Organizaciones civiles independientes confirmaron el asesinato de dos mujeres a manos de sus parejas o exparejas en La Habana y Granma, sumando 35 crímenes de género verificados en la isla en lo que va de año. La impunidad y la falta de respuestas institucionales recaen sobre un sistema que continúa sin tipificar legalmente el feminicidio.
El Observatorio de Género de la revista Alas Tensas (OGAT) y la plataforma YoSíTeCreo en Cuba (YSTCC) detallaron que las víctimas son Noralis Estenoz y Liudmila Álvarez Coll. Estenoz fue asesinada en su domicilio del reparto Versalles, en el municipio capitalino de La Lisa, por su expareja, quien se dio a la fuga tras cometer el crimen. Un día después, en el barrio La Marina de Manzanillo, provincia de Granma, Álvarez Coll perdió la vida a manos de su pareja, dejando huérfana a una hija. Ambas organizaciones han exigido a las autoridades de la isla que informen sobre la captura y el paradero de los agresores.
Con estos casos, el registro independiente contabiliza 35 feminicidios en lo que va de año, además de cinco intentos de asesinato machista y tres investigaciones en curso en Santiago de Cuba, Villa Clara y Camagüey. Estas cifras contrastan con la opacidad del régimen de La Habana. Recientemente, el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (OCIG), entidad estatal, informó que los tribunales concluyeron procesos por 76 asesinatos de mujeres por motivos de género correspondientes al año judicial anterior. Sin embargo, el gobierno cubano se ha negado sistemáticamente a utilizar el término \»feminicidio\», limitándose a referirse a \»violencia de género extrema\».
Opacidad institucional y criminalización del activismo
Desde hace varios años, las organizaciones feministas han documentado más de 300 feminicidios en el país, operando en un entorno de constante hostigamiento. La dictadura cubana no solo omite la creación de una ley integral contra la violencia de género y la tipificación legal del feminicidio, sino que además criminaliza el activismo feminista y restringe el acceso a fuentes institucionales. La inexistencia de protocolos públicos de registro y la falta de estadísticas oficiales desagregadas impiden a la sociedad civil dimensionar la verdadera magnitud de esta crisis de seguridad y derechos humanos.
La escalada de violencia machista ocurre en medio de una profunda crisis estructural que sufre la isla, exacerbada por la precariedad económica y el colapso de los servicios. Mientras el ejecutivo cubano minimiza el problema a través de eufemismos legales, los colectivos independientes advierten que la falta de políticas públicas efectivas y la impunidad de los agresores seguirán costando la vida de más mujeres. La presión de la comunidad internacional y de los actores de la sociedad civil no oficial será crucial para exigir transparencia y el fin de la negligencia estatal ante esta emergencia feminicida.
