Al menos 104 personas detenidas por razones políticas han sido liberadas en Venezuela durante las últimas horas, según verificó la ONG Foro Penal, en un proceso que contrasta con la persistente opacidad del régimen cubano respecto a sus propios presos de conciencia, cuya cifra exacta sigue siendo negada por las autoridades de la isla.
La organización no gubernamental Foro Penal confirmó que hasta la noche del domingo había documentado 104 liberaciones en territorio venezolano, aunque advirtió que el número podría incrementarse a medida que se recaben datos desde distintas regiones del país. El proceso se inscribe en una serie de excarcelaciones iniciadas a comienzos de enero, tras recientes cambios en la cúpula del poder político venezolano. Sin embargo, la ausencia de una lista oficial pública por parte del Estado genera profundas discrepancias entre las cifras gubernamentales —que hablan de varios centenares— y los registros verificados por la sociedad civil, notablemente inferiores.
Entre los liberados figura el abogado y activista de derechos humanos Kennedy Tejeda, detenido desde agosto de 2024. Su excarcelación fue confirmada por Foro Penal, organización que durante meses denunció su arresto como parte de un patrón sistemático de criminalización del ejercicio profesional y la defensa legal de opositores. Las organizaciones advierten que, en la mayoría de los casos, no se trata de libertades plenas, sino de medidas cautelares que incluyen prohibiciones de salida del país, presentación periódica ante tribunales y restricciones para declarar públicamente, manteniendo a los excarcelados bajo control judicial permanente.
El espejo cubano: represión sin rendición de cuentas
Las noticias provenientes de Venezuela inevitablemente proyectan un reflejo sobre la realidad cubana, donde la dictadura mantiene un hermetismo absoluto respecto al número de presos políticos que permanecen en sus cárceles. Organizaciones de derechos humanos con sede fuera de la isla han documentado decenas de casos de encarcelamiento por motivos políticos tras las protestas del 11 de julio de 2021, pero el gobierno cubano sistemáticamente niega la existencia de esta categoría penal, calificando a los detenidos como \»delincuentes comunes\» o \»mercenarios al servicio de potencias extranjeras\».
Foro Penal sostiene que en Venezuela continúan encarceladas más de 600 personas por motivos políticos, pese a las recientes liberaciones. Familiares y activistas han retomado concentraciones y acciones de presión para exigir la excarcelación de todos los detenidos y la publicación de información transparente sobre quiénes han sido liberados, bajo qué condiciones y con qué respaldo legal. En Cuba, en cambio, la imposibilidad de organizar cualquier tipo de concentración pública para exigir información sobre los presos políticos es una constante que ilustra el nivel de control ejercido por el régimen de La Habana sobre la sociedad civil.
Las organizaciones de derechos humanos insisten en que cualquier avance real debe incluir no solo excarcelaciones verificables, sino también el cese de las detenciones arbitrarias y garantías de debido proceso. Mientras la comunidad internacional observa con cautela los movimientos en Venezuela, la dictadura cubana continúa sin rendir cuentas ante ningún organismo sobre el paradero, las condiciones carcelarias y el estado jurídico de quienes fueron detenidos por ejercer su derecho a la libre expresión y la disidencia política. La diferencia entre ambos escenarios no reside en la naturaleza de la represión —similar en ambos casos—, sino en el grado de visibilidad internacional y presión interna que cada sistema tolera.
