La Gaceta Oficial de Cuba confirmó la entrada en vigor de una reforma constitucional que elimina el tope de 60 años para optar a la presidencia de la República en un primer mandato. La modificación, aprobada por el Parlamento unicameral, ajusta las reglas del juego interno de la dictadura cubana sin alterar el monopolio político del Partido Comunista ni abrir espacio a la disidencia.
Mediante el Acuerdo X-142 de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el ejecutivo cubano oficializó los cambios al artículo 127 de la Constitución. La nueva normativa establece que los requisitos para asumir el cargo son: tener al menos 35 años, estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos, ser ciudadano cubano por nacimiento y no poseer otra ciudadanía. La enmienda fue respaldada de forma unánime por 440 de los 470 diputados que conforman el Parlamento monocameral, un órgano carente de independencia y subordinado a los designios de la cúpula gobernante.
Las autoridades de la isla han presentado esta modificación legal como una actualización que amplía el espectro de posibles candidatos. Sin embargo, en Cuba no existen elecciones libres, plurales ni competitivas. La dictadura cubana mantiene un sistema de partido único donde el Partido Comunista es la única fuerza reconocida, y la selección de los dirigentes estatales responde a mecanismos herméticos controlados por la élite militar y política. La supresión del límite de edad no representa una apertura democrática, sino un ajuste táctico para blindar la estructura de poder frente a cualquier exigencia de renovación.
Continuidad de una estructura de poder
Durante más de seis décadas, el control político en la isla ha permanecido inalterable bajo una misma élite, primero con Fidel Castro, posteriormente con Raúl Castro y, desde 2018, con Miguel Díaz-Canel. Para analistas y la sociedad civil, este tipo de reformas constitucionales son maniobras cosméticas que ignoran la profunda crisis estructural que enfrenta el país. Mientras el gobierno cubano se dedica a modificar sus propias reglas de sucesión interna, la ciudadanía sufre las consecuencias de un modelo económico colapsado, hiperinflación, un éxodo migratorio masivo y una constante represión social contra quienes se atreven a exigir libertades fundamentales.
La promulgación de esta reforma envía un mensaje claro sobre la falta de voluntad política para una transición democrática. Al eliminar barreras de edad, el régimen de La Habana garantiza que cualquier figura leal al aparato estatal, independientemente de su longevidad, pueda perpetuarse en la cúspide del poder. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deberán mantener el escrutinio sobre estas dinámicas, que lejos de acercar a la nación caribeña a la democracia, reafirman el carácter autoritario y cerrado de un sistema que prioriza su propia supervivencia sobre el bienestar de su pueblo.
