El régimen de La Habana concluyó un nuevo juicio contra el exministro de Economía Alejandro Gil Fernández bajo un estricto hermetismo, en el cual el gobernante Miguel Díaz-Canel compareció como testigo de cargo. La revelación, hecha por la hermana del exfuncionario, confirma la purga interna dentro de la cúpula del poder y la utilización de la justicia para limpiar la imagen del ejecutivo cubano.
Según detalló María Victoria Gil, abogada y expresentadora de la televisión nacional, en declaraciones al periodista Mario J. Pentón, este segundo proceso judicial se desarrolló este fin de semana y se centra en delitos de malversación y tráfico de influencias. Este evento se suma al primer juicio celebrado a mediados de mes en el tribunal de Marianao, donde Gil Fernández enfrentó cargos de espionaje. La falta de transparencia oficial sobre el caso contrasta con la gravedad de los señalamientos hacia una figura que hasta hace pocos meses fue clave en la dirección económica del país.
La comparecencia de Díaz-Canel como testigo de la acusación marca un punto de inflexión en la relación entre ambos dirigentes, quienes, según testimonio familiar, mantenían un vínculo estrecho y personal. La expresentadora cuestionó cómo el mandatario, quien fue tutor de la tesis del exministro y lo elogió públicamente tras su destitución, ahora se vuelve en su contra. Esta actitud de la dictadura cubana evidencia una vez más cómo los lazos de lealtad dentro del aparato estatal se rompen ante la necesidad de encontrar chivos expiatorios que desvíen la atención del colapso nacional.
El proceso judicial involucra a más de una decena de acusados vinculados a la alta esfera del poder, aunque las imputaciones contra otros funcionarios de rango se han ido diluyendo para centrar el peso de la culpa en Gil Fernández. Los delitos investigados se remontan a su gestión al frente de la empresa de seguros marítimos Caudal en el Reino Unido, donde residía con lujos financiados por el aparato estatal. Esta estructura de gestión de capitales en el extranjero es un reflejo de la opacidad con la que el gobierno cubano administra los recursos, mientras la población sufre una inflación galopante, desabastecimiento crónico y un éxodo migratorio sin precedentes.
Confiscación y opacidad en el sistema judicial
Entre las medidas que se barajan en el juicio a puertas cerradas figura la posible confiscación de la residencia del exministro en el exclusivo barrio habanero de Miramar. Su hermana ha advertido que tal acción constituiría un acto arbitrario, dado que el inmueble fue asignado por el propio Estado y no proviene de actividades delictivas individuales, sino de los privilegios inherentes a la nomenclatura. La utilización de la justicia penal para resolver disputas internas y expropiar bienes a funcionarios caídos en desgracia es una práctica recurrente de las autoridades de la isla para mantener el control absoluto.
La sentencia contra el exministro de Economía, que se espera en los próximos días, no representará un avance en la lucha contra la corrupción estructural, sino un ajuste de cuentas interno. Mientras el régimen de La Habana intenta proyectar una imagen de supuesta limpieza hacia el exterior, la ciudadanía continúa padeciendo las consecuencias de las políticas fracasadas diseñadas por la misma cúpula que ahora juzga a uno de sus principales arquitectos. La falta de garantías procesales y el secretismo en casos de esta magnitud reafirman la ausencia de un estado de derecho en Cuba.
