La Habana. — Los prolongados cortes de electricidad que sufre la isla han transformado la rutina diaria de alimentarse en un suplicio para millones de cubanos, quienes se ven obligados a comer a oscuras, con el consecuente riesgo de accidentes domésticos, desperdicio de alimentos y tensiones sociales que, en numerosas ocasiones, derivan en confrontaciones con las fuerzas del orden.
La crisis energética que atraviesa Cuba ha alcanzado niveles sin precedentes, dejando a extensas zonas del país sin servicio eléctrico durante horas e incluso días enteros. En ese contexto, una de las dimensiones menos visibilizadas del colapso es la cotidianidad más íntima: la imposibilidad de preparar alimentos, conservarlos en condiciones mínimas de higiene y consumirlos con un mínimo de dignidad. Comer a oscuras, relatan varios residentes en La Habana, implica volcar vasos, perder el control de las porciones y tragar sin saber qué se lleva a la boca, una situación que erosiona progresivamente la salud física y mental de la población.
Los alimentos, cuando se consiguen, representan un esfuerzo económico desproporcionado para la mayoría de los hogares cubanos. Con la inflación galopante y los salarios devaluados, acceder a una porción de arroz y frijoles puede consumir buena parte del ingreso diario de una familia. Que ese esfuerzo se desperdicie por un simple golpe involuntario en la penumbra del comedor genera una frustración que muchos describen como insoportable. El agua derramada sobre el plato, la comida caída al suelo o la imposibilidad de verificar el estado de los alimentos son incidentes cotidianos que reflejan el deterioro profundo de las condiciones de vida bajo el régimen de La Habana.
La oscuridad como detonante de la represión
Las tensiones generadas por los apagones no se limitan al ámbito doméstico. Según relatos de vecinos en varios barrios de la capital, los gritos de exasperación ante la imposibilidad de comer con normalidad han derivado en intervenciones policiales. En más de una ocasión, expresiones de indignación pronunciadas en medio de la frustración han sido interpretadas como actos de provocación pública, motivando que agentes de la policía acudan al domicilio, exijan la identificación del ciudadano y, en algunos casos, procedan a la detención. La presencia del aparato de vigilancia del Comité de Defensa de la Revolución (CDR) añade un componente de control social que agrava la situación, convirtiendo el descontento legítimo en un motivo de persecución.
La dictadura cubana ha consolidado un mecanismo en el que el malestar ciudadano, generado por sus propias deficiencias en la gestión del sistema energético y alimentario, es tratado como un problema de orden público en lugar de una urgencia social que requiere soluciones estructurales. Los detenidos tras episodios de protesta vinculados a los apagones enfrentan procesos administrativos opacos, multas arbitrarias y, en los casos más graves, acusaciones de desacato o resistencia a la autoridad. Mientras tanto, las condiciones que provocaron el estallido permanecen intactas o se agravan.
A los riesgos sociales y políticos se suman los sanitarios. La imposibilidad de refrigerar alimentos durante los cortes prolongados facilita la proliferación de roedores e insectos en viviendas ya de por sí deterioradas. Organismos de salud han advertido sobre el incremento de enfermedades transmitidas por alimentos en mal estado y por la exposición a vectores que encuentran en la basura acumulada y en las viviendas sin iluminación un entorno propicio. La falta de medicamentos y el colapso hospitalario completan un cuadro en el que un simple episodio de intoxicación alimentaria puede convertirse en una amenaza grave para la vida.
Un país a oscuras
La crisis energética no es un fenómeno coyuntural, sino la consecuencia de décadas de desinversión, falta de mantenimiento de la infraestructura termoeléctrica y dependencia de combustibles importados que el gobierno cubano no logra garantizar de manera sostenible. Las promesas de recuperación anunciadas reiteradamente por las autoridades de la isla han fracasado una tras otra, mientras la población asume el costo más alto: la imposibilidad de realizar las actividades más básicas, desde cocinar hasta conservar medicamentos o simplemente iluminar una mesa para comer en familia.
El impacto psicológico de vivir permanentemente a oscuras es difícil de cuantificar, pero los testimonios coinciden en un patrón de agotamiento emocional, irritabilidad creciente y pérdida de esperanza. La oscuridad, que en cualquier otro contexto podría ser solo una incomodidad temporal, en Cuba se ha convertido en un símbolo del fracaso del modelo impuesto por el régimen. Comer a ciegas, tragar sin ver, tropezar con lo que se tiene delante: esa es la metáfora más precisa de una nación que lleva décadas navegando sin rumbo bajo un poder que no rinde cuentas y que castiga a quienes se atreven a señalar la evidencia.
La comunidad internacional ha documentado de manera reiterada el deterioro de los derechos económicos y sociales en Cuba, incluyendo el acceso a la alimentación y a servicios básicos como la electricidad. Sin embargo, la respuesta institucional del ejecutivo cubano sigue anclada en la retórica del bloqueo y en la criminalización del descontento, sin asumir la responsabilidad directa que le corresponde en la gestión de los recursos del país. Mientras tanto, millones de cubanos continúan sentándose a una mesa invisible, en una casa a oscuras, en un país donde incluso el acto más elemental de la supervivencia cotidiana se ha convertido en un acto de resistencia.
