Un anciano de 81 años en el municipio de Mayarí, provincia de Holguín, se negó a pagar una multa de 21.000 pesos impuesta por las autoridades cubanas por comercializar fósforos y pegamento sin licencia, denunciando que su pensión tras 48 años de trabajo es insuficiente para sobrevivir. El caso evidencia la persecución burocrática y policial contra el trabajo por cuenta propia en medio de la profunda crisis económica que asola la isla.
Manuel Herrera Acosta hizo pública su denuncia a través de redes sociales, donde relató que se vio obligado a montar un pequeño punto de cafetería para complementar la \»miseria de chequera\» que recibe del Estado. Tras casi cinco décadas de labor ininterrumpida, su pensión no le permite acceder a bienes básicos en una economía cada vez más dolarizada. Inspectores del gobierno cubano acudieron a su local y le impusieron la severa sanción económica por vender estos artículos sin la autorización correspondiente, ignorando que Herrera Acosta había solicitado el permiso legal hace más de un año sin recibir respuesta alguna.
Ante la arbitrariedad administrativa, el jubilado optó por desafiar a la dictadura cubana y aseguró que no abonará la multa. \»Que vengan a meterme preso con 81 años\», manifestó en un acto de desobediencia que ha generado un fuerte respaldo entre los ciudadanos. Herrera Acosta detalló que intentó resolver la situación por las vías institucionales, acudiendo a la dirección del Poder Popular, pero calificó la respuesta del funcionario a cargo como \»completamente irracional\», denunciando que la única intención del aparato estatal es \»multar y multar\».
Persecución al sector privado y colapso sistémico
El caso de Herrera Acosta no es un hecho aislado, sino un reflejo de la asfixia económica y la represión contra el sector privado en Cuba. Desde 2024, el régimen de La Habana ha reforzado el despliegue de inspectores para fiscalizar la actividad económica no estatal, criminalizando las estrategias de supervivencia de miles de cubanos ante el desplome del poder adquisitivo de los salarios y pensiones. El anciano cuestionó las prioridades de las autoridades en un contexto de crisis nacional, señalando la hipocresía de un sistema que persigue a los trabajadores mientras ignora la acumulación de basura, los baches en las calles, la escasez de combustible, los apagones prolongados y el colapso bancario.
Para justificar su decisión de exponer públicamente el abuso, el jubilado citó a José Martí al afirmar que \»ver un crimen en calma es lo mismo que cometerlo\». Esta declaración ilustra la desesperación de una población atrapada en un modelo económico fallido donde la moneda nacional perdió su valor y el acceso a la alimentación depende del acceso a divisas extranjeras.
Mientras el ejecutivo cubano intensifica el control sobre los pequeños negocios para recaudar y someter a la ciudadanía, los cubanos enfrentan el dilema de sumirse en la pobreza, emigrar o resistir un sistema que castiga el trabajo formal y premia la inoperancia estatal. La creciente indignación social ante este tipo de abusos burocráticos contra los sectores más vulnerables augura un escenario de mayor tensión política y desgaste institucional en la isla.
