El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) condenó la inclusión del conglomerado militar GAESA y la empresa Moa Nickel S.A. en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos. La medida, derivada de una orden ejecutiva emitida el 1 de mayo, amplía el riesgo de sanciones a actores extranjeros que operen en sectores estratégicos de la economía isleña, intensificando el aislamiento financiero del régimen de La Habana.
La orden ejecutiva estadounidense autoriza el bloqueo de bienes bajo jurisdicción de EE. UU. a personas extranjeras que operen en los sectores energético, de defensa, metales, minería y servicios financieros de la isla. En respuesta, la cancillería cubana emitió un comunicado calificando la acción como \»un acto de agresión económica despiadada\» y advirtió sobre la posible aplicación de sanciones secundarias a bancos y empresas internacionales, incluso si sus vínculos con EE. UU. no están relacionados con Cuba. El gobierno cubano sostiene que estas restricciones obstaculizarán aún más el funcionamiento de la economía nacional, sumando presión a la ya crítica situación derivada de las medidas previas sobre el suministro de combustible.
El paquete coercitivo impacta directamente a GAESA, el holding empresarial de las Fuerzas Armadas que controla una porción central de la economía estatal; a su presidenta ejecutiva, Ania Guillermina Lastres Morera; y a Moa Nickel S.A. El efecto inmediato de la normativa se materializó en el sector privado extranjero cuando la corporación canadiense Sherritt International anunció la suspensión inmediata de sus actividades en empresas mixtas en la isla y comenzó los trámites para repatriar a su personal. La OFAC estableció un periodo de gracia hasta el 5 de junio para liquidar operaciones ordinarias, pero la advertencia sobre las transacciones con el conglomerado militar es categórica.
Contexto de crisis y control militar de la economía
Aunque las autoridades de La Habana acusan a Washington de intentar generar una \»catástrofe social\» y una crisis humanitaria, la realidad estructural de la isla responde a décadas de mala gestión y ausencia de libertades. El control de GAESA sobre los sectores más rentables de la economía nacional es un síntoma del monopolio del poder por parte de la dictadura cubana, que ha priorizado el sostenimiento de su aparato represivo y burocrático frente al bienestar de la población. La escasez crónica, la hiperinflación y el colapso de los servicios básicos se han agravado no solo por las medidas internacionales, sino por la ineficiencia del modelo económico impuesto por el ejecutivo cubano, que actualmente enfrenta un éxodo migratorio sin precedentes.
Paralelamente, expertos independientes de derechos humanos de la ONU criticaron recientemente la orden ejecutiva de enero sobre el combustible, señalando que equivale a una \»inanición energética\» con graves consecuencias para el desarrollo de la isla y el acceso a servicios esenciales. Mientras tanto, el endurecimiento del cerco financiero sobre el sector militar y minero cubano augura un escenario de mayor escasez de divisas y desabastecimiento para la ciudadanía. La comunidad internacional observa cómo el régimen de La Habana se aisla cada vez más, atrapado entre la presión externa de las sanciones y la incapacidad interna para implementar reformas democráticas y económicas que alivien el sufrimiento de los cubanos.
