El legislador republicano por Florida, Carlos Giménez, respondió este lunes a las quejas del canciller Bruno Rodríguez sobre las recientes investigaciones a empresas en Hialeah con vínculos comerciales con la Isla, advirtiendo que las autoridades cubanas se enfocan en el exterior para evadir su responsabilidad en la profunda crisis interna.
El cruce de declaraciones se originó tras los señalamientos del ministro de Relaciones Exteriores, quien acusó a políticos de Florida de \»obstaculizar, limitar y amenazar\» a empresarios que comercian con empresas públicas y privadas en Cuba. A través de la red social X, Giménez, de origen cubano, desplazó el debate hacia la realidad de la Isla. \»Ustedes están más preocupados por lo que sucede en Miami que por ocuparse de las precarias condiciones en las que vive el pueblo cubano\», escribió el congresista, añadiendo una advertencia directa: \»Les queda poco, nos estamos encargando de eso\».
Escrutinio en Hialeah sobre los negocios con la Isla
Las declaraciones del canciller responden a la reciente decisión de las autoridades de Hialeah, en el condado de Miami-Dade, de crear un grupo asesor denominado Cuba Business Advisory Task Force (CUBAT). Esta instancia tiene el objetivo de investigar a cerca de 290 empresas locales para determinar si mantienen relaciones comerciales que beneficien, directa o indirectamente, a entidades controladas por el Estado cubano. Las compañías deberán presentar documentación detallada de sus operaciones, bajo pena de suspensión o revocación de licencias en caso de incumplir la legislación federal o estatal.
Para el régimen de La Habana, la reacción frente a estas medidas locales se enmarca en su habitual retórica de una supuesta \»guerra económica\» contra Cuba. Sin embargo, este enfoque busca invisibilizar el colapso estructural que sufre la Isla, evidenciado en apagones prolongados, escasez de alimentos, inflación galopante y el éxodo migratorio masivo. La dictadura cubana intenta desviar la atención de su propia ineficiencia administrativa y la falta de libertades que asfixia a la población, responsabilizando a sanciones externas de un deterioro provocado por décadas de políticas fracasadas y el control militar de la economía.
La postura de legisladores como Giménez refleja un esfuerzo creciente en el exilio y en el Capitolio para limitar el flujo financiero hacia las estructuras estatales y represivas de la Isla. Al exigir transparencia en las transacciones comerciales, el objetivo político es evitar que el envío de divisas fortalezca al aparato de poder. En el corto plazo, esta dinámica intensificará la presión internacional sobre el gobierno cubano, mientras la ciudadanía continúa padeciendo las consecuencias directas de la crisis sistémica que atraviesa el país.