El gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, realizó una visita propagandística a las instalaciones de la microempresa de software Dofleini, en un intento por proyectar una imagen de respaldo a la iniciativa privada. Sin embargo, esta puesta en escena contrasta de manera abrupta con la realidad de inseguridad jurídica, acoso fiscal y criminalización que enfrentan cientos de emprendedores en la isla, quienes operan bajo el constante acoso del régimen de La Habana.
Durante su recorrido por las oficinas de Dofleini, dedicada al desarrollo de software y soluciones digitales, el mandatario conversó con el equipo de jóvenes trabajadores sobre las potencialidades de la industria tecnológica en el país. La empresa, que presume de más de una década de experiencia y la ejecución de más de 300 proyectos, incluyendo tiendas virtuales y plataformas empresariales, no representa en absoluto el panorama promedio del emergente sector privado. Su estatus difiere radicalmente del resto, al encargarse de gestionar para el gobierno cubano el registro de las mipymes y contar entre sus fundadores con un miembro de la Asamblea Nacional del Poder Popular, lo que la coloca en una posición de inmejorable ventaja competitiva.
La elección de esta compañía para la foto oficial no es casualidad. Las empresas exhibidas por las autoridades de la isla suelen ser aquellas que mantienen algún grado de subordinación o cooperación directa con instituciones estatales, y cuya línea de trabajo no representa un desafío para las esferas económicas controladas por el Estado. La promoción presidencial funciona, de este modo, como una excepción propagandística diseñada para proyectar una falsa imagen de modernidad y apertura hacia el exterior, mientras en paralelo se ejecutan operativos que disuelven, criminalizan o absorben a los actores económicos no alineados.
Represión y asfixia económica al sector privado
Lejos de la parafernalia mediática, la experiencia de la inmensa mayoría de los emprendedores en Cuba está marcada por la discriminación legal y una economía en franco deterioro. En marzo de este año, la dictadura cubana llevó a cabo el segundo «Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales», un operativo que tuvo como uno de sus principales blancos al sector emergente de mipymes privadas. Bajo el pretexto de la legalidad, estos operativos se han traducido en allanamientos, confiscación arbitraria de mercancías y la imposición de multas millonarias que asfixian a los pequeños negocios.
El periodista Efraín González ha denunciado que el verdadero objetivo de estos ejercicios es depurar el ecosistema empresarial de todo emrendimiento que no esté controlado en todos sus aspectos por el aparato del régimen. «Ya sabemos que en Cuba, mientras exista el régimen comunista, la palabra ‘privado’ significará más bien ‘privación’, y no ‘independiente del Estado'», advirtió el comunicador. Estos mecanismos sistemáticos de confiscación y cierre de negocios terminan beneficiando solo a los emprendimientos conectados a las estructuras del poder, consolidando un modelo de capitalismo de amigos donde la lealtad política determina el éxito comercial.
Contracción histórica del emprendimiento en la isla
La hostilidad oficial ha comenzado a rendir frutos visibles en la contracción del sector. El economista Pedro Monreal alertó recientemente sobre una caída sin precedentes en el número de mipymes privadas, registrándose la primera disminución trimestral desde que estas comenzaron a operar legalmente. Entre septiembre y diciembre de 2024, se documentó una reducción del 2,35% a nivel nacional, un fenómeno que, según el experto, refleja tanto la estanflación actual como problemas estructurales de más largo plazo que el ejecutivo cubano se niega a reconocer.
Los datos expuestos por Monreal detallan que los sectores más afectados por esta contracción han sido la industria, con una severa reducción del 36,5%; seguido por hoteles y restaurantes, con un 28,4%; y el comercio minorista, con un 9,5%. Este desplome ocurre en un entorno económico particularmente adverso, caracterizado por una profunda crisis energética que paraliza la producción, la caída estrepitosa del turismo, una inflación de dos dígitos que licúa los ingresos, severas restricciones a la importación, la prohibición generalizada del comercio mayorista y una competencia desigual con empresas estatales dolarizadas.
Contexto Sistémico
La crisis del sector privado no es un hecho aislado, sino un síntoma más del colapso estructural que atraviesa la nación. La inflación galopante ha destruido el poder adquisitivo de los cubanos, mientras el desabastecimiento crónico impide a los emprendedores acceder a insumos básicos para mantener sus operaciones. A esto se suma el exodo migratorio masivo, que ha privado al mercado laboral de fuerza de trabajo calificada, particularly jóvenes y técnicos, los mismos perfiles que el mandatario presumió encontrar en su visita a Dofleini. La falta de combustible y los apagones prolongados también golpean de muerte a las pequeñas empresas, imposibilitando la cadena de frío y la logística básica.
El Estado, en lugar de facilitar el acceso a materias primas y divisas, impone trabas burocráticas que encarecen cualquier operación, empujando a los empresarios a operar al margen de la ley para poder subsistir, lo que a su vez les da el pretexto perfecto a los órganos represivos para actuar. El gobierno cubano diseñó la apertura a las mipymes en 2021 no como una transición hacia una economía de mercado, sino como una válvula de escape para aliviar la presión social y la incapacidad estatal para generar riqueza. Sin embargo, al constatar que el crecimiento del sector privado amenazaba su monopolio ideológico y económico, las autoridades de la isla rápidamente viraron hacia políticas de contención y represión.
En este escenario, la dictadura cubana aplica una política de dos velocidades: premia y exhibe a las empresas que actúan como extensiones del Estado, mientras reprime, asfixia fiscalmente o cierra a aquellos negocios que intentan operar con verdadera independencia. La competencia desleal de las empresas estatales, que operan en dólares y tienen acceso privilegiado a divisas y mercados mayoristas, condena al fracaso a la pequeña empresa privada nacional que debe sobrevivir en el caos monetario e inflacionario del peso cubano.
Antecedentes de una apertura frustrada
Desde la aprobación de la normativa en 2021 que permitió la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas, el sector experimentó un boom inicial. Miles de cubanos se lanzaron al emprendimiento en medio de la peor crisis económica desde el Periodo Especial, buscando alternativas a los salarios miseros del sector estatal. Sin embargo, la falta de un mercado mayorista real, la imposibilidad de importar directamente materias primas y la carga tributaria asfixiante demostraron rápidamente que el régimen no estaba dispuesto a ceder espacio soberano a la ciudadanía. La promesa de una economía mixta se diluyó en un sistema donde la empresa privada es tolerada únicamente como proveedora subordinada del monopolio estatal.
Los recientes operativos de «enfrentamiento» son la culminación de esta política de hostigamiento continuado. La criminalización del éxito económico y la confiscación de mercancías importadas por vía informal —a menudo la única vía para abastecer al comercio minorista frente al fracaso estatal— han enviado un mensaje disuasivo a los empresarios. Ante el riesgo de perder sus inversiones, muchos han optado por cerrar sus puertas, emigrar o trasladar sus operaciones al sector informal para evadir el escrutinio y la represión de las autoridades.
La visita de Díaz-Canel a Dofleini no augura un cambio de rumbo, sino que consolida la estrategia oficial de maquillaje institucional. Mientras el régimen de La Habana proyecta hacia el exterior una imagen de modernidad tecnológica y apoyo a la juventud, en el interior se profundiza la represión contra la libre iniciativa. Las consecuencias para la ciudadanía son directas y devastadoras: menos oferta de bienes y servicios, pérdida de empleos formales y el agravamiento de la crisis de subsistencia. La comunidad internacional y los actores diplomáticos deberían interpretar estas acciones no como aperturas, sino como maniobras de distracción de una dictadura que se niega a relinquir su control totalitario sobre la vida económica y social de los cubanos.
