La representante por el distrito 27 de Florida, María Elvira Salazar, rechazó el indulto masivo anunciado por el gobierno cubano, señalando que la medida busca acaparar titulares internacionales mientras se mantiene el encierro de los presos políticos en la isla. La legisladora advirtió que la opacidad del régimen impide verificar la identidad de los excarcelados y denunció la continuidad de la persecución contra figuras opositoras clave.
El ejecutivo cubano anunció la excarcelación de 2.010 sancionados amparándose en el artículo 90 de la Constitución y presentando la acción como un \»gesto humanitario\». Según el comunicado oficial, los beneficiarios fueron seleccionados tras un análisis de su conducta, salud y avance en el cumplimiento de la pena, priorizando a mujeres, jóvenes, adultos mayores y extranjeros. Sin embargo, el propio texto detalla que se excluyen los condenados por \»delitos contra la autoridad\», una categoría frecuentemente utilizada para criminalizar la disidencia, así como a reincidentes.
Desde Miami, Salazar replicó la narrativa oficial a través de un mensaje en la red social X, donde afirmó que el poder en la isla \»libera a unos pocos para titulares mientras oculta la verdad\». La congresista subrayó la falta de transparencia, ya que las autoridades no publicaron la lista nominal de los indultados. En su declaración, mencionó explícitamente a activistas y manifestantes como Maykel Castillo Pérez (Maykel Osorbo), Félix Navarro Rodríguez, Sayli Navarro Álvarez, Miguel Díaz Bauzá y Luis Manuel Otero Alcántara, confirmando que permanecen tras las rejas pese a la medida.
Opacidad institucional y criminalización de la protesta
La ausencia de listas oficiales dificulta la verificación independiente, un patrón constante en este tipo de medidas. Hasta el momento del anuncio, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos no había registrado la liberación de ningún preso de conciencia. Reporteros de agencias internacionales que acudieron a la prisión habanera de La Lima confirmaron que los primeros liberados cumplían penas por delitos comunes, no por participar en las protestas antigubernamentales. La dictadura cubana, que niega sistemáticamente la existencia de presos políticos, omitió en su comunicado si había indultado a ciudadanos condenados por desorden público, desacato o terrorismo, cargos habitualmente imputados a los disidentes.
Este indulto, el quinto desde 2011 según datos oficiales, ocurre en un contexto de profunda crisis estructural y agudo deterioro social en Cuba. Mientras el régimen de La Habana proyecta una imagen de clemencia hacia delincuentes comunes, organizaciones como Prisoners Defenders documentaban recientemente un total de 1.214 personas encarceladas por razones políticas. La maniobra de liberación selectiva evidencia una vez más la desconexión entre los gestos institucionales y la realidad represiva que sufren los ciudadanos. Ante esta situación, la exigencia de la comunidad internacional y de figuras como Salazar se centra en demandar una apertura democrática real y la liberación incondicional de todos los disidentes, frente a la concesión de beneficios penitenciarios opacos que no alteran el control absoluto del Estado.
