La profunda crisis del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) ha derivado en la consolidación de una economía paralela de la energía en Cuba, donde el acceso a divisas determina quién dispone de electricidad y quién sobrevive a oscuras. Ante la incapacidad del régimen de La Habana para garantizar un servicio público básico, la importación y venta privada de paneles solares, plantas eléctricas y baterías de litio ha transformado el suministro en un marcador de clase, profundizando la desigualdad social en la isla y evidenciando el abandono estatal de sus responsabilidades fundamentales.
Para Martha Elena Torres, de 62 años, la noche comienza cuando la única bombilla recargable que posee empieza a apagarse. En su vivienda del occidente cubano, los cortes de luz superan las doce horas diarias, una situación que complica dramáticamente el cuidado de su madre encamada. \»El calor no permite dormir y los alimentos se descomponen en cuestión de horas\», relata con evidente agotamiento. A escasos metros de su hogar, la realidad es diametralmente opuesta: vecinos con acceso a remesas mantienen sus aires acondicionados funcionando toda la madrugada gracias a plantas eléctricas adquiridas en dólares. \»Nos hemos dividido entre los que viven a oscuras y los que pueden comprarse su propia luz\», resume Torres, dibujando un mapa de la fragmentación social.
Este contraste cotidiano ilustra el surgimiento de un mercado privado de generación eléctrica que ha florecido ante la ineficiencia estatal. En los últimos años, impulsado por medidas gubernamentales de flexibilización arancelaria para la importación no comercial y la irrupción de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), la entrada de equipos de generación ha experimentado una demanda sin precedentes. Lo que comenzó como una solución de emergencia para mitigar los apagones se ha consolidado como una infraestructura paralela, desplazando al Estado de su rol histórico como proveedor exclusivo y garante de la energía.
Carlos Manuel Valdés, comerciante e importador independiente con sede en La Habana, detalla la evolución y el dinamismo de este mercado emergente. \»Hace un año la demanda se concentraba en generadores pequeños de 1.000 vatios, pero hoy ha migrado masivamente hacia los sistemas solares híbridos y las baterías de litio\», explica. Un kit básico, compuesto por cuatro paneles solares, un inversor y una batería de 5 kWh, oscila entre 2.500 y 3.800 dólares estadounidenses. Para negocios privados y familias con ingresos del exterior, esta inversión no representa un lujo, sino la única vía para mantener la operatividad y la calidad de vida frente a los apagones sistemáticos.
Sin embargo, el acceso a estas tecnologías está vedado para la gran mayoría de la población debido a la infranqueable barrera de la moneda dura. En una economía estrangulada por la inflación, donde el salario medio estatal se paga en moneda nacional (CUP) con un poder adquisitivo severamente depreciado, el costo de una planta eléctrica convencional —que ronda los 400 a 600 dólares— equivale al ingreso de varios años de trabajo formal. La energía, concebida históricamente como un servicio universal subsidiado, se ha convertido en un bien de consumo sujeto al libre mercado y estrictamente condicionado por la capacidad de financiación privada.
La privatización de facto y la fractura social
El sociólogo Arnaldo Gutiérrez, especializado en equidad urbana, advierte sobre las consecuencias estructurales y las secuelas a largo plazo de este fenómeno. \»Estamos presenciando una privatización de facto del suministro eléctrico. Cuando el Estado pierde la capacidad de proveer energía de forma equitativa, la desigualdad social se materializa en la infraestructura misma del hogar\», señala el experto. Esta brecha bidireccional impide que quienes carecen de energía privada puedan emprender negocios, estudiar en igualdad de condiciones o conservar sus recursos, lo que acelera, perpetúa y profundiza el ciclo de pobreza en sectores vulnerables.
A la crisis económica se suma la tensión comunitaria derivada de la proliferación de generadores a gasolina en zonas urbanas densamente pobladas. Estos equipos generan altos niveles de contaminación acústica y emisiones de gases nocivos, además de presionar la demanda de combustible en un mercado informal ya de por sí inestable. Ricardo Fonseca, propietario de una cafetería en la capital, explica que mantener su planta encendida ocho horas al día le cuesta cerca de 15 dólares diarios en gasolina adquirida en el mercado negro. \»Mis precios han tenido que subir y, al final, el cliente que no tiene dólares tampoco puede consumir aquí\», afirma, evidenciando cómo el colapso eléctrico infla los costos de toda la cadena productiva.
Antecedentes de un colapso energético anunciado
La génesis de la actual crisis energética se remonta a mediados de 2019, cuando el recrudecimiento de las sanciones internacionales y la drástica reducción de los envíos de petróleo subsidiado desde Venezuela mermaron la capacidad de generación de la isla. No obstante, el verdadero punto de inflexión crítico se produjo en 2021. La coincidencia de la crisis económica pospandemia, la implementación de la fallida reforma monetaria conocida como Tarea Ordenamiento y el colapso total del SEN en septiembre de 2022, tras el paso del huracán Ian, expuso la extrema obsolescencia de la infraestructura energética nacional.
Aquella desconexión generalizada reveló que las centrales termoeléctricas, muchas con más de cuatro décadas de explotación continua y carentes del mantenimiento capital requerido, operaban al borde del colapso. Desde entonces, la espiral de cortes prolongados no ha cesado, marcada por la falta de inversión, la ausencia de planificación estratégica y la prioridad del gobierno cubano de destinar recursos a otras áreas en detrimento del bienestar ciudadano.
Contexto: La crisis estructural y la responsabilidad del régimen
El deterioro del Sistema Electroenergético Nacional no es un fenómeno aislado, sino el síntoma más visible de la crisis estructural que atraviesa Cuba. La inflación galopante, el desabastecimiento crónico de combustibles y alimentos, y la falta de libertades económicas conforman un ecosistema de fracaso generalizado. El régimen de La Habana ha gestionado esta emergencia con una mezcla de ineficacia burocrática y represión ante el descontento social, evitando cualquier reforma profunda que descentralice el control económico y permita la recuperación productiva del país.
Esta debacle energética actúa, además, como un catalizador del exodo migratorio que vive la isla. La imposibilidad de mantener un nivel de vida mínimo, sumada a la falta de expectativas y a la asfixia económica, empuja a miles de cubanos a abandonar el país cada mes. La dictadura cubana, al demostrar su incapacidad para proveer servicios básicos, ha generado un entorno donde la supervivencia diaria depende exclusivamente de las remesas enviadas desde el exterior, creando una dependencia que el ejecutivo cubano utiliza para maquillar su propia ineficiencia administrativa.
Mientras la transición hacia energías renovables privadas avanza para un sector minoritario con acceso a divisas, millones de ciudadanos quedan supeditados a una red estatal frágil y colapsada. La energía eléctrica se ha erigido como la frontera más cruda entre la vulnerabilidad y el bienestar en el día a día cubano. A futuro, la consolidación de esta brecha energética no solo profundizará la desigualdad social y la pobreza, sino que incrementará la presión sobre las autoridades de la isla, planteando un desafío sin precedentes para la ya precaria estabilidad social y exigiendo una mirada más crítica por parte de la comunidad internacional ante el evidente abandono del Estado hacia su población.
