La Habana. — Cada año, el régimen de La Habana renueva su retórica victimaria ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para condenar el embargo comercial de Estados Unidos, presentándolo como la causa única de los males que aquejan a la isla. Sin embargo, los antecedentes históricos y la realidad cotidiana de los cubanos demuestran que la miseria estructural de Cuba responde a décadas de mala gestión, corrupción institucionalizada y control absoluto del poder, no a una política exterior.
Durante más de tres décadas, Cuba recibió subsidios millonarios de la Unión Soviética que incluían petróleo, cemento, acero y alimentos. Lejos de traducirse en bienestar para la población, ese flujo de recursos fue administrado por el gobierno cubano con criterios políticos y militares. El acceso a electrodomésticos básicos como refrigeradores o ventiladores estaba condicionado al aval del Partido Comunista y los sindicatos oficiales. Los apagones, que hoy se atribuyen al embargo, también eran habituales durante los años de mayor bonanza soviética.
Mientras la población se alimentaba con raciones de chícharos distribuidas a través de la libreta de abastecimiento, los altos funcionarios del régimen accedían a productos de lujo como caviar y jamón ibérico, introducidos en el país bajo la figura de valijas diplomáticas. El denominado \»Programa de la Vivienda\» fue siempre insuficiente y foco de corrupción, en contraste con las construcciones reservadas para los generales y oficiales de las Fuerzas Armadas, quienes cambiaban de residencias con la misma facilidad con la que se sustituyen bienes prescindibles.
El deshielo de Obama como prueba del comportamiento del régimen
El breve período de distensión entre Washington y La Habana durante la administración de Barack Obama ofreció un adelanto de lo que ocurre cuando el régimen se siente libre de escrutinio. Entre 2016 y los años posteriores, el gobierno cubano intensificó la represión política, la censura y el control social, sin que la apertura económica se tradujera en mejoras tangibles para la ciudadanía. Los recursos generados en ese período fueron canalizados hacia el sector turístico militar y la burocracia, no hacia los servicios públicos.
La dictadura cubana ha demostrado de forma reiterada que cualquier ingreso adicional, ya sea por remesas, turismo o acuerdos comerciales, es absorbido por las estructuras de poder y las empresas controladas por la cúpula militar. Los escándalos recientes sobre el estilo de vida de altos dirigentes y sus familiares —incluyendo viajes, lujos y propiedades en el extranjero— contrastan con la realidad de una población que enfrenta inflación galopante, desabastecimiento de medicamentos y colapso del sistema eléctrico.
Una crisis que precede al embargo
Los problemas estructurales de la economía cubana no nacieron con las sanciones estadounidenses. Ya en los años previos al colapso del bloque soviético, la escasez, el racionamiento y la precariedad eran la norma. La diferencia radica en que, durante aquel período, el régimen pudo enmascarar su ineficiencia gracias al subsidio extranjero. Cuando este desapareció en los años noventa, la crisis se profundizó y el gobierno respondió con reformas limitadas que no alteraron el control centralizado de la economía.
En la actualidad, los altos mandos del régimen continúan accediendo a bienes de consumo, equipos electrónicos y medicamentos de primera calidad que resultan inaccesibles para la mayoría de los cubanos. Mientras los dirigentes históricos y sus herederos disfrutan de atención médica privilegiada y longevidad garantizada, la mortalidad infantil ha mostrado tendencias preocupantes y la población común padece la degradación del sistema de salud, la desnutrición y el estrés crónico derivado de la incertidumbre cotidiana.
El régimen ha priorizado históricamente la construcción de hoteles y complejos turísticos sobre la vivienda, la agricultura y la infraestructura básica. Esta orientación, sostenida durante décadas, ha generado un modelo económico dependiente del exterior y estructuralmente incapaz de satisfacer las necesidades de su población. Culpar al embargo por esta realidad supone ignorar las decisiones conscientes del poder cubano en materia de planificación económica, asignación de recursos y política industrial.
Implicaciones a futuro
El debate sobre el embargo seguirá ocupando espacios diplomáticos y mediáticos, pero la experiencia acumulada sugiere que cualquier modificación en la política de Washington no alterará la naturaleza del sistema cubano. La comunidad internacional enfrenta el dilema de cómo abordar una crisis migratoria, económica y de derechos humanos que se profundiza año tras año, mientras el régimen de La Habana mantiene intacto su aparato de control y represión. Para los ciudadanos comunes, la pregunta no es si el embargo se levanta, sino si existirá algún día un cambio estructural que les permita recuperar su soberanía sobre su propia vida y su economía.
