El viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior, Oscar Pérez-Oliva Fraga, anunció nuevas medidas para atraer capital de los cubanos residentes en el exterior, incluyendo la apertura del sector bancario. Sin embargo, la iniciativa choca frontalmente con el marco legal centralizado del país y la persistente represión política que motivó el exilio de millones de ciudadanos.
El titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera detalló recientemente una serie de políticas orientadas a fomentar la participación económica de la diáspora. El ejecutivo cubano busca una supuesta descentralización económica, una mayor participación del capital extranjero y la diversificación del sector privado. No obstante, estas declaraciones contrastan de manera directa con los preceptos establecidos en la Constitución de 2019, que consagran la centralización estatal absoluta sobre los medios de producción y la dirección planificada de la economía.
Los artículos 18 y 19 de la Carta Magna establecen de forma explícita que el Estado dirige, regula y controla la actividad económica bajo un sistema de planificación socialista. En este contexto, la promesa de \»descentralización\» ofrecida por las autoridades de la isla carece de sustento jurídico real. Cualquier intento genuino de apertura exigiría reformas profundas en la legislación, algo que el régimen de La Habana ha mostrado escasa voluntad para ejecutar, manteniendo intacto su monopolio sobre la gestión económica nacional.
Apertura financiera sin garantías institucionales
Pérez-Oliva Fraga también anunció la apertura del sector financiero bancario a la inversión foránea, mediante la creación de fondos de cooperación sujetos a licencias del Banco Central de Cuba. Esta medida genera un profundo escepticismo debido a la total falta de autonomía de la entidad bancaria, la cual opera subordinada a las directrices del gobierno cubano. La discrecionalidad en la concesión de licencias plantea serias dudas sobre la viabilidad de un sistema financiero transparente y confiable para los potenciales inversores.
Más allá de las barreras jurídicas y burocráticas, el obstáculo principal para cualquier iniciativa de inversión radica en la naturaleza del sistema político. La inexistencia de un Estado de derecho, la falta de libertades públicas y la constante represión ejercida por la dictadura cubana son las causas fundamentales del éxodo de más de dos millones de ciudadanos. Exigir a la diáspora que arriesgue su capital en una economía controlada por el mismo aparato que orilló a su salida representa un despropósito que ignora la crisis estructural y la violación sistemática de los derechos humanos en la isla.
En definitiva, las medidas anunciadas parecen responder más a la urgencia del régimen por obtener liquidez frente al colapso productivo y la inflación galopante que a un cambio de modelo real. Mientras persistan los presos políticos, la censura y la falta de garantías jurídicas, la comunidad internacional y la propia diáspora mantendrán una postura de cautela, conscientes de que la recuperación económica de Cuba es indivisible de su democratización.
