Ante la incapacidad estructural del sistema financiero para garantizar la circulación de efectivo, las autoridades de la isla han anunciado una controvertida medida que delega el pago de miles de pensiones a comercios y actores económicos privados. La decisión, expuesta por la máxima autoridad del Banco Central de Cuba (BCC), intenta paliar una profunda crisis de liquidez que mantiene a los jubilados en la indigencia financiera y expone la fractura de las instituciones estatales para cumplir con sus obligaciones más básicas.
La presidenta del Banco Central de Cuba, Juana Lilia Delgado Portal, presentó la nueva estrategia durante una conferencia de prensa transmitida por el canal estatal Canal Caribe. La funcionaria detalló que el mecanismo consiste en una alianza entre las entidades bancarias y los establecimientos comerciales para que estos últimos utilicen el efectivo que recaudan diariamente en sus ventas para cubrir el pago de las jubilaciones en sus demarcaciones correspondientes. De este modo, se pretende evitar que los comercios trasladen el dinero a las sucursales bancarias y, simultáneamente, acercar el cobro a los hogares de los beneficiarios.
Según la explicación oficial, la iniciativa busca que los jubilados no tengan que enfrentarse a las interminables colas frente a los bancos y oficinas de Correos de Cuba. «Estamos acercando a los jubilados al cobro de sus jubilaciones más cerca de su casa, sin necesidad de hacer esas colas en los bancos. Y, por otro lado, también estamos dando facilidad a esos comercios que no tienen que acudir al banco a depositar esas cantidades de efectivo», justificó Delgado Portal. Sin embargo, detrás de esta supuesta facilidad operativa se esconde la incapacidad del Estado para garantizar la disponibilidad de billetes en su propio sistema bancario.
La medida es la última respuesta improvisada del ejecutivo cubano frente a una prolongada crisis de liquidez que ha paralizado gran parte de la economía informal y formal del país. La escasez de dinero circulante golpea con especial crueldad a las personas de la tercera edad, un sector de la población que depende casi exclusivamente de sus pensiones para subsistir en un contexto de inflación galopante y desabastecimiento crónico de productos de primera necesidad.
La gravedad del colapso financiero quedó al descubierto recientemente en la provincia oriental de Granma, donde las propias autoridades locales se vieron obligadas a reconocer públicamente que no disponían del dinero suficiente para pagar a tiempo a más de 111.000 jubilados. Durante un programa especial de la televisión oficial, la Comisión Provincial de Atención a la Seguridad Social admitió que no había «sido posible llegar a los más de 400 millones de pesos en efectivo que se requieren» para cubrir esas prestaciones, lo que forzó al régimen a escalonar los pagos y establecer un sistema de priorización basado en supuestos niveles de vulnerabilidad.
Represión financiera y criminalización del sector privado
Frente al evidente fracaso en la administración de la seguridad social, el régimen de La Habana ha optado por desviar la culpa hacia el incipiente sector privado. El gobierno cubano ha acusado reiteradamente a los negocios privados de incumplir los compromisos de depositar diariamente sus ingresos en los bancos, señalando además que existe una «resistencia» generalizada al uso de medios electrónicos de pago, lo que mantiene grandes volúmenes de efectivo fuera del circuito bancario.
Como parte de su respuesta, la dictadura cubana ha anunciado la intensificación de controles y auditorías sobre los establecimientos privados que no realicen los depósitos acordados. Esta medida configura un claro escenario de represión financiera, donde el Estado utiliza mecanismos coercitivos para forzar la bancarización, ignorando las causas reales por las cuales la ciudadanía y los comerciantes evitan depositar su dinero: la falta de confianza en un sistema bancario que no garantiza la devolución del efectivo, la incapacidad operativa de las plataformas digitales y la acelerada pérdida de valor del peso cubano frente al dólar.
Contexto sistémico: El abandono de la tercera edad
El traslado del pago de pensiones a comercios privados no es más que un síntoma de la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. Desde la fallida «Tarea Ordenamiento» implementada en 2021, la economía cubana ha sufrido un proceso de dolarización acelerada, hiperinflación y fragmentación monetaria. En este escenario, las pensiones, que ya de por sí eran insuficientes, quedaron completamente licuadas. Un jubilado que cobra el mínimo vital en pesos cubanos no logra adquirir ni el cinco por ciento de la canasta básica mensual en los mercados de oferta libre o en moneda libremente convertible.
La realidad cotidiana de los ancianos en Cuba dista mucho de las declaraciones oficiales. Durante los últimos años, se han multiplicado las denuncias de personas mayores obligadas a dormir en las aceras frente a los bancos para asegurar un turno para cobrar su pensión. Estas escenas se desarrollan en medio de apagones que superan las 10 horas diarias, cajeros automáticos saqueados o fuera de servicio, y una nula accesibilidad para personas con movilidad reducida. La imagen de la «tercera edad» esperando bajo el sol es ya un ícono de la descomposición social impulsada por el modelo económico estatal.
Al delegar la distribución de las pensiones a los actores económicos privados, el Estado no solo externaliza su ineficiencia, sino que transfiere una carga operativa y de seguridad a negocios que ya operan en condiciones precarias. El gobierno cubano recauda impuestos, controla las importaciones y regula los precios, pero a la hora de cumplir con su deber social más elemental, traslada la responsabilidad a un sector que históricamente ha sido estigmatizado y acosado por la burocracia.
Antecedentes y futuro del sistema de seguridad social
El sistema de seguridad social cubano fue en sus inicios uno de los pilares propagandísticos del régimen, garantizando una vejez digna para los trabajadores del sector estatal. Sin embargo, el envejecimiento poblacional, combinado con el masivo éxodo migratorio de los últimos tres años —que ha vaciado al país de su fuerza laboral activa y, por ende, de cotizantes al sistema—, ha provocado el descalabro definitivo de las arcas estatales. Hoy, el sistema de pensiones es un esquema piramidal en quiebra, sostenido artificialmente por la emisión de dinero sin respaldo.
A nivel internacional, la medida levanta serias dudas sobre la viabilidad y transparencia de las operaciones financieras en Cuba. La comunidad económica extranjera observa con preocupación cómo un Estado insolvente pretende utilizar a comercios privados como sustitutos de la red bancaria oficial. Las implicaciones políticas son claras: la incapacidad de garantizar la liquidez y el pago de pensiones es un termómetro directo del agotamiento del modelo totalitario.
En conclusión, la decisión de encargar a negocios locales el pago de miles de pensiones es un parche desesperado sobre una economía en caída libre. Mientras la dictadura cubana se niegue a realizar reformas estructurales que incluyan la libertad económica plena, el respeto a la propiedad privada y la eliminación del control cambiario, la liquidez seguirá huyendo del sistema. Las consecuencias de esta inacción recaerán, como ha sido habitual, sobre los hombros de los cubanos más vulnerables, condenados a depender de la caridad, las remesas familiares o la buena voluntad de un comercio privado para recibir el dinero que el Estado les adeuda.
