El adolescente de 16 años Jonathan David Muir Burgos, recluido en el penal de Canaleta en Ciego de Ávila, ha denunciado ante su familia un severo deterioro de salud, desnutrición y plagas en su celda. El menor, procesado por participar en protestas pacíficas, permanece en un centro para adultos tras ser rechazadas sus solicitudes de libertad por los tribunales del régimen.
En una llamada telefónica realizada en la madrugada, el joven comunicó a su padre, el pastor evangélico Elier Muir, su desesperación ante el estado físico y emocional que sufre. \»Ya no resisto más\», habría expresado el adolescente, quien presenta una pérdida considerable de peso. La familia ha denunciado que el régimen de La Habana mantiene al menor con una sola ración diaria de alimentos, servida en la tarde, obligándolo a depender de las provisiones que sus allegados logran enviarle y que, además, comparte con otros reclusos.
A la inanición se suman las precarias condiciones sanitarias del establecimiento penitenciario. Jonathan reportó una fuerte infestación de chinches que le impide dormir y agrava una enfermedad dermatológica crónica que padece. \»Me están infectando la piel\», relató el joven, quien también carece de acceso a productos básicos de higiene como jabón. El religioso Félix Lleonart, quien difundió el testimonio, calificó estas condiciones como una forma de tortura y exigió atención médica urgente.
El adolescente fue arrestado el pasado 16 de marzo cuando acudió junto a su padre a una citación policial en Morón. Aunque el religioso fue liberado, el menor permaneció bajo custodia y fue procesado por el presunto delito de sabotaje, vinculado a las protestas del 13 de marzo. Estas movilizaciones surgieron espontáneamente en respuesta a un apagón de más de 26 horas y la escasez crónica de alimentos. Desde el 3 de abril, las autoridades de la isla mantienen al joven en Canaleta, una prisión para adultos, donde en sus primeros días tuvo que dormir en el suelo para evitar un colchón plagado de insectos.
Represión sistemática y colapso penitenciario
El caso de Muir Burgos ilustra la política de criminalización de la protesta social ejercida por la dictadura cubana, que utiliza el sistema penal para silenciar el descontento ciudadano frente a la crisis estructural de la isla. Las gestiones legales para liberar al menor han sido inútiles: tanto el recurso de hábeas corpus como la solicitud de cambio de medida cautelar fueron rechazados por la judicatura, subordinada al poder político.
La reclusión de un menor de edad en un penal de adultos, sumada a la privación de alimentación y atención médica, constituye una grave violación de los derechos humanos que compromete aún más el futuro del joven. Esta situación reaviva el reclamo de organizaciones internacionales y de la sociedad civil para que el ejecutivo cubano cese la represión contra los manifestantes y garantice la integridad física de los presos políticos, especialmente los sectores más vulnerables.
