El Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria confirmó una última asignación de 16,3 millones de dólares para la isla, correspondiente al periodo 2027-2029. A partir de 2033, tras tres décadas de cooperación, el régimen de La Habana deberá asumir por cuenta propia la atención de los cerca de 35.000 cubanos que viven con el virus, un reto que choca frontalmente con la profunda crisis del sector salud.
La viceministra de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Déborah Rivas, reconoció que el gobierno cubano dispone de un plazo de seis años para prepararse ante el cese de los recursos externos. Sin embargo, la funcionaria omitió detallar cuáles serán los mecanismos económicos para garantizar la sostenibilidad del programa de respuesta al VIH en un país sumido en la hiperinflación, la escasez de divisas y el desabastecimiento crónico de medicinas.
La transición hacia una gestión autónoma se complica aún más por las barreras impuestas por la dictadura cubana a la sociedad civil. Gustavo Valdés Pi, coordinador nacional de la Red HSH, advirtió que el principal obstáculo para movilizar nuevas fuentes de financiamiento no es económico, sino institucional. El activista insistió en la urgencia de otorgar personalidad jurídica a las redes comunitarias, un trámite que el Ministerio de Justicia mantiene bloqueado de forma deliberada, evidenciando la política de asfixia y control estatal sobre cualquier iniciativa independiente.
Colapso preventivo y urgencias hospitalarias
El deterioro de la labor preventiva ya es una realidad alarmante en la isla. Yoire Ferrer Savigne, vicepresidente del Mecanismo de Coordinación de País (MCP), alertó sobre una reducción del 37 % en el diagnóstico del VIH durante el último año. Pese a esta caída en las pruebas, los hospitales siguen recibiendo personas en estado crítico, lo que confirma el debilitamiento de la infraestructura sanitaria y la incapacidad de las autoridades de la isla para mantener programas básicos de vigilancia epidemiológica.
El retiro del Fondo Mundial expone la vulnerabilidad de un sistema de salud que, tras décadas de propaganda oficial, depende de la caridad internacional para tratar enfermedades crónicas. Con el éxodo masivo de profesionales médicos, la falta de insumos básicos y la prioridad del régimen de La Habana en reprimir a la población antes que garantizar su bienestar, el panorama para los pacientes seropositivos se presenta sombrío. La comunidad internacional y los organismos de salud deberán monitorear de cerca cómo el ejecutivo cubano gestionará esta transición, ante el riesgo inminente de un repunte epidémico que afectará directamente a los sectores más vulnerables de la nación.
