La compañía marítima Crowley Maritime Corporation ha alcanzado un acuerdo confidencial para poner fin a una demanda presentada bajo el Título III de la Ley Helms-Burton. El litigio, radicado en un tribunal federal de Florida, acusaba a la empresa de beneficiarse de terrenos confiscados por el régimen cubano para sus operaciones logísticas en el puerto del Mariel, un enclave gestionado por el aparato militar de la isla.
El caso fue llevado ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida por Odette Blanco de Fernández, en representación de los intereses de la familia Blanco Rosell, quienes fueron despojados de sus propiedades tras el ascenso al poder del castrismo. Según documentos judiciales citados por el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, ambas partes notificaron a inicios de febrero un \»acuerdo en principio\» tras una mediación liderada por el exjuez Michael Hanzman. Posteriormente, a finales de abril, presentaron una solicitud conjunta para desestimar el caso \»con perjuicio\», una fórmula legal que cierra definitivamente la vía judicial y impide reabrir el litigio en el futuro.
La demanda se centraba en las operaciones marítimas y logísticas de Crowley en el puerto del Mariel, ubicado al oeste de La Habana. Este enclave, promocionado por las autoridades de la isla como un pilar fundamental para la atracción de capital extranjero, es administrado por entidades vinculadas a GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas. Los demandantes argumentaron que la naviera operó en instalaciones construidas sobre terrenos expropiados a su familia, e indicó que continuó con sus actividades incluso después de recibir notificaciones formales sobre la reclamación patrimonial.
Riesgos legales para la inversión en zonas del régimen
El litigio se amparó en el Título III de la Ley Helms-Burton, una disposición que permaneció suspendida durante más de dos décadas hasta su activación en 2019 por la administración de Donald Trump. Esta normativa permite a ciudadanos estadounidenses demandar a compañías que se benefician de propiedades nacionalizadas por la dictadura cubana tras 1959. Aunque los términos económicos del acuerdo con Crowley permanecen bajo estricta confidencialidad, el desenque marca un precedente para otras corporaciones internacionales que utilizan la infraestructura del Mariel.
El cierre de este caso evidencia el riesgo legal persistente para las empresas que deciden operar en zonas de desarrollo promovidas por el gobierno cubano sobre propiedades reclamadas. Navieras como Seaboard Marine y CMA CGM, también demandadas por sus operaciones en la Terminal de Contenedores del Mariel, ya habían llegado a acuerdos confidenciales similares para cerrar sus respectivos casos. Fuentes vinculadas al proceso anticipan que corporaciones como A.P. Moller-Maersk y MSC Mediterranean Shipping Company podrían optar por la misma vía de acuerdos privados, lo que supone un nuevo obstáculo para los planes del régimen de La Habana de capitalizar su infraestructura logística con capital foráneo.
