Un tribunal habanero impuso una pena de 25 años de prisión a un hombre reincidente que intentó asesinar a su expareja. El caso evidencia la ausencia de tipificación del feminicidio en la legislación de la isla y la profunda crisis de seguridad que atraviesa la sociedad cubana.
El Tribunal Provincial Popular de La Habana procesó el caso bajo los delitos de robo con violencia e intimidación, lesiones, amenazas y violación de domicilio. El ataque ocurrió en la vivienda de la víctima, donde el agresor utilizó un arma blanca para causarle heridas de gravedad y sustraer sus bienes personales. Al no existir una figura legal específica para la violencia machista extrema, el régimen de La Habana evita judicializar estos hechos bajo la categoría internacionalmente reconocida de feminicidio o su tentativa.
Pese a la gravedad de los hechos, las autoridades de la isla mantienen un discurso oficial que insiste en la supuesta efectividad del sistema de justicia para garantizar la tranquilidad ciudadana. Sin embargo, esta narrativa choca con la realidad denunciada por organizaciones independientes, que señalan la falta de protocolos públicos de registro y la inexistencia de una ley integral contra la violencia de género en Cuba. El gobierno cubano se limita a emplear eufemismos como \»asesinato por razones de género\», obviando su responsabilidad en la prevención de la crisis.
Opacidad institucional y crisis estructural
La opacidad institucional es una constante en la gestión de la dictadura cubana frente a la violencia machista. El Estado no publica estadísticas anuales con metodologías claras ni datos desagregados, lo que impide a la ciudadanía dimensionar la magnitud real del problema. Esta falta de transparencia ocurre en un contexto de deterioro estructural, marcado por una inflación galopante, el colapso de los servicios públicos y un éxodo migratorio sin precedentes, factores que agravan la inseguridad ciudadana y la vulnerabilidad de las mujeres en la isla.
Organizaciones como el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas (OGAT) y la plataforma YoSíTeCreo en Cuba (YSTCC) han documentado dos nuevos feminicidios ocurridos a principios de agosto, elevando a 24 el número de crímenes mortales machistas verificados en lo que va de 2025. Estas entidades advierten que la inacción estatal frente a la criminalidad generalizada sigue cobrando vidas, mientras la comunidad internacional mantiene una postura pasiva ante las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de las mujeres cubanas.
