Ángel Jesús Véliz Marcano, condenado a seis años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, fue confinado en una celda de castigo en una prisión de Camagüey tras iniciar una huelga de hambre para exigir la libertad de los presos políticos. La denuncia fue realizada por su madre, Ailex Marcano Fabelo, desde el exilio, quien teme por la integridad física de su hijo.
De acuerdo con el relato de Marcano Fabelo, la información sobre el aislamiento de su hijo le llegó a través de familiares que se encontraban en las afueras del penal. Previamente, en una llamada telefónica de cinco minutos monitoreada por la Seguridad del Estado, el joven había manifestado su agotamiento ante la constante represión y su decisión de \»plantarse\» en defensa de las libertades en Cuba. Horas después de esa comunicación, otro recluso avisó sobre su traslado a la celda de castigo, dejando a la familia sin detalles sobre su estado de salud actual.
La persecución contra Véliz Marcano ha estado acompañada por un hostigamiento sistemático hacia su entorno familiar. Su madre detalló que, mientras residía en la isla, fue sometida a detenciones en calabozos con reclusas comunes y a torturas psicológicas por parte de los órganos represivos. En un episodio que precipitó su salida del país, las autoridades de la isla la obligaron a desnudarse durante un control en una unidad de la Seguridad del Estado en Camagüey, le impidieron ver a su hijo y utilizaron la humillación para infligir un mayor daño psicológico al preso.
Represalia institucional y negación de beneficios penitenciarios
A pesar de cumplir con los requisitos legales para acceder a la libertad condicional, la dictadura cubana mantiene a Véliz Marcano sin rebajas en su cómputo de sanción. Según denunció su madre, la negación de cualquier beneficio penitenciario responde estrictamente a su postura firme contra el régimen y al activismo de su progenitora. Esta práctica de castigo prolongado es una constante en el tratamiento institucional hacia los cientos de cubanos sancionados por el 11J, utilizados como escarmiento social mientras la nación atraviesa una profunda crisis económica y un éxodo migratorio sin precedentes.
El caso de este joven camagüeyano desmiente frontalmente las recientes declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel, quien ha negado públicamente la existencia de presos políticos en el país. Mientras las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional exigen transparencia sobre las condiciones carcelarias en la isla, las familias de los manifestantes encarcelados continúan enfrentando el miedo a la retaliación estatal y la incertidumbre sobre el destino de sus seres queridos bajo un sistema que penaliza la exigencia de libertades democráticas.
