Un voraz incendio redujo a escombros al menos seis viviendas en el Pasaje Soler de Santiago de Cuba, dejando a varias familias en total desamparo. El siniestro, controlado en gran medida gracias al arrojo de los vecinos ante la inoperancia logística, expone una vez más la vulnerabilidad del parque habitacional cubano y la precariedad de los servicios de emergencia en medio de la profunda crisis estructural que atraviesa la isla.
Las llamas se originaron en la noche del miércoles en el Pasaje Soler, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Princesa y Santa Rosa, en pleno corazón de la ciudad oriental. Según reportes del periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, la columna de humo era visible desde diversos puntos elevados de Santiago de Cuba, evidenciando desde un principio la magnitud del desastre. Las imágenes difundidas posteriormente muestran interiores completamente calcinados, paredes ennegrecidas y pertenencias reducidas a cenizas. \»No ha quedado nada\», resumió el comunicador al exponer la crudeza de la tragedia que enfrentan los damnificados.
Ante la rapidez con la que se propagó el fuego, que comenzó poco antes de las 8:00 de la noche, los residentes de la zona asumieron un rol protagónico en las labores de contención. Testimonios y videos circulados en redes sociales documentan cómo decenas de personas, desprovistas de equipos de protección, uniformes y ante el intenso calor, arrojaron cubetas de agua desde las azoteas de inmuebles colindantes en un intento desesperado por detener el avance de las llamas. Esta escena, lejos de ser un acto heroico aislado, refleja una dinámica recurrente en el país: la ciudadanía obligada a suplir las deficiencias del Estado ante emergencias.
Unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar, pero se enfrentaron a severas limitaciones operativas. La estrechez del Pasaje Soler impidió el acceso directo de los vehículos de emergencia, obligando a los efectivos a maniobrar alternativas para acercarse al foco del incendio. Aunque el fuego fue controlado hacia las 9:49 p. m., sin reportes de víctimas fatales humanas y con la lamentable pérdida de una mascota en el interior de una de las viviendas, el incidente subraya los riesgos inherentes a la urbanización desordenada y la falta de mantenimiento de las vías de acceso en ciudades históricas.
El abandono del fondo habitacional y la crisis eléctrica
El desastre en Santiago de Cuba no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa del abandono al que el régimen de La Habana ha sometido al fondo habitacional del país. Décadas de falta de mantenimiento, la escasez crónica de materiales de construcción y el envejecimiento de las redes eléctricas han convertido a muchas viviendas cubanas en estructuras altamente vulnerables e, incluso, en trampas mortales. El déficit habitacional en la isla supera el millón de unidades, y gran parte de las viviendas existentes se encuentran en mal o regular estado técnico, con un alto porcentaje de locales habitados que técnicamente deberían ser declarados inhabitables.
A esto se suma el colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN). Las frecuentes fluctuaciones de voltaje y los apagones prolongados, seguidos de retornos bruscos de energía, son una de las causas principales de los incendios domésticos en Cuba. El gobierno cubano ha sido incapaz de garantizar un suministro eléctrico estable, empujando a la población al uso de cocinas de combustibles alternativos y a soportar sobrecargas que deterioran aún más la ya frágil infraestructura eléctrica de los inmuebles centenarios, comunes en el casco histórico santiaguero.
La respuesta institucional ante estos siniestros también ha mermado de manera alarmante. Los bomberos en Cuba sufren la misma escasez de recursos que el resto de las instituciones. La falta de combustible para movilizar las unidades, la carencia de extintores, mangueras en buen estado, presión de agua en los hidrantes y equipos de respiración para los propios socorristas son quejas constantes que las autoridades de la isla suelen omitir en sus discursos oficiales. Cuando ocurre una tragedia, la responsabilidad recae sobre una maquinaria estatal que prioriza el control político y la represión por encima de la protección civil y la seguridad ciudadana.
Censura, periodismo independiente y desamparo social
El papel del periodismo independiente ha sido fundamental para visibilizar esta tragedia. Mientras los medios oficiales mantienen un hermetismo informativo o minimizan las crisis cotidianas que no convienen a la narrativa oficial, comunicadores como Yosmany Mayeta Labrada asumen el riesgo de reportar desde el terreno. La dictadura cubana mantiene una política sistemática de censura y acoso contra la prensa no oficial, intentando ocultar la magnitud de la crisis social y económica que azota al país. Sin embargo, las redes sociales han permitido romper el cerco informativo, exponiendo la realidad de ciudades como Santiago de Cuba, donde el Estado falla en su deber más básico.
Ante la magnitud de la pérdida, el periodista independiente ha realizado un llamado a la solidaridad ciudadana para que quienes puedan colaborar entreguen ayuda directamente a las familias afectadas. Esta petición de auxilio resuena en un contexto donde el Estado no ofrece redes de protección social efectivas. Los damnificados por incendios y desastres naturales en Cuba rara vez reciben una compensación justa o ayuda estatal suficiente para reconstruir sus vidas. Generalmente, deben depender del apoyo familiar desde el extranjero o de la caridad de sus propios vecinos, quienes también atraviesan situaciones de precariedad.
El incendio en el Pasaje Soler deja a seis familias en la calle en medio de una de las peores crisis económicas de la historia reciente de Cuba. Con la inflación galopante, el desabastecimiento de alimentos y un éxodo migratorio sin precedentes, la capacidad de resiliencia de la ciudadanía está al límite. Este suceso no solo representa una tragedia material para un puñado de familias santiagueras, sino un nuevo síntoma del fracaso de un modelo que no puede garantizar lo más elemental: un techo seguro y servicios de emergencia funcionales para su población. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deben continuar monitoreando estas vulneraciones a los derechos económicos y sociales, que en el caso cubano, tienen un único responsable: la cúpula de poder en La Habana.
