En Santiago de Cuba, la crisis alimentaria alcanza nuevos niveles con la escalada de precios de productos básicos como el aceite y el pollo, que en el mercado informal llegan a costar hasta 2.500 y 5.500 pesos respectivamente. El desabastecimiento en la red estatal obliga a la población a depender de la especulación privada, consumiendo hasta un tercio del salario mensual promedio en la compra de un solo alimento.
La escasez ha transformado la dinámica de compra en la isla. En localidades como Songo La Maya, la ausencia de productos en los mostradores ha llevado a una venta clandestina donde un pomo de 900 mililitros de aceite se ofrece en susurros por 2.000 pesos. Esta tendencia se replica a nivel nacional: el mercado mayorista ha elevado el litro de aceite por encima de los 1.200 pesos, un incremento que se traslada de inmediato al consumidor final. Alimentos como el arroz ya superan los 300 pesos la libra, consolidando un escenario donde la canasta básica se vuelve inalcanzable para el ciudadano común.
El régimen de La Habana ha desmantelado progresivamente la distribución en moneda nacional, manteniendo la venta estable de estos esenciales casi de forma exclusiva en tiendas que operan en divisas. Este esquema ha alimentado un circuito especulativo donde quienes tienen acceso a dólares compran por volumen para revender, mientras los que carecen de divisas dependen de intermediarios y sobreprecios. Según cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), el salario medio estatal ronda los 6.000 pesos mensuales, lo que, con el dólar cotizándose informalmente cerca de los 500 pesos, equivale a apenas 12 dólares mensuales en términos reales.
Regulaciones estatales desconectadas de la realidad
A la crisis estructural se suman el colapso energético y la escasez de combustible que encarecen el transporte de mercancías. Desde el sector mayorista, los costos de adquisición se han multiplicado: lo que antes costaba 600.000 pesos para extraer un camión de arroz del puerto, ahora exige un millón y medio. Ante esta realidad, las autoridades de la isla mantienen una desconexión total con el mercado a través de la Resolución 225/2025 de la ONAT, que fija precios máximos irreales, como 990 pesos para el litro de aceite o 312 pesos para la libra de pollo. Estas regulaciones son sistemáticamente ignoradas, evidenciando la ineficacia burocrática del gobierno cubano para controlar la inflación y proteger a la población.
La inflación ha dejado de ser un fenómeno macroeconómico para convertirse en una secuencia de renuncias diarias y hambre estructural. Mientras la dictadura cubana impone topes de precios en el papel que en la práctica solo generan desabastecimiento y desesperación, la ciudadanía se enfrenta a la disyuntiva de comer o pagar otros servicios básicos. Esta profundización de la crisis económica, sumada a la falta de libertades y la represión social, augura un incremento en la presión social y el inexorable éxodo migratorio, ante el fracaso absoluto de un sistema que ha demostrado incapacidad para garantizar la supervivencia de su población.
