La Empresa de Trenes Nacionales de Pasajeros de Cuba ha reconocido una drástica contracción en sus operaciones, pasando de despachar 62 trenes mensuales a apenas 16 en la actualidad. El director general de la entidad estatal, Jorge Oliva Yero, admitió que esta reducción cercana al 74% responde a la profunda crisis económica y energética que atraviesa la isla, dejando prácticamente incomunicadas a numerosas comunidades del interior que dependen exclusivamente del ferrocarril para su movilidad.
Las declaraciones se produjeron durante un acto commemorativo por el séptimo aniversario de la empresa, institución que realizó su primer viaje el 19 de julio de 2019. A través de un comunicado difundido en sus perfiles oficiales de redes sociales, la dirección de la compañía ferroviaria ofreció una radiografía poco alentadora de un sector que, en sus años de mayor esplendor, lograba transportar entre 58.000 y 64.000 pasajeros al mes, alcanzando un volumen anual cercano a las 900.000 personas. Hoy, esas cifras se han desplomado de forma estrepitosa, reflejando el deterioro generalizado de los servicios públicos en el país.
Oliva Yero reconoció que la inoperatividad del sistema ha golpeado con particular severidad a las poblaciones del interior de la isla, donde el tren no es una alternativa, sino la única vía de conexión con el resto del territorio nacional. «Hay lugares y comunidades de Jobabo, Santa Lucía, Guáimaro o Río Cauto, lo único que llega para la transportación nacional de pasajeros son los trenes», afirmó el directivo, evidenciando el aislamiento forzoso al que han sido sometidos miles de cubanos ante la inacción y la incapacidad del gobierno cubano para mantener la infraestructura básica del país.
Una infraestructura en ruinas y la búsqueda desesperada de ingresos
El sector ferroviario cubano atraviesa una combinación letal de problemas estructurales que han llevado al sistema al borde del colapso total. La escasez crónica de combustible, el envejecimiento de las vías y los puentes, la falta de piezas de repuesto y décadas de un mantenimiento deficiente han limitado drásticamente la disponibilidad de locomotoras y vagones. Esta situación no es producto de un evento coyuntural, sino del resultado directo de la política de desinversión y centralización ineficiente aplicada por el régimen de La Habana durante más de seis décadas.
Ante la imposibilidad de sostener sus operaciones con los recursos habituales, la empresa estatal ha tenido que ingeniar nuevas fuentes de ingresos para mantenerse a flote. Entre las estrategias figure la fabricación de componentes en sus propios talleres, una medida que evidencia la desconexión de las cadenas de suministro internacionales, así como la prestación de servicios de transporte a actores económicos no estatales. Este giro, aunque tardío, reconoce tácitamente la incapacidad del aparato estatal para sostener por sí mismo la economía nacional.
Uno de los convenios más destacados anunciados por la dirección ferroviaria es un acuerdo con el Centro de Inmunología Molecular (CIM). Según explicó Oliva Yero, el ferrocarril asumirá la responsabilidad de trasladar materias primas para la fabricación de medicinas contra el cáncer hacia la región oriental, y posteriormente retornar las vacunas y sueros desde el Oriente hasta La Habana. Que el transporte de pasajeros deba reorientarse hacia la logística de carga biotecnológica ilustra la profunda escasez de recursos para mantener servicios esenciales por separado.
El ilusorio «tren rápido» frente a la realidad de los retrasos
En medio de un panorama de inoperatividad, las autoridades de la isla presentaron como un proyecto futuro la creación de un servicio ferroviario «rápido» entre La Habana y Santiago de Cuba. La propuesta contempla un recorrido estimado de 17 horas y 20 minutos, con apenas tres paradas intermedias: Matanzas, Villa Clara y Camagüey. Sin embargo, este anuncio contrasta de manera dramática con la realidad actual del sistema, donde los retrasos prolongados, las averías en vía y las interrupciones indefinidas del servicio son la norma y no la excepción.
Para la ciudadanía, los anuncios de futuras mejoras suenan a retórica vacía mientras la crisis de movilidad se profundiza. Recientemente, el Ministerio de Transporte (Mitrans) anunció una reducción generalizada de las frecuencias del transporte interprovincial debido a la falta de combustible. Como parte de estos recortes, los trenes nacionales con destino a Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Bayamo-Manzanillo pasaron a operar con una salida cada 16 días, una frecuencia que paraliza prácticamente el movimiento interregional en el oriente del país.
El ajuste también golpeó al transporte por carretera. Las rutas de Ómnibus Nacionales fueron reducidas a tres frecuencias semanales hacia las capitales provinciales y a una sola frecuencia semanal hacia destinos periféricos como Baracoa, Moa y Manzanillo. Las autoridades atribuyeron estos ajustes al impacto de la crisis energética y a las dificultades para garantizar el suministro de combustible, eludiendo su responsabilidad sobre la falta de planificación y la dependencia de importaciones que el Estado no logra garantizar.
Contexto: El colapso estructural y la responsabilidad del Estado
El deterioro del sistema ferroviario cubano es un síntoma más de la crisis estructural que asfixia a la isla. La dictadura cubana ha gestionado la infraestructura del país sin mecanismos de control, auditoría o rendición de cuentas, lo que ha derivado en el abandono de vías férreas que alguna vez fueron de las primeras y más extensas de América Latina. La falta de combustible es solo la punta del iceberg; debajo de ella subyacen décadas de escasa inversión, corrupción silenciada y una burocracia paralizante que ha convertido cualquier proyecto de modernización en un fracaso asegurado.
La crisis energética que esgrimen las autoridades como causa principal de los recortes no es un fenómeno repentino, sino la culminación de años de dependencia de aliados geopolíticos —como Venezuela y Rusia— cuyos subsidios han disminuido. La incapacidad de las autoridades de la isla para diversificar sus fuentes de energía y para permitir la inversión extranjera real en sectores estratégicos ha dejado al país en una vulnerabilidad extrema. Cuando el combustible escasea, el primer sector en colapsar es el transporte, lo que a su vez frena la distribución de alimentos, medicamentos y fuerza laboral, creando un efecto dominó que empobrece aún más a la población.
El aislamiento de comunidades como Jobabo o Río Cauto tiene implicaciones que trascienden la incomodidad de no poder viajar. En un país donde la economía informal y el mercado negro son la principal tabla de salvación para la subsistencia, la falta de transporte corta de raíz el comercio de bienes y servicios entre provincias. Los productores agrícolas no pueden llevar sus mercancías a los centros de consumo, y los ciudadanos no pueden acceder a productos básicos que escasean en sus localidades. Este cerco interno, provocado por la ineficiencia del ejecutivo cubano, empuja a más personas a tomar la decisión de emigrar, alimentando el éxodo masivo que ha vaciado a la isla de su fuerza productiva.
Consecuencias a futuro y la desconexión con la realidad
La promesa de un tren rápido entre La Habana y Santiago de Cuba, en un momento donde apenas se logra mantener un servicio quincenal, refleja la desconexión crónica entre el discurso oficial y la realidad material que viven los cubanos. Mientras la dirigencia se enfoca en anunciar proyectos a largo plazo que rara vez se materializan, la ciudadanía enfrenta el día a día con un sistema de transporte que ha retrocedido décadas, obligando a miles de personas a depender de vehículos de tracción animal, autostop informal o camiones de carga para desplazarse.
El futuro inmediato del transporte ferroviario y público en Cuba se presenta sombrío. Sin una reestructuración profunda que incluya la apertura a la inversión privada y extranjera, algo que el régimen se resiste a hacer por miedo a perder el control político, es improbable que el sistema se recupere. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deben prestar atención a cómo el colapso de servicios básicos como el transporte constituye una violación indirecta de los derechos económicos y sociales de los cubanos, agravada por un modelo autoritario que prioriza el control estatal sobre el bienestar de su población.
