Alexander Díaz Rodríguez, uno de los manifestantes arrestados durante las protestas del 11 de julio en Artemisa, fue excarcelado tras cumplir íntegramente una condena de cinco años. En su primer testimonio público, el hombre de 45 años denuncia haber sufrido palizas, hambre extrema y negligencia médica en las prisiones de la isla, de donde sale con un diagnóstico de cáncer no tratado y una salud física devastada.
Díaz Rodríguez muestra las secuelas físicas de su encierro: una pérdida de peso superior a las 100 libras y una debilidad que le impide caminar sin detenerse a recuperar el aliento. El ex preso político asegura que la alimentación en los centros penitenciarios era insuficiente, limitándose a raciones minúsculas de arroz, sopas aguadas y picadillo. Además de la desnutrición, relata haber sido víctima de violencia física por parte de los carceleros. \»Me dieron golpes en unas tres ocasiones; en una de ellas me partieron dos costillas y varios dientes y muelas\», denunció, mostrando el daño en su maxilar superior. Tras las palizas, la dictadura cubana lo confinaba en celdas de castigo, aislado, sin atención médica y soportando temperaturas extremas durante días.
La situación carcelaria se agravó por la falta de atención a su salud. Durante su tránsito por prisiones como Guanajay, Taco Taco y Kilo 8, los médicos le diagnosticaron un cáncer de tiroides maligno que requería tratamiento urgente, el cual nunca recibió. Su cuadro clínico se complicó aún más al contraer COVID-19 y hepatitis B, sumándose a una progresiva pérdida de visión. Cuando un médico civil prescribió una dieta reforzada para contrarrestar su deterioro, los guardias del penal ignoraron la orden y se burlaron de la petición, evidenciando la crueldad institucionalizada del régimen de La Habana hacia los disidentes.
Represión extrapenitenciaria y exclusión social
El caso de Díaz Rodríguez ilustra el mecanismo de represión y exclusión social implementado por las autoridades de la isla contra quienes participaron en las manifestaciones de 2021. Tras su excarcelación, el calvario del opositor continúa en las calles. Sin vivienda propia —había vendido su casa antes del 11J con la intención de emigrar, pero perdió el dinero en el intento—, ahora sobrevive en cuartos de alquiler precarios y depende de la caridad de amigos y vecinos para alimentarse. La Seguridad del Estado mantiene una vigilancia activa sobre él, amenazando a los propietarios que le alquilan y advirtiéndole con un nuevo encarcelamiento si participa en protestas públicas.
La trayectoria de este ex preso político refleja una crisis de derechos humanos que persiste en Cuba, donde la tortura y el abandono médico son utilizados como herramientas de escarmiento político. La impunidad con la que actúan los órganos de seguridad del Estado plantea serias interrogantes sobre la voluntad del gobierno cubano para respetar los convenios internacionales firmados en materia de trato a los reclusos. Mientras la comunidad internacional demanda la liberación de los presos del 11J, los sobrevivientes de estas condenas emergen en un panorama de miseria y persecución constante, evidenciando el fracaso de las políticas de contención social del régimen.
