Las autoridades de la isla han iniciado una ola de detenciones en el poblado de Gibara, provincia de Holguín, tras las protestas pacíficas registradas la noche del sábado debido a un apagón de casi 24 horas. Imágenes difundidas por periodistas independientes evidencian el arresto de un civil por parte de la policía, en un nuevo episodio de criminalización de la protesta social por parte de la dictadura cubana.
A través de videos compartidos en redes sociales por los periodistas Mario Pentón y Yosmany Mayeta, se pudo constatar cómo una patrulla policial procedía al arresto de un residente en las primeras horas del domingo. Aunque la identidad del detenido no ha sido revelada, los testigos presenciales reaccionaron con indignación ante la actuación policial. Mayeta denunció en su perfil de Facebook el inicio de lo que calificó como una \»cacería gubernamental\» contra los participantes de las manifestaciones pacíficas.
El estallido ciudadano ocurrió en medio de la oscuridad, con cientos de personas, incluyendo niños, marchando por las calles para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico y demandar libertades, coreando consignas como \»¡Pongan corriente!\» y \»Libertad\». Esta respuesta popular contrasta radicalmente con la narrativa oficial. La secretaria local del Partido Comunista, Nayla Marieta Leyva Rodríguez, había asegurado previamente que la situación había transcurrido en un \»ambiente de respeto y diálogo\», una afirmación que se desmorona ante las evidencias de la represión desplegada por el régimen de La Habana.
Crisis energética y descontento social
El estallido social en Gibara no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa del colapso estructural que sufre la isla. La población enfrenta interrupciones del servicio eléctrico que superan las 24 horas, agravadas por la escasez crónica de agua y una inflación galopante que asfixia a las familias cubanas. El gobierno cubano, ante su incapacidad para garantizar servicios públicos básicos, ha optado por la vía del escarmiento, realizando detenciones aisladas para infundir miedo y desincentivar la organización ciudadana.
Sin embargo, esta estrategia de control no ha logrado acallar el creciente descontento popular. Según el informe más reciente de la organización no gubernamental Prisoners Defenders, a cierre de agosto de 2025 Cuba alcanzó un nuevo récord histórico con 1.185 presos políticos. La documentación de estos casos revela un patrón sistemático de persecución, fabricación de cargos y condenas desproporcionadas por parte del Estado. La persistencia de la represión augura un escenario de mayor tensión social en la isla, mientras la comunidad internacional mantiene su escrutinio sobre las continuas violaciones de derechos humanos en el país.
