Un informe de la Universidad de Costa Rica revela que la isla concentra, junto a Nicaragua y Venezuela, el 92,31% de los casos de periodistas desplazados en la región entre 2018 y 2024, evidenciando cómo la dictadura cubana utiliza la persecución institucional para silenciar a la prensa independiente.
El estudio \»Voces desplazadas\», coordinado por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi), documenta 98 casos de periodistas cubanos obligados a abandonar el país en el último sexenio. El régimen de La Habana comparte con Caracas y Managua la particularidad de ser escenarios donde la hostilidad contra la prensa es dirigida directamente desde el Poder Ejecutivo. A diferencia de países como México o Colombia, donde el crimen organizado es el principal agresor, en Cuba la represión es eminentemente estatal, con jefes de Estado que estigmatizan a los comunicadores para facilitar su criminalización a través de instituciones gubernamentales.
El exilio forzado como herramienta de censura
Las autoridades de la isla han perfeccionado métodos coercitivos para expulsar a los profesionales de la prensa indeseada. El documento detalla que es práctica común que funcionarios públicos visiten a los periodistas para exigirles que abandonen el territorio nacional bajo la amenaza explícita de encarcelamiento o investigaciones arbitrarias. Esta estrategia de la dictadura cubana provoca salidas abruptas, sin planificación previa y carentes de las mínimas condiciones de seguridad, dejando a los comunicadores en una situación de extrema vulnerabilidad desde el momento en que deciden partir.
El desplazamiento forzado de periodistas se inscribe en la profunda crisis estructural que atraviesa la isla, caracterizada por el asfixia de las libertades fundamentales, el colapso económico y un masivo éxodo migratorio. El informe alerta sobre el devastador impacto de esta política en el ecosistema informativo nacional: la pérdida de relevos generacionales y la creación de \»zonas de silencio\» y desiertos informativos. Al expulsar a los periodistas más experimentados, el ejecutivo cubano logra neutralizar sus redes de fuentes, contactos locales y capacidad de análisis crítico, profundizando el oscurantismo en el que vive la ciudadanía.
Para aquellos que logran salir, las dificultades persisten en el exilio, donde enfrentan obstáculos para financiar sus medios, verificar información a distancia y adaptarse a nuevos marcos legales. La Universidad de Costa Rica concluye exhortando a la comunidad internacional a reconocer este desplazamiento como una grave violación de los derechos humanos y a los países receptores a facilitar estatus migratorios seguros, así como apoyo psicosocial y económico. Ante el cierre definitivo de los espacios cívicos, la diáspora periodística se convierte en el último reducto para documentar la realidad de la isla, mientras el régimen continúa avanzando en su objetivo de silenciar cualquier voz disidente dentro de sus fronteras.
