Fiscales federales en Estados Unidos han abierto una investigación penal para determinar si el empresario tecnológico Neville Roy Singham utilizó una compleja red de organizaciones sin fines de lucro para canalizar ilegalmente cientos de millones de dólares hacia grupos activistas, algunos de ellos vinculados a viajes a Cuba y al régimen de La Habana.
La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York lidera las indagaciones, las cuales incluyen la actuación de un gran jurado que ya ha emitido citaciones para acceder a registros bancarios y documentos financieros. Las autoridades buscan esclarecer si esta infraestructura, compuesta por fondos asesorados por donantes y empresas fantasma, incurrió en delitos de lavado de dinero, fraude bancario y fraude electrónico. Hasta el momento, no se han presentado cargos formales y el proceso permanece bajo estricta reserva legal.
El papel de Goldman Sachs y el rastro del dinero
Uno de los puntos centrales de la pesquisa es un fondo filantrópico administrado por Goldman Sachs. Según reportes de medios estadounidenses, Singham habría canalizado más de 110 millones de dólares a través de este mecanismo. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, se reunió a principios de año con el director ejecutivo del banco, David Solomon, para analizar el destino de estos recursos. Goldman Sachs ha negado cualquier irregularidad, argumentando que las donaciones se dirigieron a entidades exentas de impuestos reconocidas por el IRS y que el fondo fue cerrado a inicios de 2024.
Conexiones históricas con el régimen cubano
El escrutinio a Singham responde a un patrón de influencia que beneficia directamente al gobierno cubano. Investigaciones periodísticas previas han documentado cómo organizaciones afines a esta red facilitaron el viaje a la isla de activistas que posteriormente participaron en protestas antiisraelíes en la Universidad de Columbia. Además, se ha reconstruido el histórico vínculo de la familia Singham con las autoridades de La Habana. Este caso evidencia cómo la dictadura cubana se beneficia de redes internacionales de financiamiento para proyectar su agenda política en el exterior, utilizando a grupos activistas como correas de transmisión de sus intereses geopolíticos, muchas veces vulnerando legislaciones de terceros países.
El avance de esta investigación penal podría tener profundas implicaciones para el aparato de influencia del régimen de La Habana en territorio estadounidense. De comprobarse el lavado de dinero y el fraude, no solo se desarticularía una crucial fuente de financiamiento para el activismo alineado con la isla, sino que también expondría las tácticas de penetración política empleadas por la dictadura. La comunidad internacional y las autoridades estadounidenses deberán mantener la vigilancia sobre estas redes que, bajo el amparo de la filantropía, operan como instrumentos de un poder foráneo carente de todo control democrático.
