Un informe elaborado por la red Voces del Sur y el Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) revela que el régimen de La Habana ha perfeccionado su maquinaria represiva contra el periodismo crítico. Aunque las alertas de violencia disminuyeron a 232 en 2024, esta reducción responde al éxodo forzado de comunicadores, el miedo generalizado y la autocensura, consolidando un modelo de censura estructural.
El análisis, correspondiente al capítulo cubano del informe sombra sobre libertad de prensa en América Latina, detalla que el 99% de las agresiones documentadas fueron ejecutadas por actores estatales. La Seguridad del Estado concentró el 63,2% de los ataques, mientras que la empresa de telecomunicaciones ETECSA, brazo operativo del control digital, fue responsable del 28,4%. Esta coordinación demuestra que la represión no es un hecho aislado, sino una política de Estado diseñada para erradicar la prensa independiente dentro de la isla.
La persecución penal y policial se mantuvo como el método principal de control por parte de la dictadura cubana. El documento registró 67 detenciones arbitrarias, acompañadas en varios casos de amenazas y agresiones físicas, e incluyó dos episodios de tortura y ocho procesos judiciales. Al cierre del periodo, al menos tres periodistas —Carlos Michel Morales Rodríguez, Yeris Curvelo Aguilar y José Gabriel Berrenechea Chávez— permanecían encarcelados sin garantías procesales, evidenciando cómo el sistema judicial es utilizado como herramienta para vulnerar la integridad física y psicológica de los disidentes.
Control digital y criminalización de la opinión ciudadana
El aparato estatal ha intensificado el bloqueo tecnológico para impedir la cobertura de hechos sensibles, como los aniversarios del 11 de julio. Se contabilizaron 63 restricciones a internet, ejecutadas en su mayoría por ETECSA mediante cortes selectivos del servicio y bloqueos a medios de comunicación. Además, la represión trascendió la esfera periodística para alcanzar a la ciudadanía que se expresa en redes sociales. Las autoridades de la isla han escalado las penas por publicaciones en plataformas digitales: la Fiscalía solicita 10 años de prisión contra Sulmina Martínez Pérez por una publicación en Facebook, mientras que el enfermero Arony Yanko García Valdés fue condenado a un año y medio de cárcel por difundir un meme.
Este escenario de silenciamiento forzado se enmarca en la profunda crisis estructural que atraviesa Cuba, marcada por el colapso económico, la inflación galopante, el desabastecimiento y un éxodo migratorio sin precedentes. Ante la incapacidad del gobierno cubano para resolver las carencias básicas de la población, la respuesta institucional ha sido blindar su hegemonía narrativa a través del miedo, aislando informativamente a la isla para evitar el escrutinio público.
Las implicaciones de esta estrategia represiva proyectan un panorama sombrío para el futuro de la sociedad civil cubana. La aniquilación del periodismo independiente y la judicialización de la opinión pública dejan a los ciudadanos en un estado de indefensión total. Mientras tanto, la comunidad internacional enfrenta el reto de exigir el respeto a los derechos humanos frente a un régimen que ha convertido el silencio en su principal mecanismo de supervivencia política.
