El debate sobre el eventual fin de las sanciones estadounidenses hacia Cuba suele omitir un factor determinante: la responsabilidad del régimen de La Habana en el colapso económico y social de la isla. Antecedentes como el deshielo diplomático de 2016 evidencian que la ausencia de restricciones no se traduce en bienestar para la ciudadanía, sino en un fortalecimiento de los mecanismos de control y enriquecimiento de la cúpula militar que ostenta el poder.
La narrativa oficial del gobierno cubano ha convertido al embargo estadounidense, al que denomina «bloqueo», en el justificativo universal para cada fracaso económico, desabastecimiento o crisis sanitaria. Sin embargo, un análisis riguroso de la historia reciente demuestra que la ineficiencia del modelo centralizado y la corrupción institucionalizada son las verdaderas causas del deterioro de las condiciones de vida. Mientras la población enfrenta apagones prolongados, escasez de alimentos y una inflación galopante, los altos mandos militares y sus familiares mantienen un estilo de vida ajeno a las privaciones que sufre el resto del país.
El «deshielo» de Obama como prueba empírica
Los meses que duró el acercamiento diplomático durante la administración de Barack Obama ofrecieron un claro adelanto de lo que ocurre cuando la dictadura cubana se siente libre de presiones internacionales. Lejos de traducirse en una apertura democrática o en una mejora sustancial en los derechos de los ciudadanos, ese período fue aprovechado por el régimen para consolidar sus redes de influencia y negocios en el exterior. Bajo la fachada de la emigración y la apertura comercial, las autoridades de la isla fortalecieron la presencia de empresas vinculadas al aparato militar, especialmente en el sector de los envíos de remesas y el turismo.
Además, durante esa etapa de distensión, los familiares de los principales dirigentes comunistas se transformaron en prósperos empresarios en territorios como Miami, Madrid o Panamá. La apertura permitió que la casta militar expandiera sus operaciones inmobiliarias y comerciales internacionales, todo mientras el ciudadano común continuaba atrapado en una economía de subsistencia. Este período demostró que la flexibilización de sanciones sin contrapartidas en materia de derechos humanos y apertura económica real solo beneficia a las estructuras de poder hegemónico en la isla.
El parasitismo histórico y el control de GAESA
La dependencia de subsidios externos no es nueva para el régimen. Durante la era soviética, Cuba recibió toneladas de petróleo, cemento y acero, además de maderas preciosas de Angola. Pese a este flujo masivo de recursos, los programas de vivienda fueron precarios y focos de corrupción. El acceso a electrodomésticos básicos estaba condicionado al aval político del Partido Comunista y los sindicatos, y los apagones eran moneda corriente. Mientras tanto, en las mesas de la cúpula gobernante se servían productos de lujo traídos mediante valijas diplomáticas, un mecanismo que hoy se mantiene para importar medicamentos de alta gama para los líderes «históricos», en contraste con el colapso del sistema sanitario para el resto de la población.
El control de la economía por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias se ha consolidado a través del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA). Este conglomerado, que opera bajo el amparo del régimen, ha monopolizado el sector turístico, el comercio minorista en divisas y la importación de bienes. El ejecutivo cubano ha intentado ocultar la magnitud de las fortunas acumuladas por esta estructura, temiendo que revelaciones sobre sus ramificaciones internacionales y conexiones con figuras de la corrupción global —como Isabel dos Santos en África o la familia Amorim en Europa— expongan el saqueo sistemático de los recursos nacionales bajo el pretexto del «bloqueo».
Contexto: La crisis estructural y la represión institucionalizada
La situación actual de la isla está marcada por una crisis estructural que trasciende cualquier política restrictiva desde Washington. La «Tarea Ordenamiento» fue utilizada por el gobierno cubano para apropiarse de los ahorros bancarios de los ciudadanos, mientras que la apertura de tiendas en dólares y el manejo de las remesas han funcionado como mecanismos para captar la moneda extranjera que tanto necesita el Estado. Las recientes promesas de reformas económicas y nuevas medidas para la inversión extranjera no son más que intentos desesperados de atraer capital ingenuo, tras haber secuestrado las cuentas de inversionistas anteriores y llevado a algunos a la quiebra.
Paralelamente al desplome económico, la dictadura cubana ha optado por endurecer la represión social. En lugar de canalizar recursos hacia la mejora de los servicios públicos, el régimen ha priorizado la modernización del equipamiento de las fuerzas represivas, importando tecnología antimotines incluso desde Europa. Se han fortalecido, además, los acuerdos militares y de inteligencia con aliados como China, Rusia e Irán. El resultado directo de esta política es el aumento del número de presos políticos en las cárceles, quienes han reemplazado a los liberados en anteriores negociaciones con la Iglesia Católica y la comunidad internacional.
El contraste entre la élite en el poder y la ciudadanía es el principal catalizador del actual éxodo migratorio. Mientras los ancianos «históricos» del régimen acceden a tratamientos médicos de primer nivel para prolongar su vida más allá de los 90 años, las cifras de mortalidad infantil aumentan y la población enfrenta muertes evitables por enfermedades sin tratar, violencia y estrés crónico. La miseria del cubano de a pie no es producto de un asedio externo, sino del diseño de un sistema que lucra con la necesidad y la desesperación de su propia gente.
Implicaciones futuras y la necesidad de un enfoque realista
La política de máxima presión desde Estados Unidos ha obligado al gobierno cubano a implementar ciertas reformas económicas que debieron adoptarse hace años, pero que el régimen rechazaba por puro dogmatismo y conveniencia política. Sin embargo, estas medidas tardías son insuficientes para revertir el daño de décadas de mala gestión. La dictadura se tambalea bajo el peso de su propia ineficiencia, pero el miedo a perder los privilegios mantiene cohesionadas a las fuerzas comunistas, impidiendo un colapso inmediato o una rebelión generalizada.
En conclusión, imaginar que el levantamiento unilateral del embargo resolvería los problemas estructurales de Cuba es una falacia desmentida por la historia. Sin garantías de libertades políticas, sin desmantelamiento del monopolio militar sobre la economía y sin rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos, cualquier flujo de capital hacia la isla terminará engrosando las arcas de GAESA y financiando el aparato represivo. La comunidad internacional y los actores políticos deben entender que la verdadera camisa de fuerza que asfixia a los cubanos no está en Washington, sino en la negación de su soberanía y libertad por parte de un régimen que se aferra al poder a cualquier costo.
