Máximo Gómez, en la Zona Especial del Mariel; la unidad 2 de la Lidio Ramón Pérez, en Felton; y la unidad 6 de la Antonio Maceo, en Renté. En mantenimiento se encontraban la unidad 3 de la Ernesto Guevara, en Santa Cruz; la 5 de la Antonio Maceo; y la 5 de la Diez de Octubre, en Nuevitas.
La escasez de combustible agravó aún más el panorama. El mismo reporte de la UNE documentó 106 centrales de generación distribuida fuera de servicio por indisponibilidad de combustible, junto con la Patana de Regla, la Patana de Melones, la Central Fuel de Mariel y la Central Fuel de Moa. Mientras tanto, los parques solares fotovoltaicos —presentados reiteradamente por las autoridades de la isla como la solución estructural a la crisis— aportaron 3.787 megavatios-hora el 16 de septiembre, con una potencia máxima de 589 MW, una fracción marginal de una demanda que roza los 3.200 MW.
Un año marcado por la oscuridad
Los ocho colapsos totales registrados en 2026 se han concentrado en tandas que reflejan el deterioro acelerado del sistema. Dos ocurrieron en marzo, tres en julio y dos en agosto, estos últimos con menos de 24 horas de diferencia. El primero de agosto se produjo un domingo a las 22:43, y el segundo al día siguiente, hacia las 5:00 de la tarde, cuando el servicio se restablecía y una oscilación volvió a desconectar el sistema, anulando todos los avances logrados durante la jornada.
La primera desconexión de marzo mantuvo al país sin electricidad durante 29 horas y 29 minutos, una eternidad para una población que depende del fluido eléctrico para conservar alimentos, bombear agua, cocinar y, en muchos casos, mantener equipos médicos funcionando. Los apagones ordinarios, aquellos que no constituyen desconexiones totales pero que afectan a millones de personas diariamente, se acercan a los máximos históricos del sistema. El 14 de mayo el déficit alcanzó 2.204 MW, la cifra más alta del año, superando los 2.185 MW registrados el 8 de diciembre de 2025.
La crisis estructural que el régimen no resuelve
El recuento acumulado desde el deterioro sistémico que comenzó en octubre de 2024 arroja un balance devastador: doce colapsos masivos, incluyendo el de este viernes. La causa raíz es doble: el agotamiento de unas termoeléctricas con más de cuatro décadas de explotación continua sin renovación tecnológica significativa, y la escasez crónica de combustible para sostener la generación distribuida. Ambos factores son consecuencia directa de las decisiones del gobierno cubano, que ha priorizado el control político sobre la inversión en infraestructura básica.
La crisis energética no es un fenómeno aislado, sino la manifestación más visible del colapso generalizado que atraviesa la isla. La inflación galopante, la depreciación del peso cubano, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y el deterioro del sistema de salud se entrelazan con los apagones para configurar un escenario de supervivencia cotidiana para millones de cubanos. La falta de electricidad impide el funcionamiento de bombas de agua, daña alimentos refrigerados, interrumpe servicios médicos y paraliza la ya maltrecha actividad económica del sector privado.
El régimen de La Habana ha intentado presentar los parques solares fotovoltaicos como la vía de salida de la crisis, pero los datos demuestran que esta estrategia, aun siendo necesaria, resulta insuficiente ante la magnitud del problema. Con una potencia máxima de 589 MW frente a una demanda cercana a los 3.200 MW, la energía solar cubre apenas el 18% del consumo, y solo durante las horas de insolación. La ausencia de sistemas de almacenamiento a escala hace que esta contribución sea marginal para resolver los déficits nocturnos, cuando la demanda se mantiene alta y la generación solar es nula.
Consecuencias para la población y perspectivas
El impacto de estos colapsos repetidos trasciende la incomodidad temporal. La incertidumbre permanente sobre el suministro eléctrico ha convertido la vida cotidiana en un ejercicio de improvisación constante. Los cubanos han recurrido a cocinas de leña, paneles solares individuales, baterías y grupos electrógenos cuando pueden acceder a ellos, generando un mercado paralelo de soluciones que profundiza las desigualdades sociales. Quienes pueden pagar en divisas acceden a alternativas; quienes dependen del salario promedio en pesos cubanos quedan a merced del colapso.
El exodo migratorio, que ha alcanzado cifras récord en los últimos años, encuentra en la crisis energética una de sus motivaciones centrales. La imposibilidad de llevar una vida mínimamente digna bajo un sistema que no garantiza electricidad, agua ni alimentos de forma estable empuja a miles de cubanos a abandonar la isla cada mes. La dictadura cubana, en lugar de abordar las causas estructurales de la crisis, ha optado por la represión de quienes protestan, la censura de quienes informan y la criminalización de la disidencia, profundizando el ciclo de deterioro y descontento social.
La comunidad internacional ha observado con creciente preocupación el deterioro de las condiciones de vida en Cuba, pero las respuestas políticas concretas han sido limitadas. Mientras el gobierno cubano continúa atribuyendo la crisis al embargo de Estados Unidos —un argumento que pierde credibilidad ante la evidencia de décadas de mala gestión, corrupción institucionalizada y falta de inversión en infraestructura— los cubanos enfrentan un invierno que se anuncia con más apagones, más escasez y menos esperanzas de que el régismo asuma la responsabilidad por el desastre que ha provocado. El octavo colapso del SEN en 2026 no es un accidente: es la consecuencia previsible de un modelo que ha fracasado.
