El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) documentó 128 agresiones contra la libertad de expresión y prensa durante el mes de febrero, lo que representa un incremento del 172 % respecto al mismo periodo del año anterior. El informe revela un cambio alarmante en el patrón represivo de la dictadura cubana, que ahora castiga con mayor frecuencia a ciudadanos comunes sin afiliación política, consolidando un modelo de vigilancia y hostigamiento permanente.
El observatorio detalló en su más reciente informe que las violaciones a la libertad de expresión pasaron de 42 a 111 en el último año, mientras que las agresiones contra la prensa aumentaron de cinco a 17. Aunque las agresiones específicas contra periodistas experimentaron una ligera disminución respecto al mes de enero, el ICLEP advierte que esto no refleja una mejora en las condiciones de libertad, sino que evidencia cómo el régimen de La Habana ha expandido su radio de acción hacia sectores sociales más amplios. De hecho, el grupo más numeroso entre las víctimas identificadas durante febrero correspondió a ciudadanos sin perfil político definido, con 24 casos documentados.
El análisis de los datos expone una transformación en las tácticas de control social. Si bien las detenciones arbitrarias se mantuvieron como una herramienta recurrente con 40 casos, el indicador dominante fue el de ataques, amenazas y agresiones psicológicas, que se disparó a 52 incidentes. A esto se suman 25 casos de uso abusivo del poder estatal. La conclusión del informe es contundente: la represión en la isla ha dejado de ser episódica para convertirse en un mecanismo de control constante, donde el Estado no solo reacciona ante hechos concretos, sino que opera bajo una lógica de vigilancia exhaustiva ante cualquier manifestación de descontento, incluyendo publicaciones en redes sociales o expresiones simbólicas.
Una política de Estado con alcance nacional
La responsabilidad de estas violaciones recae directamente sobre las estructuras de seguridad del Estado. La Seguridad del Estado estuvo vinculada al 68,8 % de los hechos documentados, seguida por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) con 31 casos, y los sistemas penitenciario y judicial con 12 incidentes en conjunto. Esta distribución confirma que las agresiones no son excesos aislados de funcionarios, sino el resultado de una política articulada por el gobierno cubano, donde distintas instituciones actúan de manera complementaria para vigilar, detener, judicializar y castigar. Geográficamente, La Habana concentró la mayor cantidad de agresiones (46), seguida por Camagüey y Holguín, demostrando que el cerco represivo abarca todo el territorio nacional y no se limita a focos locales.
El escalamiento de la represión ocurre en medio de una profunda crisis estructural que atraviesa la isla, marcada por la inflación, el colapso de los servicios públicos y un éxodo migratorio sin precedentes. Al criminalizar incluso las expresiones simbólicas o las denuncias sobre violaciones en cárceles, la dictadura cubana profundiza el asfixio social y cierra los escasos espacios de desahogo ciudadano. Ante este panorama, la presión de la comunidad internacional y la exigencia de respeto a los derechos fundamentales se vuelven imperativas para contener un aparato estatal que ha demostrado su disposición a penalizar la disidencia y el descontento popular con una severidad creciente.
