Un nuevo derrumbe estructural en la calle Sol de La Habana Vieja ha dejado al menos una persona fallecida tras colapsar una edificación en evidente estado de deterioro. Las autoridades de la isla, en lugar de asumir la responsabilidad sobre el estado de la vivienda, han señalado a los habitantes como ocupantes \»ilegales\», alegando que rechazaron traslados previos a albergues.
El colapso ocurrió en horas de la mañana en el inmueble ubicado en la calle Sol número 466, entre Egido y Villegas. Equipos de rescate lograron extraer a varios atrapados entre los escombros, pero se confirmó el deceso de una persona. A través de un comunicado en sus redes sociales, el Consejo de la Administración de La Habana Vieja reconoció que la estructura carecía de condiciones constructivas desde hacía varios años. Sin embargo, el ejecutivo local justificó la tragedia argumentando que las personas en el lugar se encontraban allí de manera \»ilegal\» y que, en múltiples ocasiones, se les había ofrecido trasladarlas a otras instalaciones, ofertas que supuestamente no aceptaron.
Este no es el primer episodio fatal vinculado a esta misma dirección. Hace aproximadamente tres años, un derrumbe parcial en el mismo edificio provocó la muerte de una menor de edad, lo que evidencia la inacción prolongada del gobierno cubano frente a las alertas estructurales. La situación de los albergues provisionales, frecuentemente criticados por sus precarias condiciones y falta de recursos básicos, obliga a muchas familias a regresar o permanecer en edificaciones ruinosas ante la ausencia de alternativas habitacionales dignas.
Una crisis habitacional que cobra vidas
El suceso en la calle Sol se inscribe en un patrón más amplio de colapsos estructurales que azotan a la capital cubana. El deterioro urbano, combinado con la escasez crónica de materiales de construcción y la nula voluntad política para realizar un mantenimiento sistemático, ha convertido el casco histórico de la ciudad en una zona de alto riesgo. Paradójicamente, mientras los barrios populares se desploman por el abandono, el régimen de La Habana acelera la construcción de hoteles y instalaciones turísticas, evidenciando un claro desbalance en la asignación de recursos estatales.
El propio gobierno ha admitido que en la capital se derrumban alrededor de 1.000 viviendas cada año, una cifra que ilustra la magnitud de la emergencia habitacional. Esta tragedia vuelve a poner sobre la mesa el costo humano de la ineficiencia burocrática y la falta de políticas públicas efectivas por parte de la dictadura cubana. Mientras no exista un plan real de rehabilitación y se siga criminalizando a los ciudadanos que buscan refugio en propiedades deshabitadas, la pérdida de vidas bajo los escombros seguirá siendo una constante en el paisaje urbano de la isla.
