El preso político Jimmy Johnson Agosto, recluido en el centro penitenciario Kilo 8 de Camagüey, padece graves síntomas cardiovasculares desde hace más de siete meses sin recibir un diagnóstico adecuado ni el traslado a un hospital. Las autoridades penitenciarias y médicas del penal se trasladan la responsabilidad mutuamente, dejando al joven en un estado de abandono médico que agrava su salud y vulnera sus derechos fundamentales.
En una comunicación telefónica reciente, Johnson Agosto denunció que sufre de falta de aire, dolores constantes en el pecho, calambres en el brazo izquierdo y descompensación de la presión arterial. Ante la gravedad de estos síntomas, solicitó ser remitido al Hospital Amalia Simoni para una evaluación exhaustiva. Sin embargo, el médico del penal alegó que el traslado debía ser autorizado por el jefe de la unidad, el teniente coronel Juan Miguel Sánchez Duarte, quien a su vez se negó argumentando que la remisión es competencia exclusiva del facultativo. Esta burocracia punitiva ha impedido que el recluso reciba la atención que su estado de salud exige.
El joven, incluido en la lista de presos políticos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, fue detenido en agosto de 2022 y condenado a 13 años de prisión bajo el delito de \»sabotaje\». Su condena responde a un acto de protesta social ocurrido en Nuevitas, Camagüey, cuando apedreó las oficinas de la Unión Eléctrica durante un apagón que superaba las 48 horas. Por el mismo hecho, el régimen de La Habana también encarceló a su hermano, Lázaro Alejandro Pérez Agosto, quien cumple una sanción de 10 años por \»atentado\».
A pesar de no contar con un dictamen clínico certero, los médicos de la prisión le recetaron inyecciones de Truabin, complejo vitamínico B y Metocarbamol, además de un tratamiento para la gastritis que ha comenzado a padecer. Los medicamentos no están disponibles en el centro penitenciario, por lo que sus familiares se han visto obligados a adquirirlos por cuenta propia. Hasta el momento, el recluso, quien también padece epilepsia, no ha experimentado mejoría clínica tras la administración de estos fármacos.
Negligencia médica como herramienta de represión
El caso de Johnson Agosto no es un hecho aislado, sino que refleja una práctica sistemática de la dictadura cubana: la utilización de las precarias condiciones carcelarias y la denegación de asistencia médica como métodos adicionales de castigo hacia los manifestantes y opositores políticos. El colapso del sistema de salud penitenciaria se entrelaza con la crisis estructural de la isla, donde el desabastecimiento de fármacos y la ineficiencia institucional se acentúan drásticamente cuando el paciente es un ciudadano que alzó su voz contra el poder.
La situación del joven de Nuevitas representa una amenaza inminente a su integridad física. Mientras las autoridades de la isla mantienen una política de inacción frente a las quejas de los reclusos, la comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos mantienen su escrutinio sobre las cárceles del país. La persistencia de este tipo de abusos pone de manifiesto la urgencia de exigir al ejecutivo cubano el cumplimiento de los protocolos sanitarios mínimos y el cese de la represión, antes de que la negligencia estatal derive en tragedias irreversibles.
