La Seguridad del Estado de la dictadura cubana mantiene bajo un cerco policial a la periodista independiente Camila Acosta, el escritor y exprisionero político Ángel Santiesteban Prats, así como al opositor Manuel Cuesta Morúa en sus respectivas viviendas en La Habana, en un nuevo episodio de acoso y represión contra figuras de la disidencia.
A través de sus redes sociales, Acosta denunció el despliegue operativo frente a su domicilio, el cual fue corroborado mediante material audiovisual donde se aprecia a agentes vestidos de civil apostados en las esquinas y vehículos policiales en las inmediaciones. El cerco sobre la reportera y su pareja se ha intensificado este domingo, evidenciando un aumento en el número de efectivos asignados a su vigilancia en comparación con operativos anteriores, que solían limitarse a uno o dos agentes.
Aunque el régimen de La Habana no ofrece explicaciones sobre estos asedios arbitrarios, todo indica que el operativo responde a la proximidad de la festividad de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. La periodista ha cubierto peregrinaciones católicas en el pasado, siendo interceptada en una ocasión durante una transmisión en vivo por el Viernes Santo en el Vedado, un área que habitualmente es saturada por la policía política para impedir el libre tránsito y la cobertura informativa.
Represión sistemática contra el periodismo independiente
El hostigamiento hacia Acosta no es un hecho aislado, sino parte de la maquinaria de represión que ejerce la dictadura para silenciar cualquier intento de información libre. Por su labor como reportera, ha sido sometida a detenciones arbitrarias, interrogatorios, campañas de difamación en medios estatales y reclusiones domiciliarias prolongadas. Esta táctica de asedio se utiliza habitualmente para aislar a los críticos, impedir su movilidad y generar un clima de terror psicológico que afecta tanto a los activistas como a sus familias.
El incremento del cerco policial frente a fechas de relevancia cultural y religiosa en la isla refleja el nivel de paranoia y control absoluto que mantienen las autoridades sobre la sociedad civil. Mientras la comunidad internacional continúa monitoreando la situación de los derechos humanos en el país, estos operativos confirman que el ejecutivo cubano prioriza la represión y el cerco a la disidencia por encima del diálogo y el respeto a las libertades fundamentales, dejando a los ciudadanos críticos en un estado de indefensión permanente.
